La Generalitat Valenciana ignora varias veces a un juez que pide una solución para una familia en situación de emergencia

Un juez de primera instancia de València se ha visto obligado a urgir en un auto a la empresa pública de vivienda de la Generalitat Valenciana para que busque una solución habitacional a una familia en una delicada situación, con un anciano tetrapléjico, una mujer en situación de desempleo y una niña de 10 años. La familia arrastra una orden de desahucio por impago del alquiler de su vivienda en el distrito de Zaidía de València. “Ciertamente, nos causa extrañeza que en una situación como ésta (con una persona tetrapléjica, con un 79% de incapacidad y dependiente, y una menor), cuya situación se califica por los propios servicios sociales como de emergencia, no se haya proporcionado hasta el momento ninguna solución habitacional efectiva”, lamenta el titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de València.

A pesar de que el juez ha comunicado “en distintas ocasiones” a los servicios sociales y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) la inminencia del desahucio de la familia, con el fin de adoptar las medidas pertinentes, “no consta que hasta el momento” la empresa pública adscrita a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige la popular Susana Camarero “haya acordado alguna efectiva que vaya a permitir una solución habitacional en breve”, indica el auto. El pasado 17 de junio, ante el desahucio programado para este pasado jueves, el Juzgado dictó una providencia y libró un oficio dirigido a la entidad pública empresarial autonómica para que informara con urgencia del estado del procedimiento, así como si existía algún impedimento para adoptar las medidas solicitadas por los servicios sociales. El requerimiento no fue contestado.

La resolución, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, decreta de forma cautelarísima la paralización del desahucio de una familia especialmente vulnerable, derivado del impago continuado de las rentas de alquiler del piso. El lanzamiento ya había sido aplazado en dos ocasiones con anterioridad y estaba señalado nuevamente para este pasado jueves 20 de junio.

Una semana antes, el 13 de junio, el juzgado recibió un nuevo informe de vulnerabilidad relativo al núcleo familiar, compuesto por un hombre afectado de tetraplejia, una mujer en situación de desempleo y una menor a cargo, de 10 años de edad. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia confirman una reducción de los ingresos de la unidad familiar respecto a la situación reflejada en un informe anterior, de noviembre de 2022.

El juez ya incoó un incidente de suspensión del lanzamiento al amparo del Real Decreto Ley 11/2020, que estableció una moratoria de los desahucios de vivienda de familias vulnerables en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y que ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, en diciembre de 2023, el magistrado denegó la suspensión del lanzamiento porque no había sido posible “valorar con rigor la concurrencia de los requisitos legales” que exige el decreto, ya que los inquilinos no habían aportado la documentación requerida y el informe de los servicios sociales aludía a una falta de colaboración por su parte.

Desahucio aplazado

En cualquier caso, ante la grave situación de la unidad familiar afectada, el desahucio se aplazó en dos ocasiones más para posibilitar que la administración habilitara una alternativa habitacional (la asignación de una vivienda de alquiler), solicitada por el propio Ayuntamiento de València por vía de urgencia a la EVHA.

Finalmente, tras recibir el nuevo informe de vulnerabilidad, el Juzgado de Primera Instancia 22 de València ha suspendido de forma cautelarísima el lanzamiento previsto para el pasado jueves y ha abierto un nuevo incidente de suspensión extraordinaria al amparo del Real Decreto Ley 1/2020.

El magistrado fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual es exigible a los jueces y tribunales una motivación reforzada y una ponderación minuciosa de los derechos fundamentales en juego, frente a normas procesales que pueden imponerse con un formalismo rigorista, en aquellos supuestos vinculados a la protección de los menores y las personas con discapacidad.

El auto reitera el requerimiento del magistrado al EVHA, al tiempo que emplaza a los inquilinos demandados a que, en el plazo de 10 días, aporten la documentación necesaria que permita resolver si concurren los requisitos para suspender el lanzamiento al amparo del decreto 11/2020.