18 imputados por prevaricación medioambiental por el almacén de gas Castor
El juez de instrucción de Vinaròs encargado del caso Castor ha abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía, contra el almacén de gas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.
Cese de actividad
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.
El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una “relación directa” entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.
“Celeridad y precipitación”
El diputado de EU en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha valorado muy positivamente las 18 imputaciones, “se viene a dar la razón a todos los colectivos y entidades sociales que se han posicionado durante años en contra de esta plataforma y que sobre todo han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado”.
Sixto insiste en que les viene a dar la razón en la “celeridad y precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS cuando parece que, con esta apertura de causa, queda más que manifiesto que esa indemnización ha sido muy apresurada”, denuncia el diputado.
Así, añadía que “se tendría que haber dejado que la justicia continuara su camino para investigar todo lo que se ha producido y en última instancia haber determinado si la empresa se merecía aquella indemnización o ha actuado de una forma tan negligente que no está justificado en ningún caso la enorme cantidad de dinero con la cual se le ha indemnizado”.
