La Conselleria de Vivienda, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) y CriteriaCaixa han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la cesión de unas 500 viviendas propiedad de la entidad para destinarlas a alquiler social.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, y el directivo de CriteriaCaixa, Oscar Valentín Carpio, han firmado este acuerdo, ante la presencia de la directora general de EVha, Laura Soto.
Salvador ha explicado que esta es una de las líneas que la Generalitat está desarrollando para incrementar el parque público de viviendas y dar respuestas y soluciones habitacionales a las personas y colectivos que sufren más dificultades a la hora de acceder a una vivienda.
El convenio impulsado por la Generalitat establece que CriteriaCaixa cederá en usufructo a EVha un número aproximado de 500 viviendas repartidas por toda la Comunitat, recibiendo en contraprestación un precio fijo mensual por cada una de ellas adaptado a las circunstancias del inmueble.
Posteriormente, EVha arrendará estas viviendas a particulares con precios asequibles, por un máximo de 180 euros mensuales, más gastos, en función de los ingresos del arrendatario.
Las viviendas que entregará CriteriaCaixa deberán cumplir las condiciones de habitabilidad, sin que tengan que ser reparadas por parte de EVha. Para controlar este requisito, se realizará una inspección previa que valore la situación del inmueble.
Al menos un 50% de las viviendas deberán encontrarse vacías en el momento de la cesión. La contraprestación que abonará la Generalitat será de 180 euros al mes por las viviendas vacías.
CriteriaCaixa también podrá ceder viviendas en las que actualmente residan personas que se encuentren en los siguientes supuestos: antiguos deudores hipotecarios en proceso de desahucio; personas con impagos de alquiler o les haya expirado el contrato; ocupaciones en precario o ilegales; otras situaciones similares.
En estos casos, EVha pagará 75 euros mensuales por vivienda e intentará regularizar la situación de esas personas mediante la transformación de un alquiler social, que se adapte a su situación socioeconómica, evitando así un potencial lanzamiento judicial.
La localización de las viviendas se distribuirá a lo largo de todo el territorio valenciano, en aquellos núcleos urbanos considerados preferentes por la Generalitat.
En el convenio figura un listado de 37 municipios, en la provincia de Valencia aparecen municipios como València, Paterna, Sagunto, Aldaia, Manises, Silla, Burjassot, Algemesí, Paiporta, Requena, Torrent, Alzira, Gandía o Alaquàs. En la provincia de Castelló: Castelló, Vila-real, Borriana, Vall d'Uixó, Nules, Moncofa, Almassora, Vinaròs, Alcora o Benicarló. Por último, en la provincia de Alicante: Alicante, Elx, Torrevieja, Alcoi, Elda, Sant Joan, Petrer, Dénia, Novelda, Villena, Pilar de la Horadada, Aspe o Santa Pola.
El convenio tendrá una vigencia de cuatros años, prorrogables a un máximo de dos años más. Además, contará con una comisión de seguimiento y control con tres representantes de la Generalitat y Criteria Caixa.
Para hacer frente a este convenio, la Conselleria de Vivienda ha aprobado una línea presupuestaria para el desarrollo de la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, por un importe de 500.000 euros y cuya finalidad es la financiación de este tipo de convenios.