El 'facturero' de Emarsa en el juicio por el fraude en el IVA: “Tenía 17 sociedades, facturaba al 7% y refacturaba al 16% para obtener más comisión”

Jorge Ignacio Roca, el facturero de la trama que saqueó la empresa pública Emarsa ha dado una clase magistral sobre corrupción en la primera sesión del juicio por el fraude del IVA. Los acusados —Roca; Enrique Crespo, expresidente de Emarsa; Esteban Cuesta, exgerente de la empresa pública; y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos— han declarado en la primera sesión del juicio ante la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de València por el presunto fraude del IVA en las facturas a la entidad pública.

Roca ha respondido a las presuntas del Ministerio Fiscal, en un tono altivo y desafiante por el que la magistrada le ha llamado la atención, con una explicación detallada de la función de un facturero en una trama de corrupción como el caso Emarsa, por el que el Tribunal Supremo ha impuesto largas condenas de prisión a los responsables del fraude. Roca ha asegurado que se compinchó con el empresario José Luis Sena para repartir el sobreprecio de las facturas. “Si han visto Barrio Sésamo es muy fácil”, ha dicho. El acusado facturaba el IVA de la gestión del tratamiento de los lodos al 16% (cuando el porcentaje correcto era del 7%): “Los auditores desde el 2004 me permiten ejecutar mi gestión de comercializacion de mis servicios del lodo al 16, yo no soy quien para bajarlo al siete”, ha declarado Roca.

El facturero tenía 17 sociedades mercantiles sin trabajador alguno (“empleados, ¿para qué?”, se ha preguntado) y ha reconocido que facturaba al 7% y refacturaba al 16% “para obtener más comisión”. Roca cruzaba las facturas falsas entre sus numerosas empresas y “todos los años” aumentaban el precio. “Todos esos años estuvimos con la promesa de que el Partido Popular nos estaba protegiendo y amparando”, ha asegurado. 

En una primera etapa, el facturero entregaba las presuntas comisiones en sobres, aunque en 2008 puso en marcha otro sistema. Roca movió el dinero entre 18 cuentas diferentes, unas cuentas que tenían una tarjeta de crédito asociada para que los saqueadores esquilmaran tranquilamente los fondos públicos (llegó a tener “veintitantas tarjetas”). “En vez de manejar en metálico, que llamaba mucho la atención, era más cómodo que cada uno tuviera una tarjeta, estaban expedidas a mi nombre”, ha declarado el acusado. En una tercera etapa, el facturero movía el dinero a por el extranjero (transfería el dinero a Malta y de ahí a una empresa de Belice con una cuenta bancaria en Andorra, que transfería a su vez a China, de donde Roca recuperaba los fondos).

En 2009, el facturero conoció la identidad de los destinatarios de las comisiones: Esteban Cuesta, el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Supremo; Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación (diez años de condena); José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), condenado a nueve años; y Enrique Arnal, director económico financiero de la empresa pública, condenado a ocho años y seis meses.

El tono de Roca, por momentos altivo y desafiante con la representante del Ministerio Fiscal, le ha valido una reprimenda de la magistrada, que le ha espetado: “No puede usted increpar así a la fiscal”. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, se ha negado a declarar y Crespo sólo ha contestado a las preguntas de su defensa. El exvicepresidente de la Diputación de Valencia ha declarado que no tenía responsabilidad en materia económica y ha adjudicado ese negociado a Arnal, un directivo que reconoció en su recurso ante el Tribunal Supremo que consumía anfetaminas durante el periodo del saqueo. “Yo tenía el mismo conocimiento que los miembros del Consejo de Administración”, ha dicho el expresidente de Emarsa. 

Los letrados de las defensas han intentado anular el juicio en las cuestiones previas argumentando que los hechos son “cosa juzgada”. La letrada de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha acusado a la Abogacía del Estado de “resucitar” la causa por el “afán recaudatorio” de Hacienda. “Es un auténtico fraude de ley”, ha dicho la letrada que representa a la entidad, que figura como acusada y perjudicada en la causa. La magistrada, debido a la “complejidad” de las cuestiones previas, se ha reservado la posibilidad de valorarlas en la sentencia.