El epitafio del régimen corrupto de Zaplana

Y 34 años después de debutar como emprendedor en el competitivo mundo de la corrupción, con el caso Naseiro, Dios se hizo hombre. Eduardo Zaplana Hernández-Soro ya es oficialmente, y salvo que el Tribunal Supremo dictamine lo contrario, un delincuente. Desde hoy, en el PP y en el amplio círculo zaplanista de políticos (incluido el presidente Carlos Mazón), empresarios, juristas y periodistas que comieron de su mano, el Molt Honorable tendrá tratamiento de “ese señor del que usted me habla”.

Diez años y cinco meses de prisión (unos 3.800 días); 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público y otros 3 para el ejercicio de su profesión y 25 millones de multa. Una sentencia que lo considera “criminalmente responsable” de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, explicados a lo largo de 364 páginas. Es la puntilla judicial al cabecilla de una banda que se enriqueció con las comisiones pagadas por los Cotino por el amaño de la privatización de las ITV. El expresidente fue el principal beneficiario de los 20,6 millones de dinero sucio de las comisiones ilegales. “Zaplana era el verdadero titular de los fondos” de las empresas montadas para catalizar las mordidas y de la cuenta de Andorra, según sentencia. Y fue el impulsor del entramado financiero internacional para ocultar los activos.

La estrategia del fiscal Anticorrupción Pablo Ponce de atar las confesiones de los más estrechos colaboradores del expresidente en el golpe ha sido crucial para que, por una vez, el pez gordo se haya llevado la mayor de las condenas.

Atrapan al rey del escapismo judicial

La sentencia es, sobre todo, el epitafio de un régimen cleptocrático del que Zaplana fue arquitecto e impulsor y que se cimentó sobre una economía de tocomocho, un casino inmobiliario. La condena judicial le llega a este bróker de las cloacas, que gozó de impunidad desde finales del siglo XX, en el día de Santa Teresa de Jesús, que no era zaplanista pero fue visionaria al proclamar que la verdad “padece, pero no perece”.

Casi tres décadas se pasó el Harry Houdini de la política del subsuelo practicando el escapismo judicial en todos los escándalos que fue coleccionando: la compra de la tránsfuga Maruja Sánchez para llegar a la alcaldía de Benidorm un 21 de noviembre de 1991, el caso Sanz, el caso Terra Mítica (el útero de la corrupción zaplanista), la causa IVEX-Julio Iglesias, el escándalo Lezo… Todos los asuntos turbios y corruptelas fueron el caso Zaplana, pero a este jamás le salpicó judicialmente la mierda. No fue a declarar nunca, ni siquiera como testigo.

Hasta que un 22 de mayo de 2018, a las 8,05 horas, fue detenido ante el número 12 de la Calle de Pascual y Genís de València. Fue la foto de la caída del régimen. Entonces lo enjaularon y, tras 9 meses en prisión, salió a la calle. Salvo que la suerte lo acompañe en la batalla de los recursos, Zaplana volverá a Picassent, la prisión que justamente se inauguró en 1991, el año en el que arrancó una meteórica carrera política que lo catapultó hasta las mismísimas puertas sucesorias de la Moncloa de Aznar, quien lo fichó como ministro.

El ya condenado Olivas, absuelto en Erial

Zaplana es el segundo presidente de la Generalitat condenado a prisión después de que José Luis Olivas fue declarado en 2017 culpable por falsificar una factura de 580.000 euros cobrada por su consultora, Imarol, al empresario Vicente Cotino. La sala cuarta de la Audiencia Provincial absuelve ahora a Olivas, quien precisamente ha sido procesado como acusado de camuflar con esa facturación de servicios de asesoría una supuesta mordida por mediar en la adjudicación del Plan Eólico.

“Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado; necesito mucho dinero”, proclamó en febrero de 1990. Tomó un atajo y solamente descarriló en el último tramo del viaje.

Una juez, un fiscal y la UCO

La suerte le fue esquiva. Dejó seis hojas olvidadas en las que se esbozaba el amaño de dos contratos que no están ni en el hit parade de las cincuenta adjudicaciones más suculentas en sus siete años de presidente. Luego tropezó con una jueza instructora (Isabel Rodríguez), un fiscal Anticorrupción (Pablo Ponce) y un grupo de agentes de la UCO de la Guardia Civil que no se arredraron ni antes ni durante el juicio a la hora de componer el mapa de los más de 20 millones de euros del tráfico de comisiones pescadas en Valencia y escondidas en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza u Holanda.

