¿Qué hacemos con la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social en la Comunitat Valenciana?

La exclusión social es a la vez un fenómeno del pasado y del presente, y si no se remedia, del futuro. Afecta a múltiples personas, colectivos y territorios. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios donde la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social se encuentra muy presente, urge tomar medidas ambiciosas y valientes que eviten la cronificación de la situación permitiendo a las personas iniciar procesos de inclusión social.

La crisis actual y la gestión de la misma, las medidas de sostenibilidad presupuestaria y los recortes han impactado profundamente en la población; ha crecido el desempleo, la pobreza y la exclusión social; las políticas públicas de protección social han sido insuficientes, marcadamente asistenciales y en numerosas ocasiones la forma de gestión ha supuesto una pérdida de derechos sociales y de dignidad.

La redistribución, la igualdad de oportunidades, y la cohesión social han quedado muy vulneradas. La nueva cuestión social surgida de este escenario requiere una acción pública valiente.

Los rostros de la pobreza y exclusión social hoy: ¿sobreviviendo con dignidad?

Cada uno llega a la situación de pobreza y/o exclusión social desde distintas causas y procesos, pero todos se encuentran sin un sistema de protección social que los proteja. Veamos algunos de los casos que forman parte de esos rostros y nos permitan comprender la situación.

Joan (45 años) y María (43 años), con dos hijos de 15 y 13 años, con estudios secundarios y vidas laborales de 20 años, hace 5 se quedaron sin trabajo, han agotado todas las prestaciones por desempleo y subsidios. Acuden a los Servicios Sociales, les ayudan con los pagos de urgencia y les tramitan la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación que llevan más de un año esperando a que alguien les diga algo, y eso que les dijeron que era una ayuda específicamente para personas como ellos. Esperan los 440 €, aproximadamente, como agua de mayo. Mientras esperan, acuden al banco de alimentos, algún comedor social,… y piensan ¿Tampoco valemos para esta sociedad? ¿Que yo no sé comprar los alimentos, como he hecho toda la vida, que me los han de dar tasados? ¿Que ya no sabemos cocinar?

Remedios (34 años), con tres hijos a su cargo de 13, 9 y 3 años, sin estudios, vive en casa de la familia donde son 10 miembros en 70 metros, vive en un barrio que hizo la Generalitat en los años 80 y 90, hacinada; su vida ha estado marcada por trabajos de subsistencia (recogida de chatarra, venta en mercados), ayudas sociales (Emergencia, Renta Garantizada,…), acude a Cáritas; toda su familia y sus vecinos viven así, le gustaría que sus hijos vivieran de otra manera, pero no aspira a nada, sólo a sobrevivir. Su hijo mayor, José, tiene problemas en la escuela, acude a veces y otras no; su hija Melanie acude regularmente y el pequeño Ángel a la escuela infantil. A sus hijos les han tramitado comedores para el verano, ella va al de La Caridad, cada uno de la familia a uno diferente. También está esperando los 440 €, y no se aclara porque a veces le ingresan un dinero de golpe y otras está seis meses sin cobrarlo. Le dijeron que firmara papeles que iba a participar en un Plan de Inserción (medidas para mejorar, formarse, encontrar trabajo, etc.), pero nunca la han llamado para nada. Firma los papeles cada vez que la citan. La trabajadora social le dice que no disponen de personal para el Plan de Inserción, que firme y ya está. La misma trabajadora social le dice que todo es una contradicción, incluso “mentira”, no sabe cuándo le pagarán, que le avise ella y que del Plan se olvide. Para Remedios todo es normal pues siempre ha vivido así, incluso su madre le dice que podría ser peor, que antes vivían en una chabola, sin nada.

Xavier (58 años), con estudios universitarios, toda la vida trabajando; hace 5 años se ha quedado sin trabajo, ha acabado todas las prestaciones, subsidios y con todos los ahorros. No tiene familia ni sabe a quién recurrir. Ha cobrado el PREPARA (400 €) pero sigue sin encontrar trabajo. Demasiado mayor, demasiado formado, demasiado,…; acude al SERVEF de nuevo al PREPARA y le dicen que no puede cobrarlo más, ya lo ha cobrado una vez. Va de un sitio a otro buscando ayudas, alimentos, muy a menudo le dicen que no tiene derecho pues no tiene hijos a su cargo y su perfil no se ajusta. Pidió la Renta Garantizada y lleva 8 meses esperando. Ya no sabe dónde ir, ni qué hacer, pese a trabajar toda la vida, ya no da el perfil para nada, a menudo piensa que se han olvidado de él.

