Los inmuebles que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) compró en Valencia en 2008 de forma fraudulenta con el dinero de sendas ayudas a la cooperación destinadas a proyectos en Nicaragua saldrán a subasta. El proceso para resarcir a la Generalitat del fraude por el que fue condenado a seis años y medio de prisión el que fuera conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y otros ocho imputados ya ha reportado 200.000 euros a las arcas autonómicas. Así lo ha revelado en la sesión de control en la Corts Valencianes de este jueves el presidente del Consell, Ximo Puig. Se trata de dinero procedente de recursos incautados a dos de los condenados: Marcial López, presidente de la Fundación Cyes, y Augusto César Tauroni, empresario vinculado a Blasco que creó una red para beneficiarse del fraude.
El propio Blasco, interno en la prisión de Picassent, y otros condenados que formaban parte de la Administración, como la exsecretaria general administrativa, Tina Sanjuán; el jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, o el subsecretario Alexandre Català, están incursos en procedimientos para hacer frente a sus responsabilidades económicas que tramita el Tribunal de Cuentas.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Valencia sacará a subasta cuatro bienes inmuebles, entre pisos y plazas de garaje, que la Fundación Cyes compró en la avenida de Ausiàs March de la capital valenciana con la mayor parte de los 1,7 millones de euros recibidos para los proyectos en Nicaragua. Posteriormente se subastarán un inmueble propiedad de Tauroni y otros tres de Marcial López.
El fraude en las ayudas a la cooperación fue denunciado por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, y el PP defendió durante años a Blasco hasta que resultó imposible y este abandonó las filas del PP en junio de 2013 para convertirse en diputado no adscrito.
La recuperación del dinero desviado en los casos de corrupción es una de las reclamaciones que los grupos de izquierda realizaron reiteradamente la pasada legislatura y que incorporaron al denomiando Acord del Botànic las tres formaciones que integran actualmente la base parlamentaria del Consell, el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. El presidente Ximo Puig ha puesto en las Corts el caso de ejemplo para justificar la personación de la Generalitat en diversas causas judiciales para conseguir que vuelva a las arcas públicas “el dinero robado”.