Claves del juicio de 'Gürtel': la acusación compensa las pocas pruebas contra Camps con las confesiones de los jefes de la trama

Francisco Camps afronta las últimas sesiones del juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional con una sustancial rebaja de petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público ha pasado de solicitar dos años y medio de prisión a pedir sólo un año de cárcel por el presunto delito de tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, además de inhabilitación para cargo público durante seis años y una multa de 250.000 euros. La acusación popular, que ejerce el PSPV-PSOE, se sumó a la rebaja.

El maratoniano juicio, que se prolonga desde el pasado mes de enero, ha mostrado los puntos fuertes, y también las debilidades, de la acusación contra el expresidente valenciano. A falta de las últimas sesiones reservadas para la exposición de los informes de conclusiones de las partes, previstas a partir del próximo 16 de octubre, la defensa de Camps, que ejerce el penalista Pablo Delgado, ha pedido la absolución del expresidente autonómico, que ya fue absuelto por un jurado en la 'causa de los trajes', y ha solicitado que el tribunal contemple la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Durante el juicio, más allá de las declaraciones de los arrepentidos, no han aflorado pruebas directas de que Camps ordenara contratar a la trama 'Gürtel', a pesar de los numerosos indicios del trato de favor y de la familiaridad de su Gobierno con la red corrupta.

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntalado la acusación con las confesiones de los principales jefes de la trama 'Gürtel': Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Los tres acusados refrendaron que la red tenía una doble naturaleza: los trabajos para las campañas electorales del PP valenciano abonados en B con fondos de empresarios y las adjudicaciones públicas por parte de la administración autonómica mediante contratos fraccionados.

Además, los capos de la red relataron el aterrizaje de Álvaro Pérez en Valencia para crear una filial de la trama, debido a la amistad de El Bigotes con Francisco Camps. El segundo escalón de la trama, formado por las trabajadoras de las empresas de 'Gürtel' Isabel Jordán y Mónica Magariños, mantuvieron la misma línea.

La confesión de Ricardo Costa, exsecetario general del PP valenciano, se suma a la tesis de la acusación: “El jefe era el señor Camps”, dijo Costa.

Por otro lado, la declaración de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encabezados por el inspector jefe Manuel Morocho, también sirvió para reforzar las tesis de la acusación pública. La trama era, básicamente, una “estructura al servicio del delito”, según la expresión de Morocho.

El interventor del Estado designado en funciones de auxilio judicial en el 'caso Gürtel' también desglosó la técnica habitual de fraccionamiento de las empresas de la red —con el objetivo de que “cante menos”, dijo— y los beneficios limpios que sacaban subcontratando los trabajos adjudicados por la Generalitat Valenciana.

El balón de oxígeno

Sin embargo, una respuesta del perito a la fiscal anticorrupción supuso un significativo balón de oxígeno para la defensa de Camps. El interventor Juan Carlos Gómez reconoció que el entonces presidente del Ejecutivo autonómico no tenía capacidad para contratar. Lo explicó muy claramente: “Desde el punto de vista administrativo, pienso que es igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente del Gobierno, no tiene competencia para contratar”. Una respuesta de la que el tribunal, presidido por el magistrado José Antonio Mora, debió tomar buena nota.

Además, otro perito solicitado por la defensa de Camps mantuvo su tesis jurídica de que no hubo fraccionamiento de contratos menores. A pesar de que Emilio Torrejón, ex director general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, reconoció en una intervención demoledora que fue usado por el Ejecutivo de Camps para fabricar un informe crítico con la Intervención del Estado, el perito defendió sus conclusiones a pesar de que no tuvo acceso a los expedientes de contratación.

Susana Fayos, secretaria particular de Francisco Camps en el Palau de la Generalitat y actualmente asesora en la oficina del expresidente, también compareció como testigo y anotó otro tanto a favor de la defensa del expresidente. Fayos, en una declaración muy preparada (recordaba fechas exactas de hace 15 años), cuestionó la confesión de Ricardo Costa, según la cual comió muchas veces con Camps y El Bigotes en el Palau de la Generalitat.

Francisco Camps, en su habitual tono teatral, enmarcó su relación con Álvaro Pérez, además de sus amistosas llamadas navideñas intervenidas por la Policía, en el campo estrictamente profesional, al ser El Bigotes el responsable de la organización de los actos electorales del PP valenciano.

Tras la fase de exposición de los informes de conclusiones y el turno de la última palabra para los acusados, el último juicio del 'caso Gürtel' llegará a su fin tras casi 11 meses de sesiones. Tras el 'visto para sentencia' de rigor, el destino judicial del expresidente Francisco Camps quedará en manos de los magistrados de la Audiencia Nacional.