En el debate “Estrategias electorales 2019” que se celebró el pasado 30 de enero en el Convent Carmen de València y en el que participaron políticos de todos los partidos presentes en las Corts Valencianes (y que recoge este diario en noticia y vídeo) el representante de Ciudadanos, Jesús Salmerón, expuso una peligrosa tesis que va contra el Estatut de Autonomía, amén de que elimina la educación entendida como un bien público y el valenciano como práctica orgullosa y empoderadora.
Dijo Jesús Salmerón: “Tenemos un gobierno regional que pone barreras lingüísticas en el acceso a la función pública. Ciudadanos acabará con ello. La última ocurrencia es del presidente de las Cortes Valencianas limitando el acceso a la función pública a personas que no acrediten el valenciano… debe ser que un médico opera mejor si habla valenciano que si habla castellano”. Con esta propuesta Ciudadanos está demostrando a las bravas la tirria que tiene al valenciano. Desde el punto de vista legal, en el Estatut el valenciano es en el País Valencià oficial –y se reconoce que somos una nacionalidad histórica-. Según la Constitución merece especial protección. Desde la Pedagogía y la Psicología el partido de Albert Rivera demuestra una absoluta falta de respeto a la lengua histórica y materna de tantísimos los valencianos. Se ejerce además, con su política lingüística, una clara violencia simbólica hacia nosotros y un plus de prepotencia para que prevalezca el castellano –idioma depredador en el País Valencià desde la prohibición del valenciano por Felipe V en 1707-.
El partido de Albert Rivera (quien siempre ha declarado que el valenciano y el catalán son la misma lengua, dicho sea de paso), hace un razonamiento falaz. Resulta, para ellos, que un funcionario valenciano-parlante tiene la obligación de saber el castellano y atender y responder en dicha lengua a todo el que en esa lengua -también oficial- se le dirija. De acuerdo. El problema es que para ellos no existe esa obligación al contrario, es decir, un castellano-parlante no tiene que saber y atender a un valenciano-parlante en su lengua materna –y oficial-. Y esto es un agravio y desconsideración a los valenciano-parlantes: los pone en desigualdad de condiciones en su propio País, tratándoles como ciudadanos de segunda. Se está faltando a principios fundamentales de la Ética. Es de sentido común que no puede haber una asimetría entre las dos lenguas oficiales del País Valencià y que para ello, desde la función pública, poner barreras lingüísticas es, precisamente, que los que hablan en castellano solo no tengan también que comprender a quienes quieran hablar en valenciano, y como funcionarios deban capacitarse para dominarlo. Es por ello demagogia suprema y burdo sofisma decir, como argumenta Ciudadanos, que un médico no necesita para operar la capacitación en valenciano: es deber del médico entender a un valenciano que así se le dirija, y es un derecho del paciente expresarse en valenciano (y no se le puede negar pues es sancionable). Y esto vale también para las zonas castellano-parlantes pues un funcionario de ellas puede obtener su plaza en una zona valenciano-parlante, y un valenciano-parlante sigue en su tierra si se encuentra en Requena. De manera que la ocurrencia de poner barreras lingüísticas no es del presidente de las Corts Valencianes sino, precisamente, es la que plantea Ciudadanos: ¿Por qué a mí un funcionario en mi tierra no me atiende en mi lengua materna –que domino con más facilidad- y yo sí que tengo que atenderle en la suya materna si es el castellano? ¿No es la Administración pública de todos? ¿Es más difícil y diferente para aprender el valenciano o el inglés con respecto al castellano? ¿Tan obtuso puede ser un funcionario para no poder aprender valenciano? ¿Es el castellano acaso el que puede desaparecer? Como declaró Joan Fuster en 1981 ante el Manifiesto promovido por Jiménez Losantos contra la supuesta marginación del castellano respecto al catalán: “El problema de la llengua no és d’ells; el problema és nostre que per al català no disposem quasi de diaris, de televisions, ni de res en comparació a ells i al castellà. Tenen ells, al seu favor, la pràcticament sencera indústria editorial. Què més volen? No tenen raó. Tenen una extranya ofuscació mental i moral”.
