La Fiscalía investiga contratos por 100 millones en depuración de aguas
La Fiscalía Provincial de Valencia ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSPV-PSOE sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat (Epsar) realizadas utilizando indebidamente el procedimiento de emergencia (a dedo), y ha abierto diligencias de investigación penal, según un comunicado de los socialistas valencianos.
La denuncia firmada por la diputada socialista Carmen Martínez se dirige por el momento contra el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de saneamiento, Ignacio Bernácer, ambos ya imputados en el caso Emarsa. Se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La denuncia deja la puerta abierta a la ampliación a otros responsables del departamento como el exconseller Juan Cotino o la exsecretaria autonómica Mª Ángeles Ureña que también intervinieron en el procedimiento.
La acusación acompaña abundante información de los contratos (58 referencias) y los informes de fiscalización del Síndic de Comptes que advierten de la mala praxis. El PSPV considera que la Generalitat ha utilizado el mecanismo que la ley prevé para “catástrofes”, “grave peligro” o “necesidades que afectan a la defensa nacional” cuando se adolecía de causas para ello.
“Nos encontramos que las habituales, y por ello previsibles lluvias otoñales, son las que sirven de peregrina justificación para llevar a cabo la aprobación de contratación a cargo de fondos públicos eludiendo los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia y en consecuencia, eludiendo de forma grosera el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, señalan en la denuncia. “La vía excepcional ha sido empleada como el mecanismo habitual y constante para disponer de fondos públicos eludiendo los mecanismos de control de la contratación con la administración y las garantías y exigencias de ésta”, explican en el texto.
Además, se ha incurrido en irregularidades “en la ejecución de los contratos para obras o servicios de emergencia y su liquidación”. Entre estas irregularidades figuran los sobrecostes o el incumplimiento de los plazos previstos.
96 millones adjudicados a dedo
Los 58 contratos a los que alude Carmen Martínez en la denuncia suman 96 millones de euros, dice el PSPV.PSOE en su comunicado. En varios casos las cifras que ha pagado la Generalitat por adjudicaciones a dedo han superado el millón de euros, e incluso en una han rozado los 7 millones de euros. Se da la circunstancia de que empresas investigadas en el caso Emarsa y en el caso Gürtel han sido beneficiadas por este procedimiento.
Según la documentación a la que ha tenido acceso el PSPV-PSOE, el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, firmó seis expedientes entre 2009 y 2010 por un importe de 7,69 millones de euros, y la actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar otros tres por 10,67 millones de euros. Los expedientes anteriores están avalados por el exconseller fallecido José Ramón García Antón.
