El Banco de España ha decidido trasladar al Banco Central Europeo (BCE) la actuación de CaixaBank en el fraude de 4 millones de euros a la Entidad Metropolitana de Transporte (EMT) de València que también investiga el juzgado de Instrucción número 18 de València.
La resolución a la que ha tenido acceso eldiario.es, deja entrever que desde hace varios meses el Banco de España indaga en la posible actuación o falta de diligencia del banco tras poner en su conocimiento la EMT que podría ser responsable civil del caso en el que acabaron cuatro millones de euros en cuentas de China.
Al ser CaixaBank una “entidad relevante”, sistémica en terminología económica, las funciones de supervisión del Banco de España fueron ampliadas al Banco Central Europeo en 2013 tras la crisis financiera que estalló en 2008 y que mutó en una de deuda soberana en 2012 que casi hunde a los países del sur de Europa. En ese sentido, es la entidad que presidente Christine Lagarde la que tiene también “tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito”.
El Banco de España explica en su resolución que, tras la información remitida por la EMT de València y que Caixabank “pudiera ser declarada responsable civil como consecuencia de su presunta actuación negligente” se han abierto estas diligencias.
El regulador español argumenta en su resolución que “en atención a la naturaleza de los hechos denunciados y a la condición de entidad significativa de CaixaBank, su escrito va a ser también trasladada al Banco Central Europeo, habida cuenta de las competencias que en materia de supervisión y, en su caso, sanción, de entidades significativas le confiere el Reglamento”.
La EMT de València puso en conocimiento del Banco de España el fraude de 4 millones contra la empresa después de que el Consejo de Administración acordara efectuar una comunicación de estos hechos a esta institución, en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Valencia en sesión de 19 de diciembre de 2019. El escrito llegó al Banco de España el 16 de enero y puso en marcha sus mecanismos de control y supervisión.