Carlos Mazón retira temporalmente las competencias al diputado del PP que se vacunó fuera del protocolo pero le mantiene el cargo y el sueldo

Partido Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en la Diputación de Alicante, se han salido con la suya en el escándalo que afecta al diputado provincial popular Bernabé Cano, vacunado en La Nucía, donde ejerce de alcalde, antes de lo marcado por el protocolo de Sanidad.

La formación conservadora liderada por Carlos Mazón ha decidido que Cano, quien no ha mostrado arrepentimiento por unos hechos que le han costado el puesto al consejero de Salud de Murcia, también del PP, seguirá con su acta de diputado provincial y, lo que no es menos importante, seguirá cobrando de la institución provincial.

A cambio, Mazón le retira las competencias que ejerce en Deportes pero solo durante el tiempo que dure la comisión de investigación impulsada por la propia diputación que él dirige, asegura el PP en un comunicado emitido en la tarde de este viernes.

De esta forma, el grupo alicantino de Cs logra que sus socios atiendan su última demanda (retirada de competencias), porque en un primer momento, y presionados por el movimiento de sus compañeros en Murcia, habían exigido la salida de Cano de la Diputación, como por cierto sigue exigiendo el líder valenciano de los naranjas, Toni Cantó.

Ahora, cuando se apruebe en un pleno, la comisión echará a andar con la presidencia de Javier Gutiérrez, portavoz de Cs y su misión será la de “analizar el protocolo seguido desde la Conselleria de Sanidad en la vacunación contra la Covid-19 en los casos en los que ha trascendido la administración de la vacuna a cargos públicos de la provincia de Alicante para determinar si pudo producirse alguna irregularidad y si ha sido reprobable la actuación de estos”.

Pero no se limitará a este asunto. La comisión, añade la nota de prensa, “pedirá la comparecencia en la comisión de los cargos públicos vacunados y de los responsables del proceso de vacunación de la Conselleria de Sanidad”. O lo que es lo mismo, se cuestionará a concejales y alcaldes del PSPV-PSOE, de los que hoy Ferraz ha demandado su dimisión tras suspenderlos de militancia, y también a regidores del PP, como el de Orihuela, que tampoco ha mostrado arrepentimiento.

“En este sentido, se intentarán dilucidar, entre otras cuestiones, si existía un coordinador en cada uno de los equipos de vacunación que se desplazaban a las residencias y cuáles eran exactamente las instrucciones en el proceso de administración de las dosis. Asimismo, se investigará además las razones que motivaron que quedaran dosis sobrantes y se intentará esclarecer quién decidió el destino de las mismas”, añade el comunicado del PP. 

Por último, como ha solicitado Cs, la comisión requerirá “a todos los partidos políticosç para que en pro del buen gobierno y la ética política” se inicien los correspondientes expedientes de investigación a los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna contra la Covid-19. “Asimismo, se solicitará que impulsen las correspondientes comisiones de investigación en aquellas corporaciones en las que tengan representación para conocer los hechos”.

Además, se solicitará al Consell que, “en un ejercicio de transparencia ante los ciudadanos, haga públicos los listados de todos aquellos cargos públicos que hayan recibido la vacuna”, concluye el PP.