Bofetada a Rita: el gobierno impedirá la conexión de Blasco Ibáñez con el mar
El sueño de Rita Barberá tendrá que esperar o, posiblemente, nunca se hará realidad. La conexión del centro de Valencia con el mar mediante el derribo de cientos de viviendas del genuino e histórico barrio marítimo del Cabanyal ha sufrido un nuevo revés, apenas dos meses después de que la alcaldesa de Valencia augurara una solución al conflicto.
Entonces, en un acto de triunfalismo, Barberá anunció “una solución definitiva” al bloqueo de la prolongación de Blasco Ibáñez, varada en el Tribunal Constitucional después de un recurso del gobierno de Zapatero contra una norma del Consell de Francisco Camps que desprotegía el barrio.
La “solución definitiva” de Barberá respondía al acuerdo entre el gobierno central, la Generalitat y el ayuntamiento para acabar con el conflicto judicial. La alcaldesa interpretó, con alardes pero sin concretar detalles, que ese acuerdo daba luz verde a su faraónico proyecto: la conexión del centro de Valencia con la fachada marítima de la ciudad mediante la apertura de una avenida de 48 metros de anchura que destruiría 1.600 viviendas y la destrucción del 30% de un barrio, el Cabanyal.
Plan respetuoso y sin derribos
El gobierno central, sin embargo, asegura en una respuesta parlamentaria que “las partes implicadas asumen el compromiso de estudiar una adaptación” del plan del ayuntamiento “que garantice la protección de los valores histórico-artísticos” de El Cabanyal “en los términos previstos” en la orden del Ministerio de Cultura que, en 2009, paró los derribos previstos por el Ayuntamiento. En plata: no habrá derribos, por lo que el plan original de la alcaldesa es inviable.
Así lo interpreta, al menos, Esquerra Unida, el partido que ha interpelado al gobierno sobre el acuerdo del Cabanyal. Su concejal en Valencia, Amadeu Sanchis, lo tiene claro: Madrid “desautoriza en toda regla cualquier pretensión por parte del gobierno local de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. Solo tienen cabida la rehabilitación de la trama urbana, y las licencias para recupera edificios y de actividad económica”.
Un quimera….económica
Tecnicismos legales y decisiones políticas aparte, difícilmente podrá hacer frente a medio plazo el Ayuntamiento a un proyecto de tanta envergadura como el del Cabanyal. La iniciativa privada deshizo su participación en la empresa en cuanto tuvo certeza del fin de la burbuja inmobiliaria, en julio de 2008. Y sin fondos privados, el municipio no tiene dinero para asumir el proyecto.
De hecho, diversos cálculos apuntan que sólo en expropiaciones el Ayuntamiento debería gastar 180 millones de euros más, ya que apenas ha comprado un 40% del suelo necesario (168.884 metros cuadrados en total) y a un precio muy inferior (950 euros por metro aproximadamente) al marcado recientemente por los tribunales. Estos cálculos no contemplan el coste de urbanización y equipamientos en la nueva zona.
Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda de 968 millones de euros, cifra superior a su presupuesto anual (882 millones en 2012). Con la Generalitat Valenciana en quiebra, y a pesar de que el equipo de Barberá está cerrando sin apenas déficit los últimos ejercicios, desde el punto de vista económico, la conexión de Valencia con el mar con la que sueña Rita Barberá también parece imposible.
