Los familiares de republicanos fusilados en el cementerio de Alicante se unen para recuperar los cuerpos de sus seres queridos

“Necesitamos recuperar los huesos de mi abuelo; a mi padre tuve que darle una foto del suyo para que no se le olvidara”, dice María José Pérez Galant. Su abuelo, Ginés Pérez Egido, jornalero que militó en el PCE, fue fusilado por el franquismo el 25 de mayo de 1940. Su caso representa el de tantos otros, enterrado en la memoria de una familia en la que no se podía hablar de estas cosas. Hasta ahora.

Se cree que su cuerpo podría yacer en la fosa número 10 del cementerio de Alicante donde la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática prevé exhumar los restos de Ginés y diez hombres más en una actuación prevista para este año, explica Iñaki Pérez Rico, director general de Calidad Democrática, tras haberse aprobado la licitación de los trabajos de excavación. 

Precisamente Pérez Rico estuvo presente el sábado pasado en la constitución de la Asociación de familiares de los represaliados por el franquismo del Cementerio de Alicante. El acto, que tuvo lugar en Rojales, reunió a una treintena de personas que, al comenzar la sesión, se presentaron de uno en uno y mencionaron a su vez a su ser querido, el lugar de nacimiento y la fecha de muerte.

“Nos hemos asociado tras muchos años de esperar a que la administración haga algo”, se lamenta María José a este medio, convertida en portavoz de la asociación alicantina. Todos los presentes reconocieron que se habían asociado inspirados en el movimiento de Paterna, donde las numerosas asociaciones de familiares han podido recuperar 800 cuerpos de 2.238 represaliados en cinco años. Aglutinados en una federación, se han ofrecido a asesorarles para acortar en la medida de lo posible el largo e incierto camino que acaban de emprender.

Las investigaciones de los historiadores Miguel Ors y Vicent Gabarda sitúan en “aproximadamente unas 400 personas” las fusiladas en el cementerio de Alicante entre abril de 1939 y diciembre de 1946, a las que habría que sumar las víctimas del bombardeo de la aviación fascistas italiana del Mercado Central de 1938, también enterradas en el camposanto. Con respecto a los fusilamientos, la caída de la República centralizó en Alicante gran parte de la represión franquista, con juicios sumarísimos y posteriores sentencias de muerte.

La asociación alicantina, de momento, ha podido elaborar un listado con 361 nombres, 336 varones y 15 mujeres enterrados en 41 fosas. La mayoría son de Alicante, Callosa de Segura, Alcoi, Elche, Novelda, Orihuela, Castalla, Aspe y Elda, pero también hay de Murcia, Zaragoza o Cádiz.

El reto, ahora, es poder localizar a los familiares de las víctimas. En solo una semana de funcionamiento de la asociación dos personas han contactado con la junta directiva gracias a las redes sociales. Pero no es suficiente. Reclaman, explica la portavoz, que todos los ayuntamientos se sumen a la causa y les ayuden a encontrar a otros familiares.

No obstante, la tarea se presenta complicada teniendo en cuenta que, en la provincia de Alicante, no existe la sintonía que sí se está dando en València y Castelló, donde sus Diputaciones y consistorios están aportando ayuda económica y técnica en las tareas de exhumación.

La Diputación de Alicante, gobernada por el PP y Cs, no cuenta con un área de ‘memoria histórica’, ni tiene previsto en su presupuesto destinar una partida para encontrar a los desparecidos durante la dictadura. Aunque, según fuentes del gobierno provincial consultadas, “si se recibe alguna petición de subvención de alguna entidad, se estudiará”.

Otro de los posibles obstáculos es que los restos de las víctimas fusiladas en el cementerio de Alicante hayan sido removidos, como se acaba de saber en Monòver, donde los trabajos de excavación para recuperar 26 víctimas han acabado con esa conclusión. Esto mismo podría pasar en la capital de Alicante, donde a día de hoy se desconoce “si ha habido traslados de restos, remociones de tierras o nuevos enterramientos en la fosa años después de la inhumación de las víctimas”, señala el documento técnico del Institut Cartogràfic Valencià.

La incertidumbre es notoria entre los asociados consultados, que reconocen que, en caso de autorizase las exhumaciones de todas las fosas, no saben qué se van a encontrar ni cuánto tiempo va a llevar este proceso. Pero el tiempo va en contra de la familia de Andrés Martínez Medina, el que fuera alcalde de Benejúzar del PSOE, fusilado el 14 de enero de 1941. Su hijo, José, perdió a su padre con 11 años.

Ahora, con 93 y con un estado delicado de salud, “se emociona y empieza a llorar porque no quiere morirse sin encontrarlo”, explica su bisnieto Pablo Cánovas, arqueólogo. “Me niego a darle a mis hijos la herencia de no haber encontrado a mi abuelo”, añade María Jesús, hermana de la portavoz.