La Fiscalía Anticorrupción quiere volver a imputar al exdiputado del PP y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia Miquel Domínguez por el caso Taula. Según publica Las Provincias, el fiscal ha presentado un escrito en el que reclama al Tribunal Superior de Justicia valenciano que regrese al juzgado de Instrucción número 18 la parte del sumario correspondiente al exparlamentario popular, archivada en febrero de 2017.
El entonces parlamentario del PP gozaba de la condición de aforado ante el alto tribunal valenciano, condición que perdió en el momento de dejar de pertenecer a las Corts valencianas. Es por ello que el diputado debía responder ante el Tribunal Superior de Justicia y no en un juzgado ordinario, igual que la fallecida Rita Barberá tendría que haberlo hecho en el Tribunal Supremo, al ser senadora.
Ahora que Domínguez ha perdido esta protección legal es cuando la Fiscalía solicita que se devuelvan las pesquisas al juzgado que se inhibió, al considerar que la investigación se archivó de forma prematura en el TSJ. El fiscal considera que de los avances en el caso de estos últimos dos años se han obtenido indicios suficientes para reabrir el caso contra el exparlamentario. Según Las Provincias, en el escrito el juez recuerda que las campañas electorales -investigadas en el caso Taula- se desarrollaron sin controles financieros y recuerda el papel de dos agencias implicadas en la causa, Laterne y Trasgos, responsables de las campañas de 2007 y 2011, respectivamente.
Domínguez regresó tranquilo a casa cuando el tribunal comunicó que no apreciaba delito en su causa después de escuchar el testimonio de la también fallecida Maria José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia y esposa del exconcejal Alfonso Grau.
La pieza del 'pitufeo' pertenece al caso Taula y cuenta con cerca de 50 personas imputadas, además del PP como persona jurídica. En ella, el juzgado investiga las presuntas donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.