Los 430 días que movilizaron a un pueblo

Eran las 23.30 horas del día 5 de octubre de 1984 cuando el alto horno nº 3, que aún seguía en funcionamiento en la factoría siderúrgica de AHM, realizó su última colada de acero, poniendo así fin a un modelo de actividad industrial que desde principio del siglo XX había configurado al Puerto de Sagunto como una gran ciudad-fábrica, escenario en los dos últimos años del más importante conflicto laboral de nuestra historia.

La batalla de Sagunto

Cuando el 4 de febrero de 1983 los trabajadores de AHM se opusieron a la primera orden de cierre decretada por el presidente de la empresa, José María Lucía, se iniciaba un conflicto que se prolongaría durante los siguientes 14 meses en los que se registraron 24 huelgas en la factoría y 9 en el conjunto de la comarca del Camp de Morvedre; once grandes manifestaciones en Valencia y siete marchas a Madrid; la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 700.000 firmas; asambleas multitudinarias en el campo de futbol de Puerto de Sagunto; retenciones de directivos de la empresa y de parlamentarios autonómicos; cortes de carreteras y vías férreas; un violento asalto a la comisaría, etc.

Revisar ahora la batalla de Sagunto, cuando han transcurrido ya cuatro largas décadas, y hacerlo sin caer en lecturas maniqueas y simplistas, nos permite constatar cómo la factoría de AHM y su entorno operaron entonces como un gran taller teórico-práctico de sindicalismo y relaciones laborales, en defensa de la dignidad del trabajo y de las personas trabajadoras, cuyas organizaciones y representantes activaron a tal efecto todos sus recursos de intervención, en un largo y complicado proceso no exento de tensiones que puso también de manifiesto sus fortalezas y debilidades.

Derivada del modelo de factory-town, la posición estructural de los sindicatos de AHM les confería una notable capacidad de control de la actividad de la factoría, desarrollando incluso funciones de auténtico contrapoder frente a la dirección de la empresa, en un ejercicio de autogestión obrera como los episodios de resistencia a las órdenes de cierre inicial del alto horno nº 2 y posterior mantenimiento activo del tren 28, en febrero y septiembre de 1983, respectivamente.

Durante todo el conflicto se mantuvo, asimismo, una movilización sostenida y compacta de los trabajadores (24 convocatorias de huelga, con un total de dos millones de jornadas no trabajadas) y del entorno local (implicación de la sociedad porteña y de la comarca del Camp de Morvedre), presentando por el contrario mayores dificultades para generar una solidaridad real y no sólo simbólica a un nivel sectorial y territorial más amplio. El “espléndido aislamiento” que durante años había reforzado aquel bastión, cerrado y autocomplaciente, del movimiento obrero evidenciaba ahora sus límites, a diferencia de lo que ocurría en el País Vasco y, sobre todo, en Asturias, cuyos sindicatos demostraron mayor eficacia en la articulación de consensos sociales e institucionales.

Dicha posición estructural de los sindicatos de AHM explica y retroalimenta tanto sus recursos de intervención como las diferentes estrategias que desplegaron durante aquellos 14 meses dirigidas, inicialmente, a defender la continuidad de la factoría y, más tarde, tras comprobar la ineluctable decisión de su cierre y el progresivo agotamiento de su capacidad de resistencia, a garantizar el mantenimiento del empleo y derechos laborales de los trabajadores afectados, así como los compromisos de posterior reindustrialización de la zona previstos en el Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre.

El factor clave fue, en ambos casos, la fuerte implantación de los sindicatos de clase en la empresa, que desde finales de los años sesenta había acumulado un sólido poder contractual (convenios colectivos, mejoras salariales, prestaciones sociales) basado en sus recursos asociativos de los que emanaban liderazgos representativos.

Poder sindical

Mientras que la tasa media de afiliación sindical en el País Valenciano apenas superaba el 12% a principios de la década de los ochenta, en AHM era del 65%, siendo 2.190 los adscritos a CC.OO. y 560 a UGT. La afiliación directa se complementaba con la representación indirecta a través de las elecciones sindicales que, en su segunda convocatoria (junio de 1980) registraron una participación superior al 75% de la plantilla, configurando un Comité de Empresa integrado por 19 delegados de CC.OO., 8 de UGT y 2 no adscritos.

