Rosario Tur seguirá siendo catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche pese a que su pareja, Enrique Álvarez Conde, el director de los polémicos másteres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), participó en los tres tribunales de oposición en los que Tur pasó de contratada a profesor titular y posteriormente a catedrática.
La institución académica ha anunciado este jueves que “no corresponde iniciar actuación alguna que proponga iniciar un expediente anulatorio o sancionador sobre el concurso de acceso a la cátedra de Derecho Constitucional”. Entiende esta universidad pública que “no ha quedado ninguna actuación contraria a derecho” en la selección de la candidata que obtuvo la plaza.
La UMH, que ha optado por enviar un comunicado en vez de realizar una rueda de prensa como estaba previsto en un principio, niega que se incumpliera la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y en el Reglamento de Régimen General del personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández.
Dicha ley establece que no es compatible la participación de un miembro en un tribunal si existe “un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable (...) con cualquiera de los interesados” o incluso si su relación es “una amistad íntima”. A este respecto, la universidad alicantina afirma que “tras realizar un examen pormenorizado de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, no se ha extraído de tales noticias ninguna evidencia documental probatoria sobre la supuesta amistad íntima en los términos en que son fijados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2010, de un miembro del Tribunal calificador con la aspirante”.
El informe abierto por el rector de la UMH, Jesús Tadeo, ha quedado archivado después de “realizar pruebas testificales a todos los implicados en el proceso –lo que incluye a Tur y Conde-, pruebas documentales –los dossier de prensa, revisión del currículum de la adjudicataria de la plaza, así como de los fundamentos jurídicos en los que se enmarca las informaciones”.
En este sentido se añade que Rosario Tur era la única aspirante a la plaza, estaba acreditada como Catedrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que es un órgano independiente y externo a la propia Universidad, “y todos y cada uno de los cinco miembros del Tribunal adoptaron por unanimidad la provisión de la plaza por reunir los méritos y capacidades suficientes”. Concluye la dirección de la UMH que los cinco miembros del tribunal de la plaza, todos ellos funcionarios públicos, “firmaron un documento en el que aseguraban que no tenían una relación íntima a o de animadversión con ningún candidato”, y que por tanto, “todas las pruebas documentales y testificales señalan, en consecuencia, que las actuaciones en el proceso se ajustaron a la ley y a la jurisprudencia de los Tribunales en la materia”.
Larga sombra
El cierre por parte de la UMH del expediente sancionador hacia Rosario Tur no oculta una serie de actuaciones protagonizadas por la profesora de Derecho y su pareja cuanto menos polémicas. Tur fue una las docentes que calificó como sobresaliente a Cristina Cifuentes por una las asignaturas que se impartieron antes de que se matriculara la exdirigente popular. A su vez, Álvarez Conde ha cobrado 10.415 euros de la Universidad Miguel Hernández por organizar conferencias y participar en tribunales donde también controla los procesos de acceso de personal al departamento de Derecho Constitucional.
Con todo, el nombre de Tur ya salió a la palestra cuando Francisco Camps fue acusado de plagio en sus tesis defendida en la UMH. Tur optó por el silencio –como ha hecho ahora- pese a ser la secretaria del tribunal evaluador y pese a ser una de las autoras en las que supuestamente el exlíder valenciano del PP había copiado.
Finalmente, la UMH decidió archivar el expediente abierto tras concluir, como en el caso de la cátedra de Tur, que no se han evidenciado irregularidades.