La inspección de Trabajo realizada en el Hospital de Dénia solicitada por el Comité de Empresa tras conocerse que Ribera Salud se había hecho con el 100% de las acciones de la concesionaria del departamento sanitario de la comarca, Marina Salud, ha concluido que incurrió en una transgresión grave de los derechos de los trabajadores al no dar audiencia ni informar a los representantes de la plantilla.
Un escueto comunicado de Gerencia dirigido a los trabajadores en un correo electrónico el día 24 de agosto a las 22:08 horas de la noche fue toda la información que recibieron los delegados sindicales del Comité de Empresa sobre la operación de venta de acciones.
Dos días después, el Comité de Empresa registraba un escrito dirigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a las consejerías de Sanidad y Transparencia reclamando que se paralizara e impidiera la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud. Y una semana después de conocerse la compraventa, el Comité presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo en Alicante.
La Inspección señala en su informe que Marina Salud “ha transgredido los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales”, y que ese incumplimiento “está tipificado como infracción grave en materia laboral en el artículo 7.7 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, por lo cual emite la correspondiente acta de infracción.
La multa no superaría los 7.500 euros
La resolución de la Inspección laboral carga de razones a los sindicatos que denunciaron la falta de información y pone aún más la pelota en el tejado de la Consejería de Sanidad, que sigue sin mover ficha ante la compraventa accionarial que se conoció el pasado verano.
Las consecuencias económicas, en cambio, son más bien limitadas. La infracción grave del artículo 7.7 de la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la conocida como Lisos, prevé multas de entre 751 y 7.500 euros, según la última actualización del pasado octubre.
Por otra parte el Comité de Empresa de Marina Salud asegura que desde la reunión que mantuvo en septiembre de 2021 con la consellera Ana Barceló “sabemos que el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana sobre la operación de venta de acciones señala que se necesita la autorización expresa y previa de la Administración, y que además la operación vulnera el preámbulo sexto de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana 10/2014 de 29 de diciembre modificada por la Ley 8/2018 de 20 de abril”.
Finalmente, el Comité de Empresa insta “a los representantes públicos para que ante esta acumulación de pruebas que demuestran la ilegalidad de la operación de compra y venta accionarial de Marina Salud SA, así como los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones de la concesión en materia laboral y social, insten a la consellera Ana Barceló a que inicie sin mayor dilación el proceso de reversión a lo público del Departamento de Salud de Dénia, sin necesidad de tener que esperar a que finalice la concesión en enero de 2024”.