Tres directivos de Unión Naval de Valencia, empresa que preside el líder del lobby Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se sientan esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia por un supuesto fraude en subvenciones europeas.
La sección 5ª de la Audiencia Provincial de València juzga a la exsecretaria general del astillero de Boluda, Alicia Martín, al exdirector general, Antonio Martín, y al director de recursos humanos de la corporación marítima, Francisco Tirado. Se les acusa de haber falseado documentación y de desviar fondos europeos por valor de 354.000 euros destinados a cursos de formación para otros fines. Fiscalía pide seis años de prisión por delitos continuados de falsedad y estafa o cuatro años si el delito probado es de fraude en subvenciones, además de devolver al Estado la cuantía desviada.
Según el Ministerio Público, los tres directivos, entre 2008 y 2010, decidieron obtener subvenciones que otorgaba anualmente la presidencia de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval para organizar cursos de formación para los trabajadores que, según Fiscalía, no se realizaron. El Ministerio Público señaló en su escrito que consideraba que “los acusados aprovecharon la relación comercial que mantenían con empresas que facturaban a Unión Naval Valencia, SA por otros trabajos realmente prestados que nada tenían que ver con cursos de formación subvencionados”. La investigación apunta que los directivos aprovecharon la relación de la empresa de seguridad Progene para pedirle a su responsable que firmara facturas en blanco, que posteriormente se rellenaban con otros conceptos.
Durante el juicio que se celebra hasta el miércoles, la exdirectora general ha negado conocer los hechos que se le imputan alegando que tenía muchas responsabilidades más allá de la empresa. Martín ha declarado que no participaba en las solicitudes de fondos europeos, aunque según la investigación su firma aparece en la documentación. Martín ha asegurado que “no estaba en el día a día de Unión Naval” y que por sus funciones, la gestión financiera del grupo a partir de 2008, tenía “poderes que iban más allá de Unión Naval. Podía firmar pero no quiere decir que estuviera participando” de la redacción de los proyectos para solicitar las subvenciones.
Asimismo, la exnúmero dos de Boluda ha señalado que no tenía conocimiento de los ingresos que llegaban a las cuentas procedentes de fondos europeos, que estos, según ha explicado, no formaban parte de las previsiones de ingresos. Martín ha asegurado que recibió cursos de formación de inglés y francés y que estos se ofertaban a otros compañeros. En 2008, año que se investiga, Martín fue ascendida a responsable del grupo Boluda, haciéndose cargo de la reestructuración de las sociedades del grupo y de gestionar su deuda.
Los otros dos acusados, Antonio Martín y Francisco Tirado, se han acogido a su derecho a no declarar y solo responden a preguntas de sus abogados. Tirado, responsable de Recursos Humanos del grupo empresarial, ha insistido en que los cursos de formación se realizaban mensualmente en función de las necesidades que desde el astillero transmitían. Según ha explicado, conocía al responsable de la empresa de seguridad Progene (o Segurlabor, dependiendo de sus funciones) y se le adjudicó a esta empresa la impartición de cursos de prevención laboral.
Según su relato, como Progene no podía asumir los costes de la Seguridad Social durante un año -tiempo que según ha explicado tardaban en llegar los fondos a la empresa y que la gerencia autorizaba para pagar-, el empresario facturaba por las horas trabajadas, cobraba al mes siguiente, y al finalizar el año se “modificaban” y “ajustaban” las facturas al concepto. Tirado ha señalado que se hacían facturas de 30.000 y 40.000 euros por el total de horas trabajadas y que los empleados de seguridad no realizaban otro trabajo mientras impartían la formación. Las facturas provisionales, ha dicho, se llevaban al departamento de Contabilidad y se pagaban cada mes. Después, se ajustaba el concepto del curso en cuestión para “adecuarlo a la realidad”. Sin embargo, asegura que no eran facturas en blanco porque “eso no se hace en ninguna empresa”.
Según Tirado, cuando en 2010 Unión Naval suspende su relación con Progene, el responsable de ésta pasa a tener una actitud “agresiva” con él y a llamarle ocasionalmente amenazando con denunciarle por los cursos de formación. Durante el resto de la semana declararán 9 testigos, extrabajadores del astillero.