Mohamed (20 años) vino a España desde Marruecos con 14 años, después de una larga travesía de miedo y violencia lo ingresaron en un Centro de Protección en València. Le han ayudado con el idioma, pudo hacer un curso de formación en carpintería, y en ese momento estaba convencido que su vida había cambiado, estaba a gusto y por fin las cosas iban bien. Cuando cumplió 18 años le dijeron que debía abandonar el Centro y pudo permanecer unos meses en un piso de una asociación que finalmente cerraron, según le dijeron, porque la Generalitat no ayudaba al mantenimiento. Ahora alterna temporadas en la calle, albergues, etc. Vende “chocolate” y sobrevive. La policía ya lo ha detenido varias veces y le han denegado la renovación del permiso de residencia. La ONG que le ayuda lo ha recurrido al juzgado y están esperando, aunque a veces piensa que con él o sin él su vida poco va a cambiar.

Manuela (75 años) vive sola en un cuarto piso sin ascensor, sólo percibe la Pensión No Contributiva (367,90 €), con ello ha de pagarlo todo, menos mal que la vivienda la adquirió siendo joven. En invierno no enciende la estufa y en verano no tiene aire acondicionado, su comunidad son personas mayores, todos con escasos recursos, y no pueden sufragar el gasto que supondría poner el ascensor. Se ha acostumbrado a no salir de casa, una vez al mes un hijo le hace la compra y si ha de ir al médico viene, le ayuda y la acompaña. La soledad es su día a día. Ha solicitado ingreso en residencia, por lo menos tendrá compañía, se alimentará correctamente y no pasará frío, pero le han dicho que como no es dependiente, no es urgente, y no se sabe cuándo se resolverá, puede tardar años.

Son diferentes rostros de la pobreza y la exclusión social en la Comunitat Valenciana: personas con la vida resuelta que en la actualidad se han quedado fuera, otras que han vivido en la exclusión social generación tras generación, algunas que no dan el perfil de no se sabe qué, otras que después de un tiempo de intervención social se las deja a su “suerte”.

El perfil de las personas en exclusión social es plural, desde una mirada más sociológica el Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana de la Fundación FOESSA (2014) señala que los sustentadores1 de hogares en exclusión social en la Comunitat Valenciana son principalmente varones, teniendo presente a la vez el 37% de mujeres, y cuentan con una media de edad de 48 años, siendo ésta sensiblemente inferior al resto de la sociedad en la Comunitat Valenciana. De nacionalidad española mayoritariamente aunque se observa también una sobrerrepresentación de sustentadores de nacionalidad extranjera no comunitaria o de la UE12 ampliación. Por lo general, han alcanzado niveles de estudios medio-bajos; resalta también el peso de los que sí tienen estudios de tipo Bachiller, BUP, FP o estudios superiores que se encuentran en situación de exclusión social (el 19,3%). Como es lógico en el contexto de crisis de empleo, la mayoría de los sustentadores excluidos están en situación de desempleo (el 52%). Y el 21% sí estaba trabajando, sin que el hecho de tener un empleo haya sido suficiente para mejorar sustancialmente su situación social.

Señala este informe que la ausencia de ingresos por rentas de trabajo los caracteriza en el 38% de los casos, los miembros sólo han percibido ingresos de protección social; un 70% se caracterizan por ser hogares pobres (un 28% de pobreza moderada y un 42% severa). Existe una baja intensidad laboral de sus miembros (el 57%). Sobresalen los hogares extranjeros comunitarios u originarios de países de la UE-12 ampliación (el 20,4% frente al 8,6% en total en la Comunitat Valenciana). Muchos de estos hogares se sitúan en barrios degradados o marginales, y en municipios de más de 100.000 habitantes.

