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La denuncia de un funcionario a Antifraude originó la querella de Fiscalía contra el exalcalde del PP de Aielo de Malferit

José Luis Juan Pinter, exalcalde popular de Aielo de Malferit.

Lucas Marco

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La denuncia de un funcionario de Aielo de Malferit, un municipio de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha desencadenado la imputación del exalcalde popular de la localidad, José Luis Juan Pinter, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y contra la intimidad.

El funcionario, según ha podido saber elDiario.es, denunció al organismo que dirige Joan Llinares el control que ostentaría el exprimer edil, actualmente al frente de la agrupación electoral 'Per Aielo' tras romper con el PP, de las cámaras de videovigilancia instaladas durante su mandato en la localidad a través de una aplicación en su teléfono móvil. El hombre habría mantenido el control de las cámaras incluso después de perder en 2019 la vara de mando del consistorio, actualmente gobernado por el PSPV-PSOE.

Antifraude, a tenor de la documentación analizada, informó al Ministerio Público de los hechos. La querella posterior de la Fiscalía, basada en el informe de la AVA, propició la imputación de José Luis Juan Pinter en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ontinyent. El exalcalde popular estaba citado a declarar como investigado este martes pero la vista se ha suspendido por la huelga de letrados de la administración de justicia.

Además, según las fuentes consultadas, las pesquisas también incluyen la instalación de dispositivos GPS en los vehículos de la Policía Local del municipio. Al igual que con las cámaras de videovigilancia, el investigado habría tenido acceso a las localizaciones de los GPS a través de su teléfono móvil.

El funcionario, enfrentado históricamente al exalcalde, denunció los hechos ante la AVA, cuyo informe desencadenó la querella de la Fiscalía. La causa se encuentra en una fase inicial sin que haya declarado aún José Luis Juan Pinter ante la jueza instructora.

Además, la nueva Corporación municipal también detectó una factura de 8.000 euros para la contratación de un detective privado, supuestamente en el marco del contencioso que el exprimer edil mantenía con el funcionario denunciante.

El propio José Luis Juan Pinter, en un pleno celebrado el 19 de enero del 2023, le preguntó al actual alcalde, Juan Rafael Espí: “¿Usted me ha denunciado a mí ante la Fiscalía y [la Agencia Valenciana ] Antifraude por el tema de las cámaras?”. El alcalde socialista negó rotundamente haber sido el denunciante y aseguró: “No hemos rebuscado en los archivos municipales a ver qué encontrábamos para poder llevar a alguien a los tribunales”.

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