El diputado de Compromís en las Corts, Carles Esteve, difundió el pasado 29 de febrero durante una sesión de control los testimonios de trabajadores del hospital privatizado en los que aseguraban que hubo un trato preferente para atender a Alberto De Rosa, presidente de la compañía que gestiona el hospital, en una intervención realizada a finales de junio del pasado año, con el Gobierno del Botánico aún en funciones, pero con el pacto autonómico entre el PP y Vox ya rubricado. Alberto de Rosa es además hermano del diputado en el Congreso por el PP Fernando de Rosa y de la directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen de Rosa.
La mercantil sanitaria Ribera Salud reconoció que su presidente fue operado en el Hospital del Vinalopó, un centro de la red pública que gestiona esta misma empresa en Elche, una urgencia cardíaca, pero niega que se cerrara una planta o se le diera un trato favorable. La empresa desmintió “rotundamente” la denuncia de Compromís.
En aquella intervención, Esteve denunció diferentes situaciones: “Sabemos que el 28 de junio, en el hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, según dicen trabajadores del hospital, cerró una hemiplanta con varias habitaciones para ser atendido. Sabemos por los empleados que se dedicó en exclusiva a personal de enfermería para atenderle a él, custodiado por seguridad privada”.
Pese a su denuncia y a la petición de un investigación sobre lo sucedido al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por si se hubiera incurrido en un mal uso de los recursos públicos, nada se ha hecho. Casi tres meses después, el diputado de Compromís volvió a comparecer en el pleno de las Corts de este miércoles en el que aportó documentación que acreditaría el presunto trato de fravor.
En concretó, mostró una captura de pantalla que probaría que Alberto De Rosa estaba ingresado en la habitación 206 y que hasta la 217 estaban todas vacías y una carta de un empleado advirtiendo a la dirección del centro de que se había habilitado “personal de seguridad y atención exclusiva de enfermería”.
La misiva, que ha sido consultada por este diario, añade que se han mantenido sin ocupar “el resto de habitaciones adyacentes” y que entre el personal de enfermería que se dedicaba “en exclusiva a su atención” habría “una supervisora de dicho hospital que está realizando tareas que por su cargo no le corresponden”.
Esteve, que presentó una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre el posible uso fraudulento de los recursos del Hospital del Vinalopó, pidió al conseller de Sanidad del PP tres cosas: “La primera les pido que investiguen, la segunda les ofrezco toda esta documentación para que puedan hacer una investigación de verdad y la tercera que paralicen cualquier prórroga en la gestión de Ribera Salud en el hospital público del Vinalopó”. Esteve también advirtió de que si no encuentra una respuesta positiva por parte de los actuales responsables de la conselleria, analizará cuál es siguiente paso, dejando entrever que acudirá a la vía judicial.
Del resto de diputados comparecientes, destacó la intervención de Ana Vega, de Vox, quien lanzó una amenaza a los empleados del hospital y reveló que De Rosa ha puesto una demanda por revelar sus datos: “No sé si es consciente de lo que ha enseñado aquí en la tribuna y lo que puede acarrear al personal del hospital del Vinalopó. Le puede traer muchos problemas esta denuncia. El personal, que espero que alguno me esté escuchando, podría verse envuelto en un proceso judicial penal por presunta revelación de secretos de datos médicos que son ultra sensibles que pueden acarrear entre 3 y 5 años de prisión”.
El diputado socialista, Rafa Simó, se mostró favorable a investigar “cualquier acción que tenga que ver con el derroche de recursos públicos a favor de privilegios y depurar responsabilidades, sean hechos por quien sea y en el momento que sea”, aunque mostró sus dudas a la hora de vincular este punto con la reversión del departamento de salud del Vinalopó, reversión que también apoya. Con todo, sobre el caso concreto del presunto trato de favor al presidente de Ribera Salud, consideró que “en caso de que sea verdad se han de depurar responsabilidades, es una barbaridad”.
La diputada del PP, Nieves Martínez, trató de desacreditar la denuncia de Esteve: “Nos trae un caso concreto que puede ser tranquilamente un bulo. Un caso en el que ustedes han cogido a una persona, se han saltado a la torera todo lo que es la protección de datos y lo han puesto en el centro de atención para sacarle rédito político a lo de siempre, a que el PP viene a privatizar y los empresarios son lo peor. Lo que me daría vergüenza es que un Gobierno en funciones, como ya no va a seguir gobernando, no le importe lo que está gestionando y si lo que se está haciendo es correcto o no”.