El juez del caso Imelsa ha imputado a dos exdiputados provinciales del PSPV-PSOE, otro del PP y un asesor en la ramificación del caso en la que se investigan contrataciones ficticias e indemnizaciones irregulares en la empresa dependiente de la Diputación de Valencia. Imelsa estaba dirigida por Marcos Benavent, el yonqui del dinero, hombre de confianza de Alfonso Rus, dirigente del PP y expresidente de la Diputación de Valencia.
Los socialistas investigados son Rafael Rubio y Raúl Pardos. El primero es un veterano dirigente socialista: compitió con Rita Barberá por la alcaldía de Valencia, fue portavoz en la diputación y también, en la legislatura pasada, portavoz adjunto en las Corts Valencianes. Ahora ha sido nombrado coordinador de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, un cargo de designación política al que sólo pueden acceder funcionarios.
Pardos es exdiputado provincial y alcalde socialista de Gestalgar. Como Rubio, formó parte del consejo de administración de Imelsa. A diferencia de su compañero de partido, ya declaró ante la Guardia Civil en febrero de 2016 por el caso. El tercer y cuarto imputados son un exdiputado provincial del PP, Salvador Enguix, y un exasesor de esta formación política.
Los cuatro declararán el 7 de octubre en las diligencias abiertas por malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación. El caso Imelsa o Taula consta de seis piezas separadas. Una de ellas investiga la contratación sin pruebas de acceso de trabajadores sin funciones conocidas -zombies, en la jerga- o indemnizaciones irregulares por despido. Estas imputaciones responden a este asunto.
100 investigados en el mayor caso de corrupción del PP
Según el TSJ valenciano, en el “Caso Imelsa” hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Este puede ser el mayor caso de corrupción que afecta al PP valenciano.
Juez, fiscal y Guardia Civil investigan una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones valencianas, controladas por el PP, algunos de cuyos responsables amañaban contratos y cobraban comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Las supuestas irregularidades afectan a la Diputación de Valencia vía Imelsa, el ayuntamiento de Valencia, asunto por el que el Tribunal Supremo investiga a Rita Barberá, y la Generalitat, a través de Ciegsa, la empresa que construía los colegios públicos.
La causa está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal, aún secreta, y cinco separadas, una de ellas, también secreta.