Por otra parte, a partir de los informes se detecta que existen situaciones, como sería la nacionalidad diferente a la UE15, el desempleo de larga duración y la etnia gitana, entre las que el riesgo de exclusión es notablemente superior a la media, duplicando la tasa de exclusión social entre la población de la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo, las personas con un empleo irregular (63%), los hogares monoparentales extendidos (57%), los hogares de los barrios degradados o marginales (60%), y aquellos hogares con personas con discapacidad y con menores de 18 años (55% respectivamente) completan el perfil de familias con mayor riesgo de exclusión social entre los hogares de la Comunitat Valenciana.

Desigualdad, pobreza: ¿crecen o decrecen?

La pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social son consecuencia del crecimiento gigantesco de las desigualdades de renta, riqueza, territoriales y de poder. Se olvida que en nuestras sociedades siempre hay una distribución desigual del poder entre clases, entre grupos sociales, entre géneros, generaciones y territorios. A menudo, y cruelmente, se realizan lecturas interesadas que “culpabilizan” a las personas de su pobreza y situación de exclusión social, “no hizo lo suficiente, no ha sabido esforzarse, es que le ayudan y no lo aprovecha”. Esta distribución desigual puede incrementarse o disminuir, puede agravarse o disminuir significativamente, es decir, depende del conflicto social y del poder entre los sectores sociales básicos.

La consecuencia de todo esto no es otra que, de un lado, el crecimiento enorme de la riqueza en una minoría cada vez con más poder e influencia política; de otro lado, el crecimiento generalizado de la precariedad, la inseguridad social y la pobreza, tanto absoluta como relativa. A esto se añade una economía que crece poco y mal, y con una deuda pública que ya supera al PIB. El proceso es, al menos, curioso: se siguen bajando los impuestos para los ricos, lo que agrava la crisis fiscal del Estado que, de una u otra forma, obliga a éste a emitir deuda pública que los ricos acaban comprando, dejando las arcas del Estado bajo su control. De hecho, el Informe Mundial de la Riqueza2 publicado por la consultora Capgemini para el 2015 revela que la mejora del PIB elevó el pasado año a 195.000 el número de millonarios españoles, lo que supone un incremento del 8,4% con respecto al 2014. Se trata del mayor incremento registrado en Europa en el mismo período, por encima del de otros países comparables como Países Bajos (7,9%), Francia (5,9%) y Alemania (5,6%). El número de grandes fortunas en España sigue creciendo y alcanza un crecimiento del 50% desde el año 2008, considerado como el del inicio de la crisis en España y en el que habían 127.000 millonarios.

Demuestra Idelfonso Marqués Perales, profesor de la Universidad de Sevilla en sus trabajos de investigación sobre la movilidad social en España que se encuentra parada desde la década de los 90, los extremos no atraen y de hecho, los jóvenes españoles hoy disponen de menos posibilidades que sus padres para escalar socialmente. Concluye el autor que las “profundas transformaciones” sectoriales y económicas en España no se han traducido en una verdadera “oportunidad” de clase. Por otra parte, la crisis ha provocado cierta involución, pues muchos son expulsados del mercado de trabajo y otros se incorporan en condiciones muy adversas.

En 2014, la Encuesta de Condiciones de Vida arrojaba una tasa de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana del 34,7% (más de 1.700.000), 14,2 puntos por encima de la que existía en 2007, medida conforme la metodología AROPE (Estrategia 2020).

En el informe ¿Recuperación? Enfoque agregado versus enfoque de la privación. Análisis y perspectivas de la Comunitat Valenciana 2015 realizado por el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat Valenciana, se compara la tasa de riesgo de pobreza de la C. Valenciana con el conjunto de CC.AA. En este sentido, nos encontramos que la tasa de riesgo de pobreza entre las diferentes comunidades presenta una gran variación. Navarra contabiliza el dato más reducido situándose en el 9.41% mientras que en el otro extremo se encuentra la Región de Murcia, donde de cada 100 personas 41 están, según esta medida, en riesgo de pobreza. La C. Valenciana se encuentra ligeramente por encima de la media para España, en concreto la tasa se encuentra en el 22,7%, mientras que en España alcanza el 21,96.

