Las siete familias que viven en el bloque número 2 de la calle de Caixers, incluida Teresa Ramón, una mujer de 84 años que vive sola, han denunciado la dramática situación en que se encuentran.
Los afectados han recordado las declaraciones tanto del alcalde Joan Ribó como de la vice-alcaldesa Sandra Gómez hechas a medios de comunicación, con la intención de calmar a la opinión pública, no sirvieron para garantizar el derecho a la vivienda de sus residentes.
Dos meses después de dar un grito de alerta, el vecindario de Caixers 2, asegura que se ve con un desahucio inminente: “las autoridades no han hecho nada durante este tiempo para evitarlo, y algunos de los vecinos se ven inmersos en procedimientos judiciales para que no los echen de su casa y otros han recibido cartas amenazantes de los propietarios del inmueble”, han lamentado.
Blanca, residente en la finca, asegura que ha recibido “una carta que amenaza represalias si no abandono mi casa en un plazo de un mes”.
“Los propietarios dicen que tienen una licencia de obra por reformas estructurales necesarias, pero no aportan ningún justificante”, afirma.
“Es totalmente irregular que la empresa propietaria alegue reformas estructurales y no haya informado a todo el vecindario. Sólo se ha hecho de forma selectiva ”.
Finalmente añade que han “respondido negativamente a sus pretensiones” y piden que muestren “la documentación que justifique le sus pretensiones”.
Jesús, otro residente del edificio, explica las largas gestiones que ha tenido que hacer con la administración local con el fin de encontrar una solución habitacional. El resultado: “tenemos que esperar que corra la lista de espera en la que estamos apuntados”.
La plataforma Veïnat en Perill d’Extinció considera que los vecinos sufren un acoso inmobiliario inaceptable.
“La empresa Good Capital Investment SRL está utilizando métodos ilegales para intentar que los vecinos y las vecinas abandonemos las casas con amenazas y coacciones. La empresa usa al Ayuntamiento como excusa, al aludir a una licencia municipal que aún no está concedida y unas reformas estructurales que no son necesarias, si no se demuestran con los oportunos informes técnicos”, denuncian.
El vecindario de Caixers 2, ha acudido a diversas instancias municipales y autonómicas, pero ninguna de ellas ha puesto sobre la mesa una solución para que los y las vecinas no tengan que abandonar su casa o, en última instancia, su barrio.
La entidad critica que “la Administración no ofrece soluciones a sus vecinos, obligados a abandonar sus viviendas por culpa de la especulación urbanística. Es especialmente dolorosa la inacción del Ayuntamiento de Valencia y sus máximos responsables que, tras unas declaraciones para confundir a la opinión pública y sacudirse responsabilidades, no se han molestado en recibir a los y las vecinas, ni acudir a conocer de primera mano la situación de sus conciudadanos amenazados con quedarse en la calle, a escasos metros de la casa consistorial”.
Por ello, exigen que el Ayuntamiento se implique en la defensa de los residentes más allá de declaraciones públicas: “el Ayuntamiento tiene la obligación de intervenir para que no se produzca la flagrante vulneración de los derechos del vecindario. Se necesita una intervención decidida en la defensa de los vecinos y vecinas de Ciutat Vella porque la limitación de cambios de usos o medidas similares no son suficientes para evitar la expulsión del vecindario. Es necesaria una política activa a favor de la vivienda pública”.
La plataforma asegura que luchará “hasta el final para evitar el desahucio del vecindario de Caixers 2”, y emprenderán “los pasos legales necesarios para hacer frente al acoso inmobiliario”.