ACS renuncia a Castor
ACS ha decidido renunciar a la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, construido a unos 21 kilómetros de las costas de Castellón, según ha anunciado el grupo. El proyecto está actualmente paralizado con el fin de determinar, mediante la realización de distintos estudios, si eventualmente puede ser causa de los seísmos que se han registrado en la zona donde se instaló.
Para materializar su renuncia al almacén, la compañía que preside Florentino Pérez ha iniciado el proceso para obtener la autorización previa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, en su caso, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió para financiar el proyecto.
Escal UGS, sociedad concesionaria de la explotación del almacén, participada en un 67% por ACS y en el 33% restante por la firma canadiense CLP, colocó en julio de 2013 una emisión de 'project bond' -emisiones de bonos asociados a un proyecto de infraestructuras con la garantía del BEI- por valor de 1.400 millones de euros para sustituir a la financiación financiera que se había solicitado a un sindicato de 19 bancos para costear el proyecto.
En el informe de auditoría del ejercicio 2013, ACS cifró en 228 millones de euros el valor de su participación en almacén y asegura que el valor de la inversión es “recuperable en cualquier escenario”.
Asimismo, el grupo recuerda que Escal “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento durante 25 años a contar desde el otorgamiento de la concesión” y que esta devolución se realizaría con “derecho a cobrar el valor neto contable de la instalación”.
Adjudicado en 2008
Escal UGS se adjudicó en 2008, a través de un Real Decreto, la construcción y explotación durante un periodo de treinta años prorrogables del proyecto Castor, almacenamiento de gas situado en el subsuelo del mar a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs.
Castor se promovió en el marco del plan energético 2008-2016 para la regulación de la demanda nacional de gas natural. Cuenta con una capacidad de almacenamiento útil de 1.300 millones de Nm3 de gas operativo y de 600 MNm3 de gas colchón, capacidad que permite atender un tercio de la demanda de gas natural de España durante unos cincuenta días.
Relación con los seísmos
Les Corts Valencianes aprobaban hace apenas unos días una Proposición no de Ley presentada por el PP en la que se solicitaba la paralización definitiva del almacén de gas Castor una vez concluyan los estudios encargados y se confirme la relación “causa-efecto” de la actividad con los terremotos ocurridos en la zona.
Precisamente, sendos informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España constataban recientemente esta relación “causa-efecto” entre la inyección de gas en el almacén de Castor con la proliferación de terremotos en la costa castellonense, unas informaciones que eran acogidas con prudencia por la delegación del Gobierno y que provocaban la reacción de los alcaldes de la zona, que exigían el cese inmediato de la actividad.
Garantizar la seguridad de los ciudadanos
Por su parte, el diputado de EU, Ricardo Sixto, en el Congreso de los Diputados, explicaba que Escal “está buscando es garantizar el dinero de otras empresas y de los especuladores que han invertido en una planta de almacenamiento de gas que provoca terremotos”. Así, recuerda que la obligación del Gobierno en todo caso es garantizar la seguridad de los ciudadanos, “que esta planta no se va a poner en marcha y no provocará, por tanto, un peligro con los terremotos en los municipios de alrededor”.
Sixto insiste en que se debe investigar y aclarar cuáles son las responsabilidades de esta empresa, de Escal, en los estudios previos que se han declarado “claramente insuficientes, queremos saber cuál es su responsabilidad en la situación que se ha creado, para evitar que se acaben yendo de rositas y cobrando encima 1.700 millones de euros del Estado”.
“Muy buena” noticia
Desde Compromís recibían con satisfacción la noticia, “es muy buena, pero hace falta no bajar la guardia y evitar que nos expolien con las indemnizaciones millonarias que quieren pedir por el cese de la actividad”, explicaba el diputado Josep Maria Pañella, quien ha insistido en que ACS y sus socios “sabían desde el primer momento al riesgo que nos exponían”, por lo que insiste en que las administraciones públicas “no tienen que pagar ninguna indemnización”.