En este mismo informe se analiza que la población valenciana, desde la crisis, dispone de menos ingresos y la población pobre es todavía más pobre, es decir la pobreza ha aumentado y se ha intensificado. La RUC (Renta por unidad de consumo) nos informa de la renta media de la que disponen los hogares teniendo en consideración su tamaño y su composición, en términos nominales ha pasado de 18.899 euros a 14.023, esto es, una disminución del 11,8%. Y en términos reales la renta ha pasado de 16.618 euros a 13.516, contabilizando una reducción del 18,6%.

El mismo informe desvela que para el colectivo joven, es decir aquellos entre 16 y 29 años, la caída ha sido más abrupta, en el principio del periodo contabilizaba 16.618 euros, un 4,5% más que la población en general, mientas que en 2013 había bajado hasta los 14.023 euros situándose un 3,6% por debajo. Considerando la inflación, la RUC real ha pasado de los 16.532 euros a los 11.841, una reducción del 28% frente a la disminución del 18,6% de la población general. Debido a que el 70% de las rentas de los hogares provienen de las rentas laborales, el impacto diferencial de la crisis sobre la renta de los jóvenes es debido a la mayor destrucción de empleo que ha sufrido el colectivo y a las peores condiciones salariales.

Precisamente en el colectivo de mayores de 65 años la intensidad de reducción de renta ha sido menor, en términos reales han perdido un 12%, muy alejado del 28% de los jóvenes. La crisis económica ha reducido de forma significativa la renta media de los valencianos y valencianas, aunque su impacto ha sido muy distinto en función del colectivo analizado. De hecho, la incidencia de la pobreza en los jóvenes ha pasado de registrar unos valores similares al de la población general en el 2008 (en torno al 20%) a escalar hasta un preocupante 31,45%, superando en casi 9 puntos porcentuales la incidencia para el conjunto de la población. No sólo prácticamente uno de cada tres jóvenes se encuentran en riesgo de pobreza, sino que, pese a la relevante caída del umbral de pobreza, los que son pobres lo son en mucha mayor medida ya que la intensidad de la pobreza prácticamente se dobla pasando del 6,62% a un lacerante 12,22%.

Profundizando todavía más en uno de los colectivos especialmente vulnerables, encontramos el informe sobre pobreza infantil y exclusión social en España de la organización Save the Children de 2014, en el que se refleja que la pobreza infantil es del 30,5%, es decir 2.540.763 niños y niñas viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza. Estos menores viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta mediana. Y un 15,7% en pobreza severa (1.307.868) y medida en términos de exclusión social a partir del AROPE, la cifra es del 35,8% en riesgo de pobreza o exclusión social (2.982.272). Estos datos se traducen en la Comunitat Valenciana en el 32,3% de pobreza relativa (289.816), el 12,8% de pobreza severa (114.850) y el 40% (358.906) en riesgo de pobreza y exclusión social.

Quizás, una de las cuestiones más significativas es la reproducción social de la pobreza como se evidencia en el informe, La transmisión intergeneracional3 de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención de la Fundación FOESSA del año 2016. Existe una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. En el estudio se identifican varios factores de carácter estructural que intervienen y actúan en dicha transmisión de la pobreza, como son el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta.

Se indica que a pesar de que en nuestro país se ha producido una movilidad educativa ascendente generalizada como fruto de la universalización de la educación, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido completar los estudios secundarios.

La situación laboral y la ocupación de los progenitores son factores que, además de estar relacionados con el nivel educativo que permite desempeñar unas u otras tareas, también están estrechamente ligados a la existencia o no de una fuente de ingresos y a la cuantía de la misma. Ese estatus laboral representa un claro factor de transmisión intergeneracional entre padres e hijos.

Asimismo, se ha constatado una alta correlación entre las dificultades económicas en los hogares de origen y el nivel de formación alcanzado por éstos. A medida que los problemas financieros decrecen, aumenta la proporción de adultos con niveles educativos altos. De hecho, los problemas económicos suponen un freno a la adquisición de niveles educativos más altos: 4 de cada 10 adultos (41%) que vivieron su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes, no consiguieron alcanzar la educación secundaria. Esta situación sólo afecta al 8% de los que nunca tuvieron dificultades.

