La denuncia de, al menos, un empleado de Divalterra es la que ha terminado con la carrera política del ya expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Precipitó en febrero de este año la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y la posterior investigación del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia tras la denuncia inicial fallida del PP. Posteriormente se sumó Ciudadanos con una propia.
Esta denuncia está firmada por un empleado de relevancia en la empresa pública Divalterra y en la anterior Imelsa. Tanto, que el actual gobierno de izquierdas lo mantuvo en puestos de responsabilidad hasta su ruptura con Rodríguez y su equipo a los que, además de denunciar por enchufar altos cargos, también acusa de coacciones y amenazas, presuntos delitos que no se están investigando en una causa que todavía es secreta.
Este denunciante es un hombre de máxima relevancia en la saqueada Imelsa. De hecho, su salario fue ocultado a los responsables de administración de la empresa pública donde nació el caso Taula junto al de otros ocho empleados y al exgerente Marcos Benavent, el autodenominado “yonqui del dinero”. Según la información aportada a la investigación de Taula, la nómina de este directivo y los conceptos retributivos se calculaban directamente por la directora de Recursos Humanos de Imelsa María Escrihuela por orden del propio Benavent.
En la actualidad todavía trabaja en la empresa pública Divalterra y le han recomendado no hablar con la prensa al estar la causa bajo secreto de sumario, según ha confirmado eldiario.es. La denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción la ha publicado la SER.
En el escrito que ha precipitado la posterior denuncia del fiscal Anticorrupción y la actuación judicial apunta a los seis detenidos en la operación. Centra como un día clave el consejo de administración de noviembre de 2016 en el que el auditor interno reveló los gastos en bebidas alcohólicas y el fraccionamiento de contratos. Ese día, apunta la denuncia, varios trabajadores habrían recibido amenazas y después de esa jornada nada volvió a ser igual.
De hecho, desde ese consejo de administración hasta un año después, las nóminas de los altos cargos enchufados no fueron abonadas por la cogerente de Compromís, Agustina Brines, que se quedó al frente de la gestión tras la dimisión del socialista Víctor Sahuquillo, quien dimitió días después del tenso consejo de administración al filtrarse el informe que revelaba los gastos en copas tras comidas de empresa pasados a la empresa pública.
¿Quién pagó entonces las nóminas? El consejo de administración de Divalterra, que se reunía una vez al mes para aprobar esos pagos ahora cuestionados por la justicia.
La denuncia explica que tras el consejo de administración de noviembre de 2016 el equipo de Rodríguez presionó a trabajadores de los departamentos legal y financiero para legalizar los siete puestos de los directivos enchufados.
La publicación de la denuncia ha acabado de incendiar al PSPV tras la dimisión de Rodríguez. De hecho, desde el equipo del ya expresidente de la Diputación aseguran que vieron comiendo al denunciante con un conocido abogado afín a los socialistas.