El Consell aumenta el impuesto de patrimonio como anticipo de la reforma tributaria que hará dentro de un año
“Hemos escogido un impuesto que marca tendencia de la reformulación general que haremos el año que viene”, ha explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, al anunciar este viernes la intención del nuevo gobierno autonómico de aumentar el impuesto sobre el patrimonio ya para el ejercicio de 2016. El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, ha sido aprobado por el pleno del Consell. Por lo que Soler ha comparecido para dar a conocer su contenido junto a la portavoz y vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra.
La reforma del impuesto de patrimonio, uno de los tributos cedidos que gesiona la Generalitat, implica la reducción del mínimo exento de 700.000 a 600.000 euros, lo que ampliará el número de ciudadanos que habrán de pagarlo en 1.832 personas, para situar el total de contribuyentes que tendrán que abonarlo en 19.427 para el ejericico de 2016. Soler ha destacado que se trata de una minoría, la que dispone de más recursos, y ha argumentado que aunque el impacto no es muy alto, dado que la Generalitat recaudará 29,1 millones más, marca la línea de fiscalidad progresiva que quiere desarrollar el gobierno del PSPV-PSOE y Compromís para implantar un nuevo modelo tributario en el plazo de un año.
Al mismo tiempo, la nueva norma incluye la derogación del copago social impuesto a discapacitados y mayores por el anterior Consell del PP en lo que afecta a la atención diurna y lo rebaja en lo que afecta a las residencias. Oltra, que es también conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha explicado que pretende “favorecer la autonomía personal”, al primar la posibilidad de que los beneficiarios mantengan el contacto con su entorno habitual y familiar.
Oltra ha añadido que el importe de “dinero de boslillo”, es decir, de aquella parte de la paga que no se destinará a sufragar su estancia en residencias, pasará de 219 a 345 euros mensuales en el caso de las personas con diversidad funcional y de 175 a 219 euros mensuales en el caso de los mayores. Además, las pagas extraordianrias quedarán al margen.
La eliminación o rebaja de lo que la vicepresidenta calificó como “copago confiscatorio” es la medida más llamativa de una Ley de Acompañamiento que el Consell de Ximo Puig utilizará para modificar diversas normas, pese a las críticas que la izquierda formuló a ese procedimiento mientras estuvo en la oposición. Vicent Soler lo ha explicado nada más comparecer ante los periodistas: “No pretendemos colar por la puerta falsa cambios importantes”. El conseller de Hacienda ha indicado que “había que hacer frente a necesidades perentorias” y ha señalado que, frente a Ley de Acompañamiento del último gobierno de Alberto Fabra, que tenía 183 artículos y modificaba 30 leyes, la que tramita el Consell que ahora preside el socialista Ximo Puig tiene 107 artículos y modifica 16 leyes. Uno de los cambios que introduce es la eliminación de la posibilidad de ceder suelo público para que se construyan centros educativos de propiedad privada.
