Facturas falsas, comisiones y hasta la Gürtel: así se saqueó la sanidad valenciana en la etapa del PP
“En el Partido Popular la fiesta no se acaba nunca”. La célebre frase que pronunció Ricardo Costa antes de su caída como secretario general del PPCV en 2009 por su implicación en el caso Gürtel también resulta de aplicación en la sanidad valenciana.
Y es que, los presuntos casos de corrupción relacionados con la etapa de gestión de los populares se han acumulado en las últimas semanas.
El primero y más grave en salir a la luz fue la aparición de facturas irregulares por valor de 25 millones de euros entre los años 2006 y 2015 en el Hospital General de Castellón.
El caso saltó el pasado 15 de junio cuando la consellera de Sanitat, Carmen Montón (PSPV), informó de que se habían presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas presuntamente irregulares pagadas en ese periodo por trabajos de reparación o mantenimiento que no se realizaron, que se realizaron sin proceso de contratación o por encima del valor de lo contratado.
Varios meses más tarde, en noviembre, se hizo público que un juzgado valenciano investiga, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, si la principal concesionaria privada de hospitales públicos, es decir, Ribera Salud, emblema del denominado “modelo Alzira” que implantó el PP durante sus años de gobierno, había cobrado comisiones por prótesis pagadas con dinero público.
La práctica se habría realizado desde la central de compras B2B Salud, del mismo grupo que Ribera Salud, empresa que gestiona los hospitales valencianos de Alzira, Elche y Torrevieja, y habría supuesto una facturación de 10,6 millones de euros y unos beneficios de 3,3 millones en sus seis años de funcionamiento.
Y ahora, ha saltado a la luz la presunta trama corrupta implantada en torno al exgerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, quien cumple condena por el llamado 'caso Cooperación'.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se han personado este jueves en dependencias de la Conselleria de Sanidad y del Hospital General de Valencia para solicitar documentación de etapas anteriores del Gobierno del PP.
En la operación se ha detenido a nueve personas. Entre ellas, Sergio Blasco y su hermano, Paco Blasco. La operación es fruto de una denuncia puesta en el año 2014 por la entonces diputada valenciana de Esquerra Unida Marina Albiol.
Según reveló ayer su compañera de partido, Rosa Pérez Garijo, la empresa Out Log S.L., supuestamente vinculada a otras dirigidas por Francisco Blasco, logró un contrato de Sanidad por valor de 18,8 millones de euros en el año 2010 por la gestión logística del hospital La Fe, y otro de 10,5 millones por el servicio integral de logística del Hospital General en el año 2007, pese a que la Sindicatura de Comptes advirtió en un informe de que esta empresa no podía ser contratista.
El mismo informe saca a la luz, según Pérez Garijo, hasta 654.167 euros en pagos sin justificar por parte del Consorcio Hospital Provincial Valencia a esta compañía.
Pero no son estos los únicos casos de corrupción que se están investigando relacionados con la sanidad valenciana. De hecho, cinco de los ocho consellers del PP que han pasado por Sanidad están imputados, dos de ellos directamente por su gestión al frente de esta conselleria.
En concreto, están investigados Luis Rosado y Manuel Cervera por supuestas adjudicaciones irregulares a Orange Market, empresa de la trama Gürtel.
También el propio Rafael Blasco, que fue conseller de Sanidad, ha sido investigado, entre otras cosas, por la instalación de una pantalla luminosa de 600.000 euros junto al nuevo hospital La Fe.
