El presidente del Consell de Transparència, Ricardo García Macho, ha denunciado este martes la falta de medios y de independencia orgánica de este consejo, que actualmente está adscrito a la Conselleria de Transparencia de la Generalitat, y ha reivindicado una reforma “en profundidad” de la ley de 2015. Esta norma elaborada por el PP, a su juicio fue “hecha precipitadamente con motivos electorales”. El presidente solicita la reforma para que este organismo se convierta en “un órgano estatutario o en una administración independiente”.
García Macho, que ha entregado en las Corts el informe de 2016, ha lamentado que en este tiempo los “problemas básicos” y “estructurales” con que cuenta el Consell de Transparència, que partió de una situación “de gran precariedad”, no se hayan resuelto todavía. A su juicio, “las reformas que se han hecho de la ley no han sido las adecuadas”, por lo que “mientras no se lleve a cabo una reforma en profundidad de la ley nosotros siempre tendremos una situación de cierta precariedad”, ha aseverado.
El presidente de este organismo ha apuntado que la oficina con la que cuentan -son cinco miembros del Consell de Transparència y tres funcionarios de la conselleria que prestan apoyo en la oficina- es “insuficiente” puesto que no hay especialistas en derecho y acceso a la información ni en transparencia. Además, ha señalado, los miembros del consejo no reciben remuneración, por lo que el trabajo que desarrollan lo hacen cuando tienen tiempo.
“Venimos y sacamos papel, pero nuestro trabajo fundamental es otro, yo por ejemplo soy profesor de universidad”, ha precisado García Macho, quien ha puesto en valor el “gran sacrificio personal” de los miembros del Consell de Transparència y ha considerado “insólito” que sus miembros trabajen en este organismo sin remuneración. En este sentido, ha reconocido que los miembros en varios momentos se han planteado dimitir por falta de medios.
El presidente de esta entidad también ha planteado si debe ser un órgano unipersonal o colegiado o si la protección de datos debería depender del mismo, como en Andalucía o países como Gran Bretaña o Alemania. Estas cuestiones, ha indicado, deben resolverse con una reforma de la ley.
“La clase política mira hacia otro lado”
“De momento la clase política mira en principio bastante hacia otro lado”, ha subrayado al ser preguntado por el trabajo de la Generalitat para mejorar la situación del Consell de Transparència, a través de la cual han entrado 118 asuntos en 2016 y 54 en 2017.
En 2016, este organismo ha resuelto ocho informes y ha dictado 25 resoluciones, como la referida a la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps o con la dación en pago y la transparencia de los bancos públicos.