El enquistamiento del problema valenciano o como Madrid pasa de la financiación valenciana
De izquierdas y de derechas. Los sindicatos y la patronal. El gobierno y la oposición. Todas las fuerzas vivas de la sociedad valenciana llevan tiempo -años- clamando por una mejor financiación autonómica, el dinero que las comunidades autónomas reciben del estado para sufragar su actividad. Hay consenso al subrayar la centralidad de lo que Ximo Puig define como el “problema valenciano”: la inviabilidad de la Generalitat -antes con el PP, y ahora con el PSPV-PSOE y Compromís en el Consell- con sus actuales recursos.
La rocosa unión del establishment valenciano no tiene, sin embargo, eco en Madrid. Es cierto que Pedro Sánchez se ha comprometido ante el presidente de la Generalitat a enviar más dinero. Que Ciudadanos, tras sus titubeos iniciales, reconoce la necesidad de blindar con dinero los servicios básicos. Y que Podemos, e incluso el PP, pese a su inacción en estos cuatro años y medio en La Moncloa, reconoce la gravedad del asunto. Pero una cosa son los discursos y otra los hechos. “Hablar [por predicar]no es dar trigo”, como dijo Mariano Rajoy en el debate entre candidatos.
Y de la financiación, ni hablan. En el debate sobre economía el tema ni se mencionó por parte de los cerebros de los cuatro grandes partidos: Tampoco en el de candidatos. Aún peor: los programas de los partidos estatales (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) recogen alusiones vagas y someras al problema más acuciante para la autonomía valenciana. Necesidad de garantizar el núcleo duro del estado del bienestar, solidaridad entre territorios, trato igual a los españoles ... sin menciones concretas a la Comunidad Valenciana.
La resolución del problema es muy compleja. Con el estado incurriendo en déficits permanentes -y Bruselas pidiendo más recortes- no parece fácil incrementar los recursos generales y menos destinar estos a financiar a las comunidades autónomas. Restar dinero a las comunidades mejor financiadas -el País Vasco y Navarra, gracias a sus regímenes especiales- es tabú, aunque Puig lo sugirió en su día. Redistribuir el actual reparto choca contra los intereses adquiridos, el status quo, como se denomina en jerga política.
Ningún gobernante aceptará de buen grado perder dinero para destinarlo a comunidades infrafinanciadas como la valenciana o Murcia. Además, el sistema tiene un diseño casi desentrañable. Se nutre de una panoplia de fondos; impuestos cedidos a las autonomías de forma íntegra, como sucesiones o patrimonio; u otros de forma parcial (IRPF, IVA y especiales). En el reparto se contempla no solo la población, sino factores como la dispersión de la población o el envejecimiento, que, se supone, encarecen los servicios y demandan de más dinero.
La dificultad de la tarea y su escasa importancia en el discurso estatal (el déficit, el empleo, la precariedad o las pensiones dominan el debate) auguran que el nuevo sistema de financiación no será realidad de forma inminente. En 2016, imposible, tras la convocatoria de las elecciones del 26 de junio. ¿En 2017 y con carácter retroactivo? Tal vez. Mientras, la Generalitat sigue haciendo ejercicios de funanbulismo para gestionar la administración valenciana con 3.500 millones menos al año de los que debería tener.
