Nuevo capítulo del enfrentamiento entre Compromís y el Partido Popular a cuenta de las facturas fraccionadas en la administración pública. Después de dos asaltos previos en los que los populares llevaron a la Fiscalía de Valencia el supuesto fraccionamiento de contratos en la conselleria de Mónica Oltra por 43,7 millones de euros -con ridículo incluido tras conocerse que la empresa de un concejal del PP era la adjudicataria-, y tras poner en conocimiento de la Agencia Tributaria facturas del grupo provincial de Compromís en la diputación de Alicante por un importe de 8.406 euros sin retención del IRPF, la coalición valenciana ha decidido atacar.
Y lo ha hecho sacando a relucir facturas por valor de 4 millones de euros del Partido Popular en el Ayuntamiento de Calp, dirigido por el también presidente de la Diputación de Alicante César Sánchez, y pagadas con reparos de intervención durante 2016 y 2017.
Las facturas suponen el 5% del presupuesto calpino de los dos últimos ejercicios y corresponden al pago “por la vía de enriquecimiento injusto” de servicios básicos como son los de ambulancia, teléfono, recogida de basura, autobuses o biomasa para la piscina. En 2016 se registraron 1.479 reparos de intervención por un importe total de 1.941.917 euros; y en 2017, 1.477 reparos para el pago de facturas por importe de 2.040.237 euros.
Compromís quiere destacar con esta acción “la incoherencia del PPCV y su estrategia jurídica contra el Consell, al que se intenta manchar con presuntas sombras de corrupción”. Y es que el portavoz de Compromís en la institución provincial alicantina, Gerard Fullana, considera que el PP, denunciando “lo que ellos consideran irregularidades” de Compromís, buscan que la opinión pública crea que todos los partidos “son igual de corruptos”. “Si pretenden combatir la corrupción seguramente deba saber la señora Ortiz que en la Diputación de Alicante tiene muchos trabajo y podrá encontrar altos cargos que han cometido actos que en Valencia ellos consideran como corrupción”, ha explicado.
Estas palabras de la formación de izquierdas también se encuadran en la decisión del PP de citar en el Senado a Compromís para que explique el 15 de marzo en la comisión de investigación de la financiación de partidos sus finanzas, “desaprobadas por el Tribunal de Cuentas” en 2015, según fuentes populares.
La coalición valenciana también añade que “no observa ningún indicio alguno de delito” al entender que, como ocurre en el Consell, son pagos que se producen en las administraciones, entre muchas circunstancias, “por imposibilidad de sacar un expediente ordinario para determinados servicios o por la extinción de contratos que no han sido posibles licitar en tiempo y forma”.
Pese a ello, Compromís se ha dirigido a la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, artífice de la denuncia a Oltra, para comunicarle que tienen 15 días para denunciar al alcalde y presidente de la institución provincial, César Sánchez, “para que actúe igual que hizo contra el Consell”.