El PPCV ha presentado un nuevo recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras denegarle la Conselleria de Economía el expediente administrativo relacionado con la denuncia formulada por concertación de precios por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació contra Comunicació dels Ports, participada por Francis Puig, hermano del 'president' Ximo Puig, y otras tres empresas.
Así lo ha explicado ante los medios la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, quien ha señalado que ha recibido una contestación de Economía en la que se le deniega la documentación alegando que ya hay un expediente sancionador abierto contra las mercantiles Comunicació dels Ports SA, Kriol Produccions SL, Canal Maestrat SL y Visualitza SL por supuestas conductas prohibidas en el marco de la licitación pública para la contratación del servicio de recursos audiovisuales lanzada por la radiotelevisión valenciana, expediente que está en fase de instrucción.
La respuesta, firmada por el subsecretario de Economía, Natxo Costa, el 11 de mayo, señala que no se puede trasladar esa documentación porque se podría poner en riesgo el derecho de defensa de las partes interesadas y los derechos de terceros al revelar información sensible aportada.
Ortiz ha recordado que À Punt denunció ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) un posible pacto de precios en una licitación de 323.000 euros ante posibles irregularidades y pacto de precios entre Comunicació dels Ports, Kriol y Canal Maestrat y por ello solicitaron copia de los expedientes el pasado mes de enero pero ahora se deniega porque “tienen que proteger a los denunciados”.
Ha subrayado que se reconoce que “hay un expediente abierto, donde se reconoce que se está ejerciendo la potestad sancionadora y que puede haber conductas que podrían ser delictivas e incluso merecer un reproche penal” en relación a la posible concertación de precios entre los hermanos presidente y sus socios para hacerse con varios de los 12 lotes de la televisión Pública.
Se ha mostrado, además, “sorprendida” porque en democracia “hay que saber dónde va el dinero de los valencianos y si la televisión pública denuncia que hay un pacto de precios habrá que perseguir a quien lo ha hecho mal”.
Ha recordado también que la jurisprudencia y el TSJCV “ya ha dicho que a una portavoz adjunta y a una diputada no se le puede negar este tipo de cuestiones, ni su derecho a tener la documentación y ejercer el control parlamentario tal y como marca la Constitución”.
“Si está todo bien no es la mejor imagen y si está todo mal el Presidente debería ser el mayor interesado en saber qué dinero ha dado su gobierno a sus hermanos bajo su tutela”, ha añadido, por lo que ha presentado un recurso ante el TSJCV para saber “qué pasa con este expediente, ver qué documentación hay y porque se denegó que las personas que formaron parte de esa mesa de contratación fuera a la comisión de Economía a dar explicaciones”.
“Lo deniegan todo” cuando se trata de investigar a los hermanos del presidente, ha dicho, y ya ha “perdido la cuenta” del número de contenciosos planteados para tener esta documentación de más de siete consellerias. “El Partido Popular seguirá pidiendo toda la documentación que sea necesaria para el desarrollo óptimo de la labor de oposición y vamos a seguir defendiendo el derecho de los diputados acceder a la información bien a través de la Conselleria o del TSJCV”, ha afirmado.
Preguntado al respecto, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado que la petición de documentación es un derecho de los diputados y ha recordado que cuando gobernaba el PP “decretaban la confidencialidad de muchos documentos”.
Se ha referido a la resolución del TSJCV que ha dado recientemente la razón a los 'populares', estimando que tienen derecho a consultar los expedientes abiertos por la Agencia Antifraude sobre las ayudas al valenciano de los socios de Francis Puig, y se ha mostrado en desacuerdo.
“Este tema es muy peculiar”, ha advertido, porque la agencia realiza investigaciones secretas y si los diputados pueden pedir todos los expedientes no sabe qué podrá investigar y abre la posibilidad de “reventarla”. Ha instado a pensar qué pasaría si la Agencia Tributaria estuviera obligada a dar toda la información en medio de una investigación.