El juicio por los contratos del Consell con Gürtel por el expositor valenciano en Fitur se retoma hoy en el Tribunal Superior de Justicia valenciano con nuevas peticiones de suspensión por parte de las defensas, que alegan no haber tenido tiempo de analizar nueva información disponible.
El juicio oral, que arrancó el pasado 31 de marzo con un año de retraso debido al conflicto de competencias que generó la dimisión como diputadas de dos exconselleras de Turismo, se suspendió al día siguiente a petición de las defensas, por la incorporación de nueva documentación a la causa, suspensión que se aplazaba hasta este jueves 11 de junio por lo que generó la polémica de evitar la imagen del proceso a dos ex responsables del PP durante la campaña electoral.
Los letrados de los imputados que solo lo están en la rama valenciana del caso, es decir, los de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such y del resto de técnicos de la Conselleria de Turismo, tuvieron conocimiento por sus colegas de que parte de la documentación que obra en la Audiencia Nacional como parte central del caso Gürtel podría estar relacionada con la pieza de Fitur.
Por este motivo solicitaron la primera suspensión, que fue acordada por la presidencia de la sala, y también por esta causa pedirán previsiblemente hoy un nuevo aplazamiento, dado que alegan que el acceso a la documentación ha sido limitado (sólo en tres ordenadores del TSJCV) e incompleto.
Esta parte de la causa, según han explicado a EFE fuentes del caso, está relacionada con los registros practicados en 2009 en los domicilios de Pablo Crespo, Isabel Jordán y la sede de Orange Market y podría contener hasta 8 millones de documentos.
En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo de Francisco Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret.
Martínez llega hoy al juicio todavía como alcaldesa de Novelda (Alicante) en funciones, pues hasta la constitución de los Ayuntamientos, el próximo sábado, se mantiene en el cargo, a pesar de que el PP acordó su expulsión, una decisión que la mayoría del grupo popular municipal rechazó aplicar.
También estarán seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El Bigotes”, Cándido Herrero e Isabel Jordán.
Las jornadas de hoy y mañana se han reservado para cuestiones previas, tras lo cual comenzarán las declaraciones de los procesados, que serán entre el 19 de junio -cuando declararán Cándido Herrero y Felisa Jordán- y el 17 de julio, día en que será el turno de las exconselleras Martínez y Such.
En octubre declararán como testigos el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación a seis años y medio de prisión según el fallo del Tribunal Supremo conocido ayer.
La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión, como es el caso de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo o Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la “causa de los trajes”.
La vista llega seis años después del inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de “la mayor parte” de actos del PPCV, se aprovechó de relaciones personales para lograr adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones necesarias.
La Fiscalía sostiene que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron “ilícitos beneficios” por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.
Este es el segundo juicio que acoge el TSJCV sobre la rama valenciana del caso Gürtel, después de la “causa de los trajes”, que concluyó en enero de 2012 con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa y la condena para el exvicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete Rafael Betoret.
Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que ha investigado el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.
Las otras cinco piezas podrían ser juzgadas en la Audiencia Nacional, ya que el TSJCV ha considerado que no es competente para hacerlo al no quedar aforados en ellas.