La trama que saqueó la depuradora de València empleó cuatro empresas fantasma y desvió dinero a Malta
Tras el saqueo de la empresa pública Emarsa, la sociedad que gestionaba la depuradora de Pinedo (València), se encuentra una red de políticos y empresarios que se concertaron para desviar hasta 24 millones de euros para todo tipo de negocios. Las investigaciones de la Agencia Tributaria sirvieron durante la fase de instrucción para afianzar las pesquisas y descubrir que fue necesaria una gran red de sociedades e ingeniería fiscal y financiera para conseguir sus propósitos. Este martes han comparecido en el juicio del caso Emarsa que se celebra en València dos de los inspectores de Hacienda que dirigieron y realizaron los informes que han desmontado el entramado corrupto.
La red llegó a crear cuatro empresas fantasma que se utilizaron para desviar el dinero defraudado y evadirlo de España a través de compras ficticias en Malta, paraíso fiscal dentro de la Unión Europea que en las últimas semanas ha vuelto a ponerse de actualidad por los Paradise Papers. A preguntas de la fiscal, el perito que realizó la investigación sobre las empresas de extracción de lodos de la depuradora de Pinedo ha confirmado que hasta cuatro de las sociedades que cobraron casi diez millones de euros por el supuesto tratamiento de fangos “no tenían actividad”.
Se trata de las mercantiles del empresario encarcelado por el escándalo, Jorge Ignacio Roca Samper. Las firmas Erwinin, Agrolemos, Zonday y Printergreen emitieron y cobraron facturas de Emarsa pese a que, según declaraciones del perito de Hacienda, “ni tenían local ni personal ni oficinas ni proveedores”. Incluso, ha llegado a explicar el funcionario de la Agencia Tributaria, cuando fueron a realizar las comprobaciones “tres de las empresas tenían como sede social un domicilio alquilado en el que residía una familia desde hace años”.
Según este perito, el empresario preso Jorge Ignacio Roca era definido por los investigadores como “facturero” porque utilizaba sus empresas para incrementar el precio de los servicios prestados gracias a interponerlas entre sí y facturarse mutuamente. Así y como ejemplo de la dimensión del saqueo, según el informe de Hacienda validado esta mañana en el juicio, el coste real de extracción de lodos en el año 2008 ascendió a 850.089,21 euros, mientras que el dinero que abonó Emarsa a las empresas fantasma de Roca fue de 2.523.235,19 euros. Tres veces más.
Con este modus operandi, entre 2004 y 2009 los saqueadores consiguieron desviar entre nueve y 11 millones de euros de dinero público a través de las cuatro sociedades interpuestas. Solo una, Adobs Orgànics, realizó los trabajos de extracción de lodos y posterior depósito para uso agrícola.
¿Cómo entonces se retiró el dinero de las empresas fantasma? El perito de Hacienda ha explicado que de la contabilidad de las cuatro empresas se desprende que una importante cantidad de dinero que ingresaron de la depuradora de Pinedo se extrajo a través de cajeros automáticos en dinero en metálico. La otra gran parte del capital se consiguió desviar vía Malta a través de compras a la empresa Walnut Grove LTD, también administrada por Jorge Ignacio Roca. En este caso casi tres millones de euros entre los años 2009 y 2010, con el escándalo a punto de estallar.
La sociedad Walnut Grove LTD realizaba compras ficticias a Printergreen, según el perito de Hacienda, que pagaba por transferencia bancaria internacional. Una vez el dinero llegó a esta sociedad, la Agencia Tributaria perdió su rastro, según reconoció el propio funcionario. Según se ha podido confirmar en la posterior investigación que se ha demorado durante seis años (2010-2016), la sociedad maltesa de Roca realizó otras compras ficticias en China y Panamá, lo que permitió al empresario ahora encarcelado esconder parte del capital evadido. A día de hoy este dinero todavía no ha sido localizado.
El juicio del caso Emarsa se continúa celebrando en la sala segunda de la Audiencia de Valencia y está previsto que se prolongue hasta mediados de diciembre. Todos los acusados y testigos ya han declarado y faltan las declaraciones de otros peritos de Hacienda. La investigación se inició en octubre de 2010 y el juicio arrancó en mayo de 2017. Se juzga a 25 personas y se investiga un saqueo de hasta 24 millones.
