Definitivamente, Dénia aplicará a partir del próximo año el requisito lingüístico. Así lo aprobó este jueves el pleno ordinario de agosto, al que el gobierno local, del PSPV, llevaba la propuesta que supone que quienes opten a las nuevas plazas laborales del ayuntamiento tendrán que acreditar un nivel de valenciano determinado, según el puesto: el grado oral o el elemental para el grueso de las plazas; el grado medio para el personal que está en contacto directo con el público; y el superior exclusivamente para los técnicos del departamento de Normalització Lingüística. La aplicación del requisito ha obtenido el apoyo de los socialistas y de Compromís. Por su parte, PP, Cs y GD han votado en contra.
El concejal de Personal, Paco Roselló (PSPV), explicó la aplicación del requisito es una “decisión política” del gobierno local para garantizar la atención de todos los ciudadanos en la lengua cooficial que empleen. Y ha matizado que la titulación de valenciano “no se les va a imponer a los trabajadores” actuales del ayuntamiento, sino que sólo se exigirá en las bases para ocupar plazas a partir del 1 de julio de 2020.
Por su parte, Rafa Carrió (Compromís) hizo una encendida defensa del requisito lingüístico y, por ello, ha llegado a felicitar al equipo de gobierno por su decisión de aplicarlo. El líder de los valencianistas se confesó “aburrido” del debate sobre la lengua y el requisito: “Quienes no estimen el valenciano y no quieran promocionarlo, se lo pierden”.
La portavoz del PP, María Mut, entiende que el requisito es inconstitucional y sirve para “crear discriminación”. Y por Ciudadanos, Susana Mut consideró que la lengua tiene que ser “un mérito y no un requisito excluyente” en el acceso a los empleos municipales.
En la misma línea se ha pronunciado Mario Vidal (GD), que ha indicado que el valenciano “debería ser meritable” y no requisito. “Que a igual puntuación, prevalezca”. Entre sus argumentos, ha señalado que Dénia “es una ciudad turística”.
Vicent Grimalt al PP: “El juzgado está abierto las 24 horas”
Acabado el turno de intervenciones de los portavoces, tomó la palabra el alcalde, Vicent Grimalt, para defender la medida y manifestar que desde hace años “si alguna lengua ha sido maltratada es valenciano”, y que en el gobierno local “no tenemos ningún problema en que se atienda al público tanto en castellano como en valenciano”. Además, ante las dudas sobre la constitucionalidad de la medida que minutos antes había manifestado la portavoz del PP, María Mut, el primer edil se dirigió directamente a ella: “El juzgado está abierto 24 horas”.