En síntesis, la pobreza presente genera pobreza futura. Se invierte muy poco en familia e infancia. La parte del PIB que España destina a la infancia y la familia es del 1,3%, frente al 2,2% de medida de la UE27. El gasto en infancia y familia representa el 5,3% del total de gasto en protección social, mientras que en la UE27 el gasto en infancia y familia supone el 7,5%.

Los Servicios Sociales Valencianos: sin capacidad y medios

Nuestro Estado social y democrático de derecho se caracteriza por incorporar obligaciones que requieren prestaciones positivas en garantía de los derechos sociales, es decir, en el caso concreto que nos ocupa planes, programas y prestaciones para favorecer la inclusión social.

Sin embargo, los Servicios Sociales Valencianos después de más de dos décadas abandonados, despersonalizados, desordenados, constituyen, como señalan Uceda-Maza y Martínez-Martínez en la obra coordinada por Joan Romero y Andrés Boix (2015) Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local, el ejemplo evidente de inestabilidad e improvisación, y se explica por el escaso desarrollo de la normativa planificadora e inversión en su desarrollo habiendo primado un modelo asistencial que los actuales gestores deberán transformar en todas sus dimensiones: conceptuales, normativas, metodológicas y de participación.

Estos mismos autores, en el informe ¿Recuperación? Enfoque agregado versus enfoque de la privación. Análisis y perspectivas de la Comunitat Valenciana 2015, ponen de manifiesto el desequilibrio existente en los presupuestos de servicios sociales frente a otros áreas municipales, tan sólo el 8% de los profesionales señalaron que el presupuesto era equilibrado. Por otra parte, el 36,6% de los profesionales marcaron la poca efectividad del sistema, si a ello añadimos la sensación de respuesta parcial y de parche, es decir fragmentaria, escasa y puntual en las situaciones presentadas (p. ej. ante una carencia de ingresos sostenida, la respuesta habitual es una ayuda de emergencia puntual; ante un desahucio, la ayuda para abonar un mes, etc.), el porcentaje de percepción negativa aumenta hasta el 78,6%.

Los profesionales consideraron que la carga asistencial es muy superior en los últimos años (89,3%), mientras que los recursos han descendido significativamente (67%) y la sensación de frustración de los actores del sistema ha crecido (72,3%).

Es un sistema que podría aportar mucho en la inclusión social desde la garantía de rentas (Renta mínima potente y protectora), desde el proceso metodológico de inserción social (acompañamiento social) y desde una acción desarrollada desde la ética y la dignidad con las personas (superando la noción asistencial).

Estos años hemos asistido a la generación de respuestas a la exclusión social desde medidas totalmente asistenciales como los bancos de alimentos, comedores sociales de verano, reparto de comida, etc., siendo muy cuestionable que estas medidas sean útiles, necesarias y fundamentalmente respeten la dignidad de las personas. Más bien han sido un parche del viejo sistema de beneficencia que duró en España hasta la instauración de los modernos Servicios Sociales en los años 1980.

En este sentido, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales viene desarrollando desde hace años, con gran precisión y repercusión, los informes de Desarrollo de los Servicios Sociales, denominados Índice DEC, que para el año 2015, observamos que el desarrollo de los Servicios Sociales Valencianos es irrelevante desde los derechos reconocidos, el esfuerzo económico y la cobertura. De hecho, uno de los datos más significativos para el año 2014 son las grandes diferencias en inversión por habitante, desde los 611 € por habitante en servicios sociales del País Vasco, frente a los 204 de la C. de Valenciana, es decir, tres veces más. Pero incluso considerando sólo las comunidades de régimen común, Cantabria, Extremadura y La Rioja invierten entre 388 y 389 € por habitante en 2014, casi el doble que la C. Valenciana o Murcia, con 204 y 225 € por habitante respectivamente.

