El próximo 31 de marzo de 2018 finaliza la primera concesión sanitaria que el Gobierno valenciano en la etapa del PP entregó a la empresa Ribera Salud y que acabará con la recuperación para la gestión pública del departamento sanitario de Alzira (València), que atiende a unas 200.000 personas. Las últimas inspecciones para acelerar el proceso de liquidaciones entre la empresa privada y la administración autonómica han revelado el falseo de los datos que presenta la empresa y que le permiten incrementar los ingresos de dinero público.
El último presunto falseo de datos lo revela un informe de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat que concluye que Ribera Salud ha presentado como ingresos de pacientes en las urgencias hospitalarias muchas de las atendidas en los centros de salud, mucho más económicas para la concesionaria. En total, los funcionario entienden que la empresa que dirige Alberto de Rosa habría ingresado 2, 6 millones de euros de más en el año 2016 sólo en el departamento de Alzira. Ribera Salud gestiona también Elx, Torrevieja, Manises y Dénia, casi un millón de pacientes valencianos.
Los inspectores han detectado esta práctica de hinchar facturas gracias al cruce de datos y ya habían alertado a principios de 2017 que esta manera de actuar se había realizado en los años de gestión del PP, aunque nunca fue denunciado ni tampoco reclamado el dinero que se habría cobrado de más. Los funcionarios concluyen que los datos que ofrece la concesionaria no son fiables y deben rechazarse “de plano”, un disparo en la línea de flotación de Ribera Salud que defiende su modelo como transparente y eficiente.
El informe, que adelantó Levante-EMV, desvela que el centro de salud de Cullera, un municipio eminentemente turístico y al que acuden numerosas personas ajenas al departamento sanitario, realizó 7.903 atenciones que posteriormente Ribera Salud contabilizó como hechas y atendidas en el hospital de Alzira. Esos pacientes nunca habrían acudido a este centro de referencia. En Sueca, también un municipio de costa y turístico, el desfase de atenciones es de 2.371.
Además, directamente, los inspectores han detectado nueve asistencias de urgencias que “no han existido” y par las que la concesionaria se habría embolsado 1.705 euros. Los inspectores también critican la manera de contabilizar las asistencias porque impiden la transparencia. De hecho, el 51 % de los registros de asistencia urgente el alta se define con el epígrafe “otros”, lo que debería ser “residual”.