Esta doble vía (presencia/audiencia) de agregación y representación confería al sindicalismo de clase de AHM, ampliamente hegemonizado por Comisiones Obreras, una gran capacidad de influencia de sus convocatorias a la movilización, tanto a nivel de empresa como en el conjunto de la sociedad saguntina, activando fuertes mecanismos de sociabilidad, identidad de clase y pertenencia a la comunidad. 

Con todo, dicha dualidad generó también problemas y choques inter e intra sindicales cuando, en la fase final del conflicto la Coordinadora, que había actuado inicialmente como caja de resonancia de las reivindicaciones obreras convirtiéndolas en demandas ciudadanas, provocó un choque de legitimidades con el Comité de Empresa sobre la gestión del conflicto laboral, derivado de los efectos distorsionadores de la crisis del PCE que salpicaban por entonces a CC.OO., enfrentando al sector más radical al frente de la Coordinadora con el más pragmático que lideraba el Comité de Empresa. En el caso de UGT las diferencias se produjeron entre su sección sindical en AHM, que respaldaba la posición mayoritaria del Comité de Empresa, y la Federación del Metal, defensora de la propuesta gubernamental para la reconversión siderúrgica.

Además, el diseño discursivo de la campaña, en clave negativa y orientación estrictamente local (No al cierre de AHM. No a la muerte de un pueblo), así como la frágil alianza inicial y posterior enfrentamiento con el gobierno autonómico, limitaron tanto la extensión de la protesta como la eficacia de la misma, a diferencia de lo que ocurriría en Asturias, cuyos sindicatos plantearon su estrategia en términos más positivos (Salvar Ensidesa es salvar Asturias) e inclusivos en alianza con, no contra, las instituciones regionales.

Pese a tales contradicciones, es justo y necesario reconocer que el movimiento sindical saguntino consiguió activar sus fortalezas y potencialidades mediante una larga campaña coral de movilizaciones que evolucionaría desde la resistencia reactiva al cierre de AHM a la negociación y defensa proactiva del empleo y los derechos de sus trabajadores, en un ejercicio de dignidad obrera que en ocasiones alcanzó niveles de epopeya social, similar a la huelga que por aquellos mismos meses mantenían los mineros ingleses, y que ha permanecido hasta hoy en la memoria colectiva de Puerto de Sagunto, articulando a tal efecto sus recursos de presión social y negociación institucional.

Durante la primera mitad de 1983 el conflicto tuvo un carácter fundamentalmente expresivo, con protestas destinadas a visibilizar la oposición de los trabajadores de AHM y ciudadanos de Sagunto al cierre de la factoría y su defensa de la viabilidad renovada de la misma. Más tarde, el decreto de reconversión de la siderurgia (RD 1853/1983, de 6 de julio) cerraría definitivamente dicha vía, lo que radicalizó tanto las medidas impuestas por la empresa (sucesivas oleadas de despidos, EREs, sanciones, reducción de la actividad productiva y amenazas de lockout…) como la respuesta de los trabajadores (nuevas huelgas, negativa al cierre del tren 28, manifestaciones y cortes de carreteras, retención del jefe de personal, ataque a la comisaría de policía…), en una dialéctica de acción/reacción que se prolongaría hasta bien entrado 1984.

De la protesta a la propuesta

Se hacía, pues, necesario un cambio estratégico que buscara una salida negociada al conflicto, conforme a lo que ya era entonces opinión mayoritaria de la población saguntina, expresada en una encuesta específica que, con carácter extraordinario, realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas en el pueblo a finales de aquel verano (estudio 1.362) y según la cual el 74% de los entrevistados optaba por “negociar con el Gobierno para que se creasen puestos alternativos de trabajo suficientes”, mientras que sólo el 15% se planteaba “resistir cualquier intento del Gobierno de cerrar la cabecera”.

Se trataba de activar los recursos institucionales del sindicalismo (poder contractual, negociación socio-política) que pusieran en valor la amplia movilización conseguida durante la fase de protesta y la transformara en una propuesta de acuerdo que garantizase el mantenimiento del empleo y los derechos sociales de los trabajadores de AHM, evitando el deslizamiento del conflicto hacia un callejón sin salida por el bloqueo de las alternativas y el progresivo agotamiento de los recursos de resistencia, tanto salariales como materiales y de presión social.

