El Gobierno de Mazón reclama 63.300 euros al barco humanitario 'Aita Mari' por una tasa portuaria de cuyo pago están exentos

El pasado viernes, la ONG Salvamento Humanitario denunciaba que la Generalitat Valenciana reclamaba al barco 'Aita Mari', que utiliza como base para sus rescates en el Mediterráneo el puerto castellonense de Borriana, 63.300 euros en concepto de tasas portuarias por la modificación del reglamento que suprime la exención de tasas que “existía hasta ahora” en la Ley 2/2014 de Puertos. Esta liquidación corresponde a los últimos cuatro años, ya que se aplicaría la eliminación con efecto retroactivo.

El Consell, por su parte, expresó su “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias, y aseguró que “siempre” se les garantizaría el amarre en los puertos valencianos “sin ningún tipo de veto”, aunque sí “cumpliendo la normativa en vigor”. Según explicaban, la decisión del Botànic de no cobrar estas tasas a determinadas entidades “se hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna”, por lo que se trataba de una decisión “sin amparo legal” en la que “se limitaban a dejar caducar los expedientes”.

Exención en vigor

En el artículo 22 de la ley de acompañamiento de 2016, el Botànic -entonces formaban parte del Gobierno de Ximo Puig el PSPV y Compromís- modificó el artículo 4.4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat Valenciana de tarifas portuarias. Esta modificación, en Vigor desde entonces porque no ha sido rectificada por el Consell de Carlos Mazón ni en la ley de acompañamiento de 2023 ni en el decreto ómnibus del pasado 9 de julio, explica que quedan exentos de pago de las tarifas portuarias: “el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tiene encomendadas la institución , y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario, previa comunicación a la Administración portuaria”, además de “los barcos de guerra y aeronaves militares españolas […]” y “el material de la autoridad portuaria y las embarcaciones de la Administración […]”. También otorga potestad al conseller de turno para establecer “exenciones o bonificaciones en las tarifas para actividades sin ánimo de lucro, de relevante interés humanitario o social”.

En 2015, con el Partido Popular de Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG pide la exención de la tasa y la Conselleria solicita un informe a la abogacía de la Generalitat, que apunta que se puede hacer una resolución eximiendo del pago, aunque recomienda una modificación de la ley de 1999. Sin embargo, este cambio legislativo no se produce hasta 2016, ya con el Botànic en la Generalitat, debido a las peticiones realizadas por las ONGs que desarrollan labores humanitarias de salvamento en el Mediterráneo, una normativa que no ha sido derogada. El informe de la Abogacía explicaba que se debe regular por ley “El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales”, que es lo que se hizo con la modificación del texto normativo de 1999.

Lo único que aparece en el decreto-ley de simplificación administrativa, el conocido como decreto ómnibus del 9 de julio pasado, es una actualización de las tasas por medio de una modificación del artículo 48 de la ley de 1999 que únicamente afecta a la base impositiva de las tasas y que no hace referencia alguna a la derogación de la exención, que por tanto sigue en vigor.

El Consell dice que la ley se refiere a “pequeñas estancias”

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, consultada por elDiario.es, asegura que mantiene una “estrecha relación” con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a “cumplir la ley y la normativa en vigor”. En este sentido, destacan que “siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat”. “De hecho -insisten-, se ha priorizado su petición sin ningún tipo de veto”.

Así, el Gobierno de Mazón sostiene que el Botànic “decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades”, y añade: “Lo hizo con una una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes, lo que generaba un problema de seguridad jurídica al cuerpo funcionarial”. ⁠Lo que se ha hecho ahora, defienden, es “regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma ley. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa en este sentido, que simplemente se limitó a actualizar las tasas de luz y agua a abonar”.

Según explican, las necesidades de funcionamiento a las que se refiere la modificación del artículo 4 de la ley 1/1999 se refieren a “breves estancias para realizar tareas de, por ejemplo, aprovisionamiento; por tanto, no se establece que estén en vigor exenciones de forma generalizada para este tipo de embarcaciones”. “Ha sido habitual durante los últimos años que el recalado se extendiese durante periodos que superaban los dos meses en los que la entidad no tenía actividad”, matizan. Por ello, consideran que no se trataba de “meras necesidades de funcionamiento”, sino que se trataba de “establecer como base permanente” los puertos de Vinaròs y Borriana.

La Generalitat reitera que existe una “voluntad de diálogo permanente” con las embarcaciones humanitarias y que “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”. “Se pueden recurrir las tasas que se han cobrado si se considera que eran estancias contempladas y comunicadas y se analizará la situación caso a caso”, insisten.

“Criminalizar” la labor humanitaria de las ONGs

La diputada socialista María José Salvador censura que el Gobierno de Carlos Mazón “se salta la ley, y prefiere criminalizar la labor humanitaria que realizar las ONG, los barcos de rescate que salvan vidas en el Mediterráneo”, e insiste en que el president y el Partido Popular “han asumido el marco ideológico de Vox sin ningún pudor; sin ir más lejos, reclamando el pago de tasas portuarias a un barco de rescate, cuando la Ley los declara exentos desde el 1 de enero de 2017, ya que el Consell de Ximo Puig aplicó esta exención en la Ley de Acompañamiento de 2016”. 

Por último, Salvador lamenta que Mazón “no necesita a Vox para asumir el marco de la extrema derecha, y este es un ejemplo. Pedimos que rectifique y aplique la ley vigente, lo contrario se podría acercar a la arbitrariedad y a la prevaricación”.