Ecologistas llevan a la Fiscalía de Alicante la roturación de la zona protegida de Moratillas-Almela donde habitan las últimas aves esteparias protegidas

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (Adensva) ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Alicante denunciando las roturaciones y cambios de cultivos no autorizados en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Moratillas-Almela, en Villena.

Según este escrito, los propietarios de las parcelas agrícolas afectadas, más de un centenar de hectáreas, están infringiendo el artículo 330 del Código Penal, “al dañar gravemente alguno de los elementos que han servido para calificar el espacio natural protegido, así como varias Directivas europeas (Directiva Hábitats y Directiva Aves) y la ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos de la CV”.

Es el último paso del colectivo ecologista tras notificar el pasado mes de noviembre a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica la roturación de más de 100 hectáreas de cultivos cerealistas de secano en esta ZEPA para realizar un cambio de cultivo, probablemente a almendros en regadío, aseguran en un comunicado.

Estos trabajos agrícolas llevaban realizándose -añaden- varias semanas, “llamando la atención la ausencia de seguimiento y vigilancia en este espacio de la Red Natura 2000 por parte de la administración autonómica”. Tras una aparente paralización de los trabajos agrícolas, a finales de enero se reiniciaron con la plantación de miles de almendros y olivos, detallan.

Los cultivos cerealistas presentes en este espacio natural acogen las últimas poblaciones valencianas de aves esteparias protegidas a nivel autonómico, nacional y europeo, como el sisón, el cernícalo primilla, la ganga ibérica y la ortega, además de ser áreas de dispersión de grandes rapaces como el águila real, el águila perdicera y el águila imperial ibérica.

Esta agresión supone la pérdida, calculan, del 35% de la superficie cerealista de Moratillas, “y afecta plenamente al área donde se han localizado dos de los últimos machos territoriales de sisón que todavía sobreviven en la provincia de Alicante, donde la especie se encuentra al borde de la extinción debido a la imparable transformación de su hábitat”.

En el escrito de Adensva, firmado junto a las organizaciones conservacionistas Salvatierra, Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Grup d’Estudi dels Rapinyaires - Ecologistes en Acció (GER-EA) y la Asociación de Guías de Birding de la Comunitat Valenciana, se carga contra la Generalitat a la que se acusa que dichos cambios agrícolas se están produciendo “sin ningún tipo de regulación y supervisión” autonómica, incumpliendo “flagrantemente con su obligación de conservar los valores ambientales”.

Por todo ello, han solicitado a la Fiscalía que se obligue a los responsables a restaurar los terrenos transformados de tal manera que sigan pudiendo constituir el hábitat requerido ecológicamente por las especies objeto de protección. “Tras casi 12 años desde que se declarase la protección de la ZEPA Moratillas-Almela y otras con presencia de aves esteparias como Els Alforins (Villena y Fontanars dels Alforins) y Meca-Mugrón-San Benito (Ayora), todos estos espacios han sufrido una pérdida drástica de sus hábitats sin que la administración valenciana haya intervenido de manera significativa”, señalan.

Respuesta

La Conselleria de Transición Ecológica ha respondido, a preguntas de este diario, que ha solicitado a la propiedad “que paralice cualquier tipo de trabajo” que se ha venido realizando hasta la fecha; en caso de no hacerse, la mercantil “se enfrentaría a una sanción”.

Esta medida va acompañada, “después de hacer un seguimiento de la zona desde noviembre”, de la obligación de someterse a una evaluación preliminar de repercusiones sobre la Red Natura, cuya documentación deberá aportar el propietario para determinar “qué repercusiones va a tener el cambio de tipo de cultivo”. Dichas fuentes insisten en que, hasta que no se resuelva la evaluación solicitada, la empresa deberá paralizar la actividad agrícola.

Por último, las asociaciones conservacionistas han insistido en la necesidad de tener aprobadas “cuanto antes”, las normas de gestión de estos espacios naturales. “Estos instrumentos de gestión son de crucial importancia para evitar el deterioro y la alteración de los hábitats y especies que motivaron la inclusión de estas áreas en la Red Natura 2000. A su vez, estas normas incluyen bonificaciones a los propietarios que adoptan medidas agrarias sostenibles y respetuosas con la conservación de dichos ecosistemas”, aclaran.