“Quisieron repetir con Castor la fórmula de los grandes proyectos de la burbuja, pero hacer un proyecto geológico no es hacer un aeropuerto”

Recientemente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba la intención del Gobierno de clausurar definitivamente la plataforma Castor, poniendo fin a un viacrucis que comenzó hace una década y que ha costado a las arcas públicas más de 4.000 millones de euros. Entre las voces más críticas con el desarrollo del proyecto se encuentra Josep Giner, doctor en Geología i profesor de la Universidad de Barcelona. Con décadas de experiencia en el sector, fue uno de los expertos llamados a declarar por el Parlament de Catalunya durante la Comisión de Investigación del Proyecto Castor celebrada en noviembre del pasado año.

¿Cómo es posible que el proyecto recibiese el visto bueno por parte de la Administración y resultase en un desastre que provocó centenares de movimientos sísmicos?

Hay que entender cómo funciona la Administración y para muestra ahí está el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del 2007. En este informe, el cual sirve de base para aprobar el proyecto, y que responde a las dudas que se plantearon desde la Dirección General de Minas, básicamente lo que se dice es “nosotros no estamos aquí para decir si los informes técnicos están bien o mal hecho, sino para certificar que se han hecho conforme exige la ley. Nosotros, por tanto, no tenemos nada más que decir”. Más adelante les hacen otra pregunta y aquí categóricamente afirman no tener “ni conocimiento ni personal adecuado para responderle”. En función de todo ello, validan el proyecto. Yo he hablado con algunos de esos funcionarios y me confirman que no pueden decir si el informe está bien o mal hecho, lo único que pueden hacer es comprobar que se han hecho los informes requeridos. Clama al cielo lo que hicieron, hay un sistema de valoración que es incapaz de detectar las irregularidades y las cosas que están mal hechas. Desde el principio se puede ver que el proyecto no es viable y esto no lo detectó nadie. La Administración, por el sistema de funcionamiento que tiene, es incapaz de detectar nada e incapaz de modificar nada, por ahí pasa absolutamente todo. La prueba es que el informe de 2007 lo firma un señor que estuvo imputado por la Junta de Andalucía porque firmó el informe de validación para construir la balsa de lodos minerales de Aznalcóllar en el coto de Doñana.

¿Cree que se ignoraron los riesgos de llevar a cabo el proyecto?

Hasta que en 2013 no ocurren los terremotos, momento en que acuden otra vez al IGME, no aparecen técnicos competentes que sí dicen lo que ha pasado. Lo dicen bien y correctamente, pero no les hacen caso. Si hubieran hecho caso al informe del IGME de 2013/14, en el que ya te están diciendo porqué el proyecto está mal, no habría habido necesidad de gastarse 600.000 euros en el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT). No les hicieron caso por intereses. Todos estos informes están controlados políticamente, desde un punto de vista técnico se llegan a unas conclusiones, pero en los respectivos apartados no hay rastro de dichas conclusiones. El aspecto más importante del informe del IGME aparece en un anexo que no está firmado y que ya advierte de que es inviable inyectar gas, pero eso no aparece en las conclusiones.

¿Por qué se decide dar pues luz verde al Proyecto Castor?

El proyecto salió adelante porque el negocio no estaba en que funcionase. Tú cuando haces un proyecto de este tipo, que requiere una inversión tan importante, te aseguras de que vaya a funcionar porque todo tu beneficio viene de que el proyecto funcione. En el caso del Castor, en teoría, el beneficio tenía que venir de comprar y vender gas. Yo dudo mucho que esto en la práctica fuese así, el interés era que las empresas del señor Florentino Pérez pudiesen sacar beneficio construyendo la estructura, si luego funcionaba o no…ya no era su problema. Una prueba de que esto es así son las extrañas cláusulas del contrato. Su negocio no estuvo en que funcionara el proyecto, sino en construirlo. Aquí le vendieron la idea a una empresa canadiense que se dedicaba a especular y al Gobierno español. Este, a su vez, busca a Florentino Pérez para llevar adelante el proyecto. La intención de Escal UGS es librarse del proyecto tan pronto estuviera acabado. Al principio hay más inversores como La Caixa, El Santander, etc. Estos son los primeros que abandonan el proyecto, ¿por qué? Quisieron repetir la fórmula de los grandes proyectos de la burbuja, pero hacer un proyecto geológico no es hacer un aeropuerto. No estaban capacitados para llevar a cabo este tipo de proyecto.

En la actualidad la plataforma se encuentra en estado de “hibernación”. ¿En qué consiste exactamente dicho estado?

La hibernación quiere decir que los pozos están suspendidos. El pozo está cerrado temporalmente. Esto se hace normalmente en situaciones muy específicas, pero siempre suele ser una situación temporal que suele durar poco. Aquí llevamos seis años con los pozos suspendidos y sospecho que debe ser un récord mundial, yo no lo he visto nunca. Que esté así obliga a llevar a cabo un mantenimiento de la plataforma, lo cual implica unos costos excesivos para nada. Es sorprendente, si te fijas en las declaraciones del Gobierno hablaban de que la razón de la suspensión era hacer unos estudios… y de golpe dicen que lo cierran porque económicamente no es sostenible. Eso ya lo podían saber hace seis años…

¿Por qué decide ahora el Gobierno, después de seis años de mantener la planta en estado de hibernación, desmantelar toda la infraestructura?

No tienen más alternativa que cerrar el pozo y desmantelarlo todo. Es una obra inservible, un montón de chatarra en el que el Estado se ha gastado aproximadamente 4.500 millones de euros. Otro problema es qué hacer con la plataforma una vez desmontada. Este tipo de construcciones tienen unas especificaciones muy complejas y difícilmente podrán colocarlas en otro sitio. Todo esto era previsible cuando comenzaron el proyecto. De la misma forma que podían prever que se iban a producir los terremotos y, sobre todo, que no ibas a poder inyectar las cantidades de gas previstas. 

Desmantelar el proyecto fallido

En la actualidad, desde el Gobierno se insiste en que la mejor solución pasa por la clausura inminente y definitiva del almacén. Pese a ello, el ejecutivo todavía no ha lanzado ningún proceso para licitar los trabajos técnicos necesarios para el desmantelamiento de la planta. Tampoco queda claro cuál será el coste de este proceso, pues mantener inactiva la planta también consume recursos.

La propia ministra Ribera argumentaba en fechas recientes que en la actualidad los tapones que sellan los pozos de gas se acaban desgastando y es necesario cambiarlos cada cuatro años. Además, no descarta que el Gobierno emprenda acciones legales contra la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, según prevé el decreto ley que extinguía la concesión que señala esta posibilidad en caso de “vicios o defectos de ejecución”.