El director general de Política Lingüística denuncia que su declaración en valenciano en la instrucción “se ha malinterpretado”

La defensa de Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, que se sienta este martes en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia por un presunto delito de falsedad de documento público oficial, ha invocado la conocida 'doctrina Botín' para intentar anular el juicio. Trenzano, de Compromís, es el primer cargo público acusado en un procedimiento derivado de las presuntas irregularidades por las ayudas a las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat.

La letrada de Trenzano, Susana Boix, ha pedido la nulidad del auto de juicio oral, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, alegando que el Ministerio Fiscal pide la absolución y sólo resta la acusación particular, ejercida por el Partido Popular. “La acusación popular se ha comportado de forma exquisita en toda la instrucción”, ha dicho el letrado del PP, Víctor Soriano.

El fiscal, sin embargo, ha zanjado la cuestión explicando que la doctrina Botín fue matizada por una sentencia del magistrado Manuel Marchena que viene a dejar en manos del tribunal “discernir” si la acción popular es fundada o no. Así las cosas, el tribunal ha decidido continuar con la vista.

Al dar la palabra a Trenzano, el tribunal he preguntado al acusado en qué lengua prefiere declarar, en valenciano o en castellano. El alto cargo ha reconocido que se siente más cómodo hablando en castellano pero ha asegurado que su declaración en valenciano durante la instrucción “se ha malinterpretado”. A pesar de que declaró en valenciano, el fiscal ha remarcado que la transcripción de la declaración figura en castellano. También ha recordado que no hubo intérprete durante su comparecencia ante el juez instructor. Al final, Trenzano ha optado por declarar en castellano.

La causa pretende establecer si la respuesta que dio Trenzano a la diputada popular Eva Ortiz sobre el control de las subvenciones a dos empresas de comunicación del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana supone una presunta falsificación de documento público.