El Gobierno de Mazón elimina el mínimo del 85% de plazas concertadas en nuevas residencias y favorece al sector privado

Mejores condiciones para el sector privado de las residencias de personas mayores. Así queda reflejado en las modificaciones normativas que incluye el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera; y de Organización de la Generalitat de 2025 (la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos) que aprobarán el PP y Vox.

En concreto, se cambia el apartado 4 del artículo 87 de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana para eliminar la obligación de las residencias y centros privados a reservar el 85% de sus plazas como plazas públicas concertadas.

Según denunció este lunes UGT, este retoque normativo implica que las residencias privadas concertadas puedan reducir el número de habitaciones individuales y sustituirlas por habitaciones dobles, reducir las ratios de plantilla de atención directa y sortear la organización de la atención en grupos convivenciales reducidos: “Cabe recordar, que las plazas privadas no tienen obligación legal de cumplir con los estándares de calidad fijados en la normativa autonómica para las plazas públicas, ni tampoco los estándares mínimos establecidos a nivel estatal mediante el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.

Por otra parte, el sindicato denunció también que la ley de acompañamiento modifica la normativa que regula las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia y a la Renta Valenciana de Inclusión de forma que dejarán de regirse por la figura de los créditos ampliables. Esta modalidad se incluyó en el año 2017 por el Gobierno del Botánico e implicaba que de agotarse la línea presupuestaria aprobada para cubrir estas prestaciones, existía una obligación legal de aumentarla hasta llegar a todos los beneficiarios.

Sin embargo, según UGT, con las modificaciones legales propuestas por el PP y que contarán con el apoyo de Vox, quedará al criterio del ejecutivo que gobierne la ampliación del crédito. De no hacerlo, los solicitantes de las ayudas quedarían en lista de espera hasta la entrada del nuevo ejercicio. Aunque para este año 2025 sí que habrá cobertura al haberse determinado así en los presupuestos autonómicos, la ampliación de los créditos dejará de estar garantizada de forma vinculante y se deberá incluir cada año en las cuentas, si así lo establece el Consell.

Esta era la situación en 2015 cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno del Botánico de Compromís, Mónica Oltra, se hizo cargo de los servicios sociales y se encontró un “tapón” de 46.000 solicitudes pendientes en materia de dependencia. Para evitar que esto se repitiera, propuso el blindaje de las ayudas mediante la introducción del crédito ampliable en la regulación autonómica de las prestaciones. Un blindaje que ahora tumbarán el PP y Vox si no hay cambios de última hora.

Por último, desde UGT denunciaron los fondos destinados en los presupuestos de 2025 son claramente insuficientes para garantizar las prestaciones de dependencia a la ciudadanía. Según informaron, el gasto final ejecutado por la Comunitat Valenciana para 2024 en atención a la dependencia fue de 658 millones de euros. Sin embargo, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 contempla 637 millones para atención primaria y dependencia, un 18,6% más que en los presupuestos iniciales de 2024, que obviamente necesitaron ser ampliados. Atendiendo a la progresión de nuevas solicitudes, y al gasto total finalmente ejecutado en 2024, el incremento proyectado para 2025 difícilmente cubrirá la progresión natural de financiación necesaria para garantizar el sistema de prestaciones.

Respuesta de la Conselleria de Servicios Sociales

Desde la Conselleria de Servicios Sociales que dirige la vicepresidenta Susana Camarero argumentaron sobre la eliminación de la garantía del 85% de las plazas concertadas de residencias privadas que “la fórmula del Botánico derivó en que hasta once centros (cinco residencias y seis centros de día) decidieron no presentarse (a las licitaciones) y otro que se presentó, renunció posteriormente. Esto implica que la obligatoriedad de reservar el 85% a plazas públicas resultó en cero plazas en algunas zonas”. A partir de ahora, “cada concierto está abierto a establecer un porcentaje específico de plazas públicas”.

En cuanto a las críticas de UGT en lo relativo a los servicios sociales recordaron que los presupuestos contemplan “una inversión histórica y destinan cerca de la mitad del presupuesto global de la Conselleria, 1.431 millones de los 3.000 millones totales, para dependencia, mayores, discapacidad, infancia, inclusión y cooperación”. De hecho, lo que no tiene precedentes, aseguraron, “es el dinero reservado para dependencia, que contempla 634,8 millones de euros en el presupuesto 2025, la suma más alta de la historia de la Comunitat, tras aumentar en más de 22% el presupuesto del ejercicio anterior”.

Sobre la eliminación de los criterios de créditos ampliables de la normativa que regula las prestaciones de la Ley de Dependencia y la Renta Valenciana de Inclusión aseguraron que “la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece en su artículo 48, que tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a atender obligaciones específicas del ejercicio que, de modo taxativo, se relacionen en ley anual de presupuestos de la Generalitat. La cuantía de dichos créditos podrá ser incrementada hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones”, por lo que consideran que “la garantía de ampliación del crédito ya está regulada en la Ley de Hacienda y este Gobierno ha demostrado no solo que blinda, sino que aumenta el presupuesto destinado a Dependencia”. Desde Hacienda añadieron que lo que hizo el Botánico es una “anomalía jurídica que había que corregir” puesto que son los presupuestos los que marcan los créditos ampliables: “Si los presupuestos no lo establecen, por mucho que la regulación lo incluya, no será aplicable, por lo tanto, es la ley de Hacienda Pública y la de Presupuestos la que prevalece y la que debe aprobar los créditos ampliables cada año”.

Desde el departamento de Camarero aprovecharon para reclamar al Gobierno central la financiación el 50% de las ayudas a la dependencia, tal y como establece la Ley, puesto que actualmente solo llega 20,45%, dos puntos menos que en 2023: “El Gobierno central nos debe la pasmosa cifra de 3.000 millones de euros”, recordaron.

Críticas del PSPV

La coportavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, aseguró que la ley de acompañamiento a los presupuestos de Mazón para el año 2025 supone “un ataque gravísimo y sin precedentes a los servicios sociales valencianos” ya que “se elimina la condición de créditos ampliables” que hasta ahora tenían las prestaciones reguladas por la ley de Servicios Sociales Inclusivos y la ley de la Renta Valenciana de Inclusión . Gómez ha explicado que los créditos ampliables “garantizaban por la ley general que todos los valencianos y las personas más vulnerables no se pudiesen quedar jamás sin una ayuda y pudieran tener cubiertas sus necesidades más básicas”. 

En ese sentido, Silvia Gómez criticó que esta modificación a través de la mencionada Ley de Acompañamiento “supone un ataque a las personas más vulnerables”, ya que, “se ha fulminado el blindaje legal que estaba asegurado en las respectivas leyes reguladoras de estas prestaciones”, de forma que en un futuro se podrían encontrar “con que se queden sin la prestación de la Renta Valenciana o de la Dependencia porque la partida presupuestaria se queda sin dinero”: “PP y Vox quieren volver a su modelo de política social que tanto les gusta, el modelo de la caridad, y tirar por tierra todos los avances conseguidos con el Gobierno de Ximo Puig”.