Isabel Bonig permaneció en la alcaldía de la Vall d’Uixó entre 2007 y 2011. Durante ese tiempo hizo y deshizo a su antojo. Cuando ocupó la cartera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la Generalitat Valenciana, le sucedió en el cargo su discípulo más aventajado, Óscar Clavell, que gobernó con la misma filosofía de “perseguir a los trabajadores que no pensaban como ellos, incluyéndolos en una lista negra”, según explica el actual primer teniente de alcalde, Antonio Llorente, de Esquerra Unida. Ese acoso se tradujo en un sinfín de denuncias por parte de los afectados, cuyas sentencias judiciales comienzan a salir ahora a la luz pública.
Desde que el Partido Popular perdió el ayuntamiento en 2015, las deudas se acumulan por “la nefasta y sectaria política de personal de los dos anteriores gobiernos del PP”, tal cual denuncia la alcaldesa, Tania Baños (PSPV-PSOE). Sólo en lo que se lleva de 2016 el equipo de gobierno ha pagado 627.000 euros en sentencias judiciales de funcionarios. A esa cantidad habría que añadir otros 6 millones de euros en fallos urbanísticos. Demasiado lastre para un municipio que sigue sin arrancar tras la grave crisis del sector del calzado, su principal motor económico desde mediados del siglo XX, cuando la fábrica Segarra alcanzó su mayor esplendor (en 1971 llegó a convertirse en la exportadora número uno del país).
La envenenada herencia de Bonig, actual presidenta del PPCV, y Clavell, diputado nacional e imputado por malversación y fraude, deja al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó tiritando. “La mala gestión política del anterior equipo de gobierno hace que la situación económica sea insostenible. Nos estamos dedicando a arreglar los chapuzas del PP y pagar sus pufos”, advierte Baños, que no descarta incluso pedir ayuda a otro municipio para que asuma la carga financiera.
Ante este panorama, el ayuntamiento valora la posibilidad de emprender acciones legales. No es el único. Compromís en las Corts Valencianes ha solicitado las cuentas desde 2007 para determinar si se ha cometido algún delio y, en caso afirmativo, presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.