Los rostros precarios de la cara b del turismo
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian dos realidades que lejos de ir de la mano, colisionan: el turismo en la Comunidad Valenciana va por las nubes, el trabajador del sector, por los suelos. No solo por el número de desempleados, que ha aumentado en agosto, sino por la calidad del trabajo, caracterizado por su alta temporalidad, precariedad, abusos y bajos salarios, denuncian los sindicatos.
Una realidad que se acentúa en la provincia de Alicante donde pese a que el turismo representa el 85% de la actividad turística valenciana, según el lobby empresarial Exceltur, el sector que supone el 16,6% del PIB valenciano no repercute en su población al situar a comarcas especialmente turísticas como La Marina Alta (33,4%), Vega Baja (32,8%) y La Marina Baixa (29,8%) a la cabeza en tasa de pobreza en la comunidad autónoma, cuya media baja al 22,9%, según la Encuesta Condiciones de Vida del INE de 2017.
“Somos como muertos vivientes, trabajando 14 horas y pico al día y desde finales de junio a septiembre sin librar ni un día”, asegura Diana, cocinera hasta este año en un restaurante de Torrevieja, uno de los epicentros de las dos caras del turismo nacional. Y es que con el final de la temporada estival se podía sentir aliviada ya que entonces libraba un día a la semana, “que es lo que se libra aquí en la hostelería en invierno”, asume.
Diana opta por ocultar su nombre real hasta que se celebre el juicio contra su empresa, de la que fue despedida tras sufrir acoso laboral por parte de un compañero, señala. “Fui al centro de salud, me dieron la baja y esa misma tarde me dijeron que estaba despedida”, comenta resignada. “En sitios como Guardamar o Torrevieja los trabajadores estamos en las mismas condiciones, no se libra, los contratos muchas veces reflejan menos horas de las que hacen”, afirma. En su caso, añade, le deben 1.290 horas extras del último año.
Actualmente, Diana presume de tener unas condiciones “dignas” como limpiadora de un hospital, pero advierte: “Me he tenido que alejar del sector turístico para tener un trabajo no precario”.
Ante este caso hay que recordar el de Guillermo, un joven empleado de hotel que se convirtió en el rostro de la lucha contra la precariedad en La Vega Baja al llevar a juicio el año pasado a la empresa (Hoteles Devesa SL) que gestiona la cadena Hoteles Poseidón, de la que había sido despedido pocos meses después de constituir una sección sindical de CNT y conseguir un contrato indefinido, tras haber firmado, en la última década, medio centenar de contratos y prórrogas de carácter temporal. A pesar de todo ello, el titular del Juzgado de lo Social Número 3 de Elche no entendió probado que el despido fuese a causa de la constitución de la sección sindical, lo que hubiera conllevado la nulidad del mismo, tal como pretendía el demandante, aunque sí reconoció la improcedencia en la sentencia, dando la razón, subsidiariamente, al joven.
Si hay una ciudad turística por antonomasia en España esa es Benidorm donde Javier lleva ejerciendo diez años como socorrista, “así que he visto de todo”, comenta. Una de las últimas empresas en las que estuvo “y que cambiaba constantemente de nombre” le debe aún 1.400 euros. Así se entiende que ahora se muestre “satisfecho” por las condiciones que ha logrado gracias a la entrada en vigor del registro obligatorio de jornada, norma de la que confía que pondrá coto al descontrol de las horas extra, o al aumento del salario mínimo que es lo que percibe este empleado que no quiere revelar su nombre real por posibles represalias.
En la capital turística de la Comunidad Valenciana existen las kellys, un colectivo que desde 2016 lleva visibilizando la precaria situación de las camareras de piso de los hoteles. Su lucha no solo pasa por denunciar los bajos salarios, sino los problemas de salud que arrastran derivados de la sobrecarga de trabajo, como ha reconocido el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).
La Vila Joiosa
“Si la situación de las kellys es particularmente dura, la de las mujeres que limpian en apartamentos turísticos es mucho mayor”, denuncia Derek Thornell, del colectivo Portell, un grupo de la Vila Joiosa que alerta de las consecuencias laborales y ambientales, entre otras, de la “masificación turística” en un municipio que vive al calor de Benidorm.
Limpiadoras como Ana, que se dedica a ir a casas de extranjeros, sobre todo rusos e ingleses, por cuatro euros la hora, muchas veces sin ningún tipo de contrato. “Si un día al dueño no le apetece que vaya, no va”, señala el colectivo.
Esta localidad fue la última en volcar su economía al “monocultivo del turismo” que predomina en el resto de La Marina Baixa, comarca que representa como mínimo la mitad de todo el sector turístico valenciano con menos de 200.000 habitantes, “es decir, que un 3% de la población local sufre más de la mitad del sector turístico total de la Comunidad Valenciana”, aduce.
“Aquí el turismo vende como mercancía el territorio, un producto como la tierra de por sí limitado, no se puede producir más, y por lo tanto tiende al agotamiento, dando como resultado por ejemplo que Benidorm u Orihuela Costa se hayan quedado sin más territorio para construir”, explica.
La saturación del mercado inmobiliario a raíz del turismo está provocando que los promotores miren hacia municipios menos explotados como La Vila, generando a su vez la expulsión de parte de la población local que no puede asumir la subida de precios de la vivienda. Se están construyendo en barrios tradicionalmente obreros como Poble Nou viviendas de lujo o apartahoteles, apuntan. Asimismo, “los apartamentos turísticos están también colonizando barrios que hasta ahora era impensable como los de clase obrera o pedanías”, con alquileres que han pasado de 300 a 550 euros.
Todo ha sido favorecido por un Plan General de Ordenación Urbana “hecho por y para el turismo” con 20 de los 30 planes parciales orientados a una finalidad turística y que incluye la creación de un campo de golf como máximo exponente al que, por petición del Ayuntamiento, se añade la construcción de un hotel anexo. El proyecto, embarrado desde 2005 y con una sentencia judicial en contra, volvió a ser retomado el año pasado, y se prevé que su ejecución, a falta de la declaración de interés comunitario, corra a cargo de Los Almendros, empresa vinculada a la familia de Eduardo Zaplana.
