No habían pasado más que unas horas de las elecciones cuando el equipo del socialista Ximo Puig, que ganó los comicios autonómicos el 28 de abril y se aseguró continuar en la presidencia de la Generalitat Valenciana con el apoyo de sus socios de Compromís y Unides Podem-EUPV, inició una maniobra para derribar a la directora general de la radiotelevisión autonómica À Punt.
Una comisión de seguimiento del contrato-programa de la cadena pública, que no se había puesto en marcha durante meses, fue convocada el mismo lunes 29 de abril y desde el Palau de la Generalitat se enfatizó que no había asistido a la reunión la directora general Empar Marco, objeto de una serie de críticas a su gestión.
Marco se ha convertido en un objetivo a batir por parte de los socialistas, que no parecen dispuestos a esperar a marzo de 2020, cuando debe decidirse si se prorroga o no su mandato, para lograr su marcha y situar en su puesto a alguien afín, una persona que tenga sintonía con el presidente de la Generalitat.
La audiencia de la cadena, cuyas emisiones de televisión acaban de cumplir un año, con una media cercana al 2% de audiencia, la gestión del presupuesto y la rendición de cuentas son algunos de los aspectos que se critican a la directora general, a quien el mismo Puig negó una ampliación del presupuesto de 55 a 66 de millones de euros anuales cuando lo solicitó, en septiembre de 2018.
La ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació impide que el coste de personal supere un tercio del total y la plantilla de unos 450 empleados ya supera ese límite. Socialistas y Compromís pactaron una prórroga de la medida para evitar que la cadena incurriera en ilegalidad.
Toni Cantó, de Ciudadanos, pidió la dimisión de Empar Marco y criticó À Punt como una cadena próxima a Compromís ante las mismas cámaras de la televisión valenciana en el periodo electoral. El PP, por su parte esgrimió durante la campaña una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la aprobación del primer presupuesto de À Punt, en 2017, porque lo aprobó el Gobierno de Puig y no las Corts Valencianes. Un hecho atribuible al Gobierno valenciano y no a la empresa pública de radio y televisión.
La directora general y el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, han sido citados a declarar como querellados en el juzgado como consecuencia de una querella presentada por el PP por la contratación de una serie y de diversos altos cargos de la cadena. El juzgado ha pedido documentación sobre el contrato con la productora, que dirige un exconcejal socialista, y sobre una docena de directivos de À Punt.
Sin embargo, À Punt ha cubierto las elecciones generales y autonómicas sin ninguna denuncia de parcialidad, pese a lo excitado de las posiciones de los partidos. Todos los candidatos fueron entrevistados y el debate electoral de À Punt suscitó comentarios positivos por lo constructivo y digno de su resultado. En sus programas informativos aparecen políticos de todos los partidos. Este criterio contrasta notablemente con la manipulación y la corrupción que caracterizaron la gestión de la anterior cadena de radiotelevisión valenciana en la época del PP, que acabó cerrando Canal 9 en noviembre 2013, aplastado por una deuda enorme y la imposibilidad de mantener una plantilla que llegó a superar los 1.600 empleados.
El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació escogió a Empar Marco, entonces corresponsal en Valencia de TV-3, en febrero de 2017 en un concurso al que concurrieron otros candidatos y en el que obtuvo seis de los nueve votos del organismo frente a Josep Ramon Lluch, el candidato que Puig habría visto con buenos ojos. El organismo se reúne este viernes en medio del acoso promovido desde presidencia de la Generalitat. El orden del día incluye sendos informes del presidente y la directora general, el plan de la cobertura informativa de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo y la memoria anual de 2018.
La maniobra de Puig se ha activado cuando todavía no han comenzado las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno autonómico con Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida de cara a la reedición del Pacto del Botánico, que llevó en 2015 a la izquierda al poder en la Generalitat Valenciana.