La jueza, el fiscal y la UCO permitieron cosechar una ingente cantidad de pruebas e indicios que situaban al expresidente como el verdadero propietario de todos los activos. No fue una investigación fácil. De entrada, no pudieron intervenir su teléfono móvil. Tampoco contaron con mails o whatsapps cruzados con su segundo gestor fiduciario, el abogado uruguayo Washington Fernando Belhot. En ocho años no se cruzó un solo escrito. Tampoco había contrato de fiducia firmado (fue un acuerdo verbal) entre Zaplana y este doctor en ingeniería financiera off shore. En esas condiciones no era fácil encajar las piezas. Y por eso el juicio era más decisivo si cabe. De ahí que el fiscal se empleara a fondo en atar acuerdos de conformidad con el círculo zaplanista.

Los que cantaron lo enjaularon

La vista fue demoledora para los intereses del exministro, quien vio cómo se evaporaba esa ley del silencio, que en su reinado se cumplía a rajatabla a base de sellar bocas con fajos de billetes. Cuatro integrantes de su banda rompieron la omertà para evitar la cárcel, que es un inhibidor de lealtades. Las confesiones de los empresarios Vicente y José Cotino, pagadores de las comisiones, por el amaño de las concesiones de ITV, han sido tan determinantes como los acuerdos de conformidad alcanzados con el fiscal por Juan Francisco García, Juanfran, exjefe de gabinete, y Joaquín Barceló, Pachano, amigo de la infancia y principal testaferro de Zaplana.

Los Cotino y García admitieron el amaño del concurso con la participación de Zaplana y el “tío Juan” Cotino, a cambio de pagar como mordidas un 30% de las plusvalías que ganaron. Pachano se abrió en canal para vender a “Don Eduardo”. Este último coincidió con el fiscal y con Belhot, en que todos los activos de Zaplana: el dinero de Imison en Luxemburgo a nombre de Pachano y gestionado por Beatriz García Paesa; el que luego pasó a estar titulado por Belhot; las inversiones de Costera del Glorio, Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, que catalizaron el blanqueo de capitales... El piso del barrio de Salamanca, los áticos de Altea, los terrenos de la Vila Joiosa, varios barcos a nombre de terceros, como el amigo de Zaplana Francisco Pérez, Paco El Gasofa… El dinero de las cuentas de Andorra, donde llegaron a ingresarse casi 10 millones de euros… La sentencia reconoce ahora toda esta tramoya financiera.

Zaplana se negó a pactar con el fiscal

A Juanfran le han caído 2 años y 9 meses. Inicialmente, el fiscal pedía 14. A Vicente Cotino se le condena a 3 años y 5 meses y 4 millones de multa y a su hermano José, que es más discreto, a 2 años y 320.000 euros. Pachano, por su parte, ha sido agraciado con 1 año y 3 meses y 5 millones de multa. A todos les ha salido a cuenta colaborar con la justicia a última hora.

El expresidente no quiso hacerle caso a Juanfran cuando le recomendó que pactara con el fiscal. Ahí se rompieron 46 años de amistad. Y negocios. Porque siguen compartiendo la custodia de unos cuantos secretos. No en balde, el jefe de gabinete era director del tráfico de dinero en los bajos fondos.

Tampoco se avino a conformarse el asesor fiscal de Zaplana y primer arquitecto financiero de la trama, Francisco Grau, quien recibe la segunda mayor de las condenas: 5 años por blanqueo y 20 millones de multa.

La muy leal secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, ha sido absuelta. Belhot declaró que le hizo llegar, a través de cambistas, 2,3 millones de euros y dólares de Zaplana, extremo que negó la secretaria. La sentencia da por probados los hechos, pero no condena a la secretaria.

En su declaración judicial, el doctor en ingeniería financiera off shore Belhot, puso el cuarto clavo al cadalso judicial del expresidente. El uruguayo, de la escuela Mossack Fonseca (el despacho matriz de los Panama Papers), corroboró que todo el dinero era del expresidente.

Se equivocó al estar “convencido” de su inocencia

Al exjefe del Consell le traicionó el subconsciente cuando dijo estar “convencido” de su inocencia. Como si opinara de un vecino o de un primo segundo. La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha optado por dar crédito a los hechos probados antes que a cuestiones de fe. O a todo el circo conspiranoico que montó desde octubre de 2021 cuando requirió los servicios de personajes de tan acreditada credibilidad como el excomisario José Manuel Villarejo o Marcos Benavent, el yonqui del dinero. Ellos y el abogado de Zaplana, Daniel Campos, quisieron colar la teoría del complot urdido por la UCO, el CNI (al que adscribieron al ciudadano sirio que halló los papeles que esbozaban el desfalco), un poco el PSOE, un mucho el propio PP (por el miedo de Rajoy a que le disputara el liderazgo)… “Esta sala no puede tener por probada la teoría de la conspiración que se intentó introducir”, dice la sentencia.

El exministro no ha podido esquivar la condena. Los próximos veranos tendrá más complicado volver a alquilar un barco como el FranJack para pasar unas vacaciones en la Costa Azul al módico precio de 70.000 euros. Pagados por la empresa Zarcar, de Paco el Gasofa, el representante de la cuota de los currantes en la ya desarticulada banda de Zaplana.