El empresario Luis Fernando Castel Aznar, que recibió la adjudicación de las evaluaciones externas de los proyectos de la cooperación valenciana, ha reconocido ante el tribunal que existieron “listas negras” de ONG. Castel ha reconocido que el funcionario acusado Marc Llinares, que llegó a un acuerdo parcial con la Fiscalía anticorrupción, “daba instrucciones con lo que entendía que debíamos evaluar”. Así, sin ningún tipo de criterio técnico, las puntuaciones de los proyectos aumentaban o disminuían en función de la afinidad o la antipatía de las ONG con los responsables de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno de Francisco Camps.
El empresario, ingeniero de profesión, obtuvo varias adjudicaciones en una Unión Temporal de Empresas entre Caaz SL y el despacho de abogados Broseta hasta que el contrato finalizó el 9 de mayo del 2010. Tres días después, Castel constituyó la empresa Expande SL, que finalmente obtendría los siguientes contratos para evaluar las propuestas de las ONG para optar a financiación de la Conselleria. “Los mismos de Caaz éramos los mismos que en Expande”, ha reconocido el ingeniero. “La dirección, el objeto [del contrato], el cliente, las mesas, los bolis y hasta la señora de la limpieza son los mismos”, ha explicado Castel. De hecho, el propio Marc Llinares, así como la funcionaria Tina Sanjuán, han reconocido en su escrito de conformidad, que los contratos con Expande SL fueron “amañados”, según ha recordado el fiscal Jesús Carrasco, pese a que el empresario ha rechazado ese extremo.
Los informes de evaluación externalizados ni siquiera eran vinculantes. Jesús Urquizu Delgado, empleado de las empresas evaluadoras y que cuenta con un acuerdo parcial con Anticorrupción, ha reconocido que las peticiones de cambiar las puntuaciones a los proyectos que presentaban determinadas ONG “llegaban de Castel con origen en Marc Llinares”. Entre la enorme masa documental que conforma el sumario figura un documento de Word incautado durante el registro del domicilio de Llinares con un revelador título de “instrucciones para el arreglo de las convocatorias”.
Tras los vaivenes en las puntuaciones, y sólo cuando determinadas ONG que luego desviaron fondos a empresas de varios implicados en la trama obtuvieron la puntuación necesaria para acceder a la financiación de la Generalitat, los evaluadores externos elaboraban una suerte de “ranking” con la clasificación final del conjunto de proyectos. “Todas las modificaciones de ranking las hacía yo, o alguien de Expande, siempre a instancias de Llinares o de Castel”, ha explicado el evaluador Jesús Urquizu. “Esta organización debe llegar al borde, ésta se queda por encima o por abajo”, ha ilustrado el acusado sobre las instrucciones que recibió.
Algunas supuestas ONG que habían obtenido resultados muy bajos en la evaluación inicial, conseguían después “aumentos muy elevados” en la puntuación final, ha recordado el abogado de la acusación popular de la Cooordinadora Valenciana de ONG.
Jesús Urquizu, ingeniero industrial, ha reconocido que ninguna de las personas contratadas tenían “experiencia en evaluación de proyectos de cooperación”. “Un proyecto de cooperación es bastante sencillo” de evaluar, ha indicado por su parte Luis Castel. El fiscal anticorrupción ha aprovechado para preguntar a Castel si conocía los criterios de evaluación -de aplicación obligatoria en aquella época- de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, a lo que el acusado ha respondido que no.
El representante del Ministerio Fiscal ha trazado la cronología de adjudicaciones que recibió Castel, y también un hermano suyo, de conselleries de Rafael Blasco (Territorio o Sanidad, por ejemplo) pero el empresario ha negado tener relación alguna con el expolítico del Partido Popular.