Mientras las pérdidas económicas acumuladas por los trabajadores desde el inicio del conflicto ascendían ya a 300.000 pesetas de media, equivalente casi a la nómina de 5 meses según las tablas salariales del convenio vigente, se iban agotando las reservas de carbón necesarias para mantener operativo el alto horno nº 2 cuya orden de cierre, dictada nuevamente por la dirección de AHM el 20 de febrero de 1984, había rechazado el Comité de Empresa, al tiempo que resultaban fallidas las últimas medidas de presión social realizadas, tales como la dimisión del alcalde socialista José García Felipe y 17 concejales de Sagunto el 27 de enero, o el posterior intento de huelga general convocada para todo el sector de industrias en reconversión que tuvo escaso seguimiento, al no sumarse varias grandes empresas valencianas como UNL, Macosa y Cointra que habían pactado ya sus respectivos convenios.

Así las cosas, el Comité de Empresa, presidido por el sindicalista de CC.OO. Miguel Campoy, propuso en una dramática asamblea celebrada el 22 de marzo de 1984, poner el horno nº 2 en posición de banking a cambio de la readmisión de los despedidos y el inicio de conversaciones con el INI para una salida negociada del conflicto, lo que fue mayoritariamente aceptado (2.041 votos a favor) por los trabajadores.

Los acuerdos de abril de 1984

El 4 de abril se firmó un pre-acuerdo entre las direcciones del INI y de AHM, el Comité de Empresa de la factoría y las federaciones estatales del sector metalúrgico de CC.OO. y UGT, por el que se fijaba el cierre definitivo de la cabecera de AHM a cambio de la creación por el INI de 2.100 puestos de trabajo en la comarca del Camp de Morvedre durante el período 1985-1987, garantizándose que no habría despidos sino que se mantendrían los derechos acumulados de los trabajadores mediante jubilaciones anticipadas voluntarias para los mayores de 55 años y la constitución de un Fondo de Promoción de Empleo (FPE), como paso intermedio a la recolocación del personal excedente, basado en la suspensión temporal de contratos de hasta 36 meses y unas percepciones equivalentes al 80% de las retribuciones brutas que tendrían en caso de estar en activo.

En la asamblea celebrada al día siguiente para informar de lo acordado se produjeron duros enfrentamientos entre partidarios y detractores del mismo, referidos tanto a su contenido sustantivo como a la forma prevista para su votación, planteándose incluso un choque de legitimidades entre instituciones representativas (Comité de Empresa vs Coordinadora) y decisorias (asamblea de fábrica o de pueblo), lo que reflejaba la existencia de dos modelos diferentes (sindicalista/populista) para la gestión final del conflicto. Mientras el sector mayoritario de CC.OO. y los delegados de UGT en el Comité de Empresa defendían el contenido del acuerdo y que fuese la asamblea de fábrica la que decidiese en referéndum sobre la ratificación del mismo, los “críticos” de CC.OO. y otros colectivos minoritarios, agrupados en una Coordinadora por entonces ya tan fragmentada como radicalizada, rechazaban el pacto acusando de traición a sus promotores y optaban por la asamblea popular como última instancia de decisión.

El referéndum celebrado el 10 de abril en la empresa, con una participación de 3.294 trabajadores (86% de la plantilla del momento), ratificó por amplia mayoría el modelo sindicalista de presión/negociación y el acuerdo finalmente suscrito: 2.157 votos a favor (65,5%), 1.033 en contra (31,4%) y 104 blancos o nulos (3,2%). 

Se cerraba así, con una ejemplar demostración de democracia obrera y liderazgo sindical, el mayor ciclo de protesta, movilización y propuestas de los trabajadores valencianos al tiempo que se abría una nueva etapa en la que, mientras se mantenía el seguimiento y aplicación de lo acordado en un proceso no exento de dificultades, aumentaba la sensación de incertidumbre ante el futuro del empleo, la economía y los proyectos, individuales y colectivos, de la población de aquel puerto de acero que había nacido y crecido con (y, en ocasiones, contra), desde, hacia, para y por el trabajo en la fábrica.

Pese a todo, el desenlace del proceso puso de manifiesto que sin la larga lucha de los trabajadores de AHM y del pueblo saguntino el contenido y posterior aplicación de aquellos acuerdos de abril, ratificados mayoritariamente, no hubieran sido los mismos, pues cuando se inició el conflicto el plan gubernamental se limitaba exclusivamente al cierre de la cabecera y el desmantelamiento de las instalaciones, con la correspondiente rescisión de los contratos de trabajo, sin incluir compromisos de empleo alternativo ni proyectos de reindustrialización como los que, cuarenta años después, han reactivado la economía, el trabajo y la vida del Puerto de Sagunto.