Es innegable, además, que se aprende a conocer una cultura y un país a través de sus mejores productos culturales lo cual difiere de la visión instrumental-utilitarista, mercantilista y trivial de las lenguas que defiende Ciudadanos. En palabras del mejor antropólogo del siglo XX, Claude Lévi-Strauss: “L’anihilació de les llengües minoritaries i minoritzades, cadascuna de les quals és la major obra mestra del pensament humà, és un fet molt dolorós. Cal respectar, conservar i conrear les llengües de pobles i països sense Estat propi com ho fem amb els monuments arquitectònics, o les grans obres de la pintura que conservem preciosament als nostres museus”. La lengua es una herencia porque otros han elaborado conceptos y los han puesto a nuestra disposición. Recibir una lengua de cultura es algo enorme porque nos permite situarnos metafóricamente ‘a hombros’ de nuestros predecesores. Cada lengua es un universo cultural enriquecedor y refleja la huella de los acontecimientos que han forjado la historia de un pueblo, así como la evolución de sus costumbres y tradiciones, de su economía y sus estructuras sociales, de su literatura. Son una herencia del mismo tipo que la trasmisión de una empresa o una finca: vienen acompañadas de una obligación. No hay un hecho antropológico y cultural más significativo y valioso para un pueblo que su lengua. Pero Ciudadanos no pretende ni siquiera que se mantenga la diglosia con el dominio del castellano y el relegamiento, desprestigio e inferioridad del valenciano: lo que desean es que pase a ser una lengua muerta.
Max Weber fue el primer sociólogo en respaldar el servicio público como una característica necesaria de la modernidad. El funcionario debe ser garantía de neutralidad, igualdad de trato e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en búsqueda del bien común dentro de la Administración de su comunidad: es decir, del conjunto de seres humanos que comparten idiomas, costumbres, valores, ubicación geográfica… Ante la discusión durante la batalla de València de si llamar a nuestro pueblo Reino o País se escogió el muy cuestionable topónimo de Comunidad Valenciana. Pero con las ocurrencias malintencionadas de Ciudadanos quieren que ya no seamos ni Comunidad, pues ésta, para mantenerse como tal, tiene que estar unida en busca de la mejora, el bien y la identidad común. Y es beneficioso compartir en plena igualdad dos lenguas románicas. ¿Puede llamarse Comunidad al pueblo fracturado por la animadversión de los partidos de la derecha hacia el valenciano? ¿Se puede crear así una mínima identidad común entre las zonas de ambas lenguas? Es justamente desde una función pública bilingüe donde se engarza una sana socialización y proyecto en igualdad de derechos para todos los valencianos.
Mírese por donde se mire esta reflexión es de sentido pedagógico y respeto. Lo que late en la posición de Ciudadanos es la infravaloración de nuestra lengua, tanto por autoodio como por complejo de inferioridad. Pero, sobre todo hoy, por su ideología neoliberal, donde todo es mercancía subsumiendo también el aprendizaje de las lenguas a su valor mercantil, dando por supuesto que el valenciano no lo tiene. Craso error: todo valenciano-parlante agradece que en un comercio le contesten en su lengua materna, y a él volverá; y todo turista extranjero volverá a su país contando que el nuestro tiene un plus de riqueza cultural por su lengua histórica propia; por no hablar de nuestros posibles empleos en ventaja en comunidades con la misma lengua –y más en la función pública-. No sólo con el inglés o el castellano se genera ‘capital’ humano, y muchos países con menos hablantes de su lengua materna que el nuestro así lo han considerado conservándola como oficial y vehicular. Llama la atención, por otro lado, que Ciudadanos, el PP y VOX utilicen ya en sus mítines un traductor/a en la minoritaria lengua de signos para sordos, o consideren a bien que las administraciones públicas se señalicen en el sistema braille para personas ciegas, y que, sin embargo, desprecien el valenciano para la función pública, imponiendo ellos –insisto- una barrera lingüística marginadora. En palabras del lingüista Noam Chomsky: “Las sociedades hoy se convierten en monolingües a costa del asesinato de otras lenguas: porque la lengua imperante ha sido ‘homicida’. El empobrecimiento de la biodiversidad lingüística y cultural de la humanidad también es un grave problema. El plurilingüismo debe ser, y lo es en EEUU ya, una realidad creciente”. Es muy canalla lo que está haciendo Ciudadanos: espolear a la población valenciana para que su lengua histórica sea un área de conflicto y no de orgullo y convivencia. No lo duden: incultos como son, quieren que el valenciano desaparezca.
*Carles Marco. Pedagog i Psicòleg