Los recursos destinados a ayudas a programas de gratuidad de libros de texto se han reducido en la Comunitat Valenciana, si sumamos las aportaciones del Estado y de la Generalitat, un 24,6% en los últimos cinco cursos, según se desprende del informe 'Gratuidad de los libros de texto: Programas, ayudas, préstamos y reutilización', elaborado por la Defensora del Pueblo y que analiza la evolución de las partidas públicas destinadas a estos fines desde el ejercicio académico 2008-2009 al 2012-2013.
Precisamente, en Primaria y Secundaria en los tres últimos cursos el presupuesto de la Conselleria de Educación para libros se ha reducido en un 84%, pasando de los 42,4 millones de euros del curso 2011-2012 a los 28,7 millones del curso pasado y a los poco más de 7 millones previstos para el actual, aunque desde FAPA advertían que la convocatoria ha sido eliminada, igual que desapareció el pasado curso el bono-libro universal de Primaria.
Precisamente, FAPA-Valencia entregaba hace unas semanas 5.000 reclamaciones en Conselleria para exigir los 30 millones de euros que la Generalitat adeuda a las familias valencianas por ayudas para libros de texto
El estudio, según informa Europa Press, revela que el dinero que destina a las ayudas a la adquisición de este tipo de material escolar la propia Comunitat -es decir, descontando la parte estatal- ha caído un 16,6% en este período.
Datos globales
La comunidad con una disminución más acusada en los programas de apoyo y gratuidad de este material escolar ha sido Catalunya, que pierde la totalidad de las ayudas al no presentar convocatoria en 2012-2013, de acuerdo a los datos recabados por la Defensora del Pueblo.
El informe precisa que la Conselleria de Educación de la Generalitat de Catalunya ha gestionado, desde el curso 2005-2006, mediante las correspondientes convocatorias, un programa para el préstamo y la reutilización de libros de texto en centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas obligatorias.
En el curso 2012-2013 se pospuso la convocatoria de subvenciones a centros para la reutilización de libros de texto pero los centros que llevaban siete años comprando libros de texto prosiguen con el programa de préstamo aunque sin renovar el material.
Otras caídas abultadas son las registradas por Castilla-La Mancha (que pierde el 99,7% de sus recursos totales); Cantabria (-95,1%) y Aragón y Canarias, con -86% y -87%.
Por contra, suben los recursos asignados en Ceuta y Melilla (un 11% y un 15%, respectivamente); y País Vasco, que cuenta con un 6,2% más. Andalucía aumenta su dotación autonómica un 13,3% pero contabiliza, al sumar la parte del Estado, un caída del 9,9%.
Descenso de beneficiarios en un 18,6%
En cuanto a los beneficiarios, el documento revela que en la Comunitat había 309.243 en 2008-2009 y se ha pasado a 251.789 en 2012-2013, o lo que es lo mismo, un 18,6% menos. Al frente de la pérdida de personas beneficiadas están Cantabria y Asturias, con descensos que superan el 90%.
Recomendaciones del informe
El informe incluye un apartado de recomendaciones en el que la institución aboga por “promover líneas de actuación coordinadas, bien mediante el establecimiento de un marco normativo común o mediante acuerdos en los órganos de cooperación interadministrativa, que establezcan unos objetivos mínimos comunes y garanticen un nivel de apoyo a la gratuidad de los libros de texto equiparables en toda España, para asegurar la igualdad de los alumnos en esta etapa”.
Igualmente, apuesta por “aplicar preferentemente sistemas de préstamo y reutilización de los libros de texto, en razón de la mayor eficiencia y menor coste que este modelo tiene respecto de otras modalidades de ayudas a la adquisición de estos materiales”, así como por “favorecer la utilización prioritaria de los programas de préstamo y reutilización de los libros de texto en el contexto de las enseñanzas obligatorias, por su indudable contribución al proceso educativo de los alumnos y a la mejor adquisición de actitudes de respeto y buen uso”.
La Defensora del Pueblo sugiere también “estudiar, para cuando sea presupuestariamente posible, la ampliación del actual ámbito de las políticas de gratuidad de los libros de texto, de manera que se extiendan a otros gastos que deben realizar las familias para la escolarización de sus hijos en etapas educativas obligatorias”.