La Intervención de la Generalitat tumba otra causa de corrupción del PP: salva a Rafael Blasco de la trama de los historiales médicos
Un informe de la Intervención de la Generalitat ha salvado a Rafael Blasco de un nuevo juicio por corrupción. Exactamente igual que pasó con Francisco Camps en el caso de los sobrecostes del circuito de la Fórmula 1. Salvados por los informes clave