Una de las principales medidas para garantizar un mínimo de ingresos en España son las rentas mínimas que en la C. Valenciana adquiere la denominación de Renta Garantizada de Ciudadanía. En el informe de la asociación se evidencia la escasa relevancia de esta renta en la C. Valenciana, de hecho sólo un 3,3% (40.283 perceptores y 1.209.368 habitantes en riesgo de pobreza) de la población en riesgo de pobreza percibe la renta frente a un 62,6% del País Vasco, o un 22,6% de Asturias, o un 12,3% Cantabria. La cuantía mínima que se abona es de 400 euros, constituyendo una de las más bajas de todas las Comunidades Autónomas. No solo el porcentaje de población alcanzada es muy reducido, sino también una cuantía insuficiente para llevar una vida digna por parte de los receptores de esta renta.

Es el momento que la Generalitat Valenciana apruebe un Plan Valenciano de Inclusión Social, ambicioso, efectivo y con enfoque globalizador; liderado por el Consell en pleno, con participación de todas las Conselleries y Diputaciones pues la inclusión es responsabilidad de todos. Asimismo, a escala local cada municipio o agrupación en función del tamaño han de aprobar su Plan Local de Inclusión Social, con un diagnóstico local y propuestas de acción arraigadas al territorio, y próximas a las personas. El tejido social representado por las entidades, que en numerosas ocasiones han sido los únicos que muy meritoriamente han estado, debe aportar su profundo conocimiento del tema, su capacidad de reacción y comprometerse en un trabajo en red con las administraciones públicas.

Hemos de aspirar a una sociedad caracterizada por ser inclusiva, en la que se reconozca que todas las personas tienen el mismo valor y han de participar de forma equitativa en los diferentes ámbitos: educativo, económico, legal, político y cultural. Asumir el valor de la diferencia, el respeto a la diversidad y disponer de fuertes mecanismos para asegurar la garantía de los derechos humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas, fomentando el diálogo, como elemento clave para hacer las reformas que necesita el ineficaz sistema de protección social actual. Reformas que implican a todos y todas, y que demandan consensos difíciles en una sociedad fragmentada y dualizada.

Como indican los profesores Ximo Azagra y Ximo García-Roca en su magnífico ensayo La Sociedad Inclusiva. Entre el realismo y la Audacia, publicado en 2015, “lo económico es también político, y lo social es también cultural, y lo físico es también psíquico, y lo educativo es también sanitario y lo local es también global. En definitiva, los problemas sociales son problemas espaciales, aunque los factores de precarización y de exclusión social son, en la mayoría de los casos, extraterritoriales”.

En conclusión, en nuestro país existe un problema, y cada vez mayor, de distribución de la riqueza, de incremento de la desigualdad social, de orillar cada vez más a las personas a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, además de un modelo de protección social débil e ineficaz para prevenir la exclusión social y tremendamente incapaz de apoyar en los procesos de inclusión social; pero también existe una oportunidad, la carencia de estructura y planes efectivos permite crear instrumentos fuertes y válidos que respeten la dignidad de las personas.

*Francesc Uceda es profesor del Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local en la Universitat de València

1 Se ha considerado como el sustentador principal a la persona que aporta la principal fuente de ingresos en el hogar, independientemente que sea mediante la retribución de su empleo o siendo titular de una prestación u otro tipo de protección social.

2 Define millonario como aquella persona con un patrimonio superior al millón de dólares en activos invertibles, exceptuando la residencia principal, piezas de coleccionista, bienes fungibles y bienes de consumo duradero.

3 Se refiere a las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior.

La exclusión social es a la vez un fenómeno del pasado y del presente, y si no se remedia, del futuro. Afecta a múltiples personas, colectivos y territorios. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios donde la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social se encuentra muy presente, urge tomar medidas ambiciosas y valientes que eviten la cronificación de la situación permitiendo a las personas iniciar procesos de inclusión social.

La crisis actual y la gestión de la misma, las medidas de sostenibilidad presupuestaria y los recortes han impactado profundamente en la población; ha crecido el desempleo, la pobreza y la exclusión social; las políticas públicas de protección social han sido insuficientes, marcadamente asistenciales y en numerosas ocasiones la forma de gestión ha supuesto una pérdida de derechos sociales y de dignidad.