El exalcalde socialista de Bigastro (Alicante), José Joaquin Moya, se embolsó un total de 312.000 euros en metálico de un constructor. Así ha quedado “acreditado”, según reza la sentencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante que lo ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación administrativa malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas. Moya fue alcalde por el PSPV-PSOE en Bigastro, un municipio De la Vega Baja, entre 1983 y 2008, año en que fue detenido en el marco de otra causa judicial. También fue diputado y senador en la década de 1980.
Los hechos, denunciados inicialmente por la alcaldesa popular Rosario Bañuls, se remonta a la aprobación definitiva de un Programa de Actuación Integral (PAI) de un nuevo sector del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad alicantina. Un socio de la empresa Construcciones y Promociones Giesco SL entregó 312.000 euros en mano al entonces alcalde en su despacho, según el apartado de hechos probados de la sentencia.
En total, el empresario abonó un millón de euros al consistorio, mediante carta de pago. Sin embargo, el exprimer edil “se apoderó” de 312.000 euros “a pesar de que por su cargo, debía asegurarse de que el dinero era ingresado en las arcas municipales y destinado a fines o necesidades públicos”, según indica el fallo. los fondos no constan contabilizados en las cuentas municipales ni ingresados en las arcas del consistorio.
Además de incumplir el procedimiento normativo, el alcalde anticipó la condición de agente urbanizador de Giesco SL “enajenándole directamente el 10% del aprovechamiento urbanístico, sin que existiera ningún control y/o fiscalización sobre dicho precio ni del procedimiento a seguir, que en todo caso, debería asegurar la concurrencia pública”. Tampoco se firmó convenio alguno ni se presentó el aval correspondiente.
En 2009, la empresa reclamó la devolución del millón de euros que había pagado mediante cartas de pago. Nueve años más tarde, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) estimó el recurso de la firma y fijó la cantidad a devolver un millón de euros además de los intereses legales.
El primer pago (de 300.000 euros) se efectuó el 9 de agosto de 2005, un día después de que el pleno del Ayuntamiento de Bigastro acordara exponer al público el proyecto urbanístico.
Por su parte, el exsecretario-interventor de la Corporación, Antonio Saseta, condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a pesar de tener conocimiento de los pagos, “consintió” que José Joaquin Moya “se apoderara” de los 312.000 euros, indica la sentencia.
La causa se inició en 2015 tras una denuncia de la actual alcaldesa popular, Rosario Bañuls, que reseñaba “graves irregularidades” en relación con “importantes cantidades de dinero que se obtenían como consecuencia de la enajenación de suelo público”. Bañuls aseguró durante su declaración como testigo en el juicio celebrado en tres sesiones entre los pasados meses de octubre y noviembre, que cuando aterrizó en el despacho consistorial “no había dinero ni para gasolina de la Policía”. También afirmó que la contabilidad era un “desastre”.
Por su parte, el socio y administrador de la constructora, preguntado por el primer pago efectuado un día después de la decisión del pleno municipal de exponer al público el PAI, dijo que “no sabía si era legal o no”. El testigo reconoció que el dinero lo entregaba “materialmente” en el despacho del alcalde, aunque no recordaba si el interventor municipal estaba presente.
Antes de que se aprobara definitivamente el PAI y de que la empresa adquiriera la condición de agente urbanizador, Giesco SL empezó a entregar el dinero, lo que “se traduce” en una adjudicación directa sin ningún tipo de fiscalización ni justificación de su precio.
En definitiva, la actuación de los condenados supuso una “infracción grave, grosera y arbitraria de las normas de procedimiento, del que se prescinde de forma absoluta”, concluye la Audiencia Provincial de Alicante. Además, queda “acreditado, sin sombra de dudas” que José Joaquin Moya distrajo de los fondos municipales, con ánimo de lucro, los 312.000 euros. La sentencia considera que se ha garantizado plenamente el derecho a la defensa de los condenados y alude a la documentación aportada por la empresa constructora y los informes periciales que constan en la causa.
El fallo, contra el que cabe recurso, impone al alcalde una indemnización de 162.000 euros al Ayuntamiento de Bigastro y de 162.000 euros, a abonar conjunta y solidariamente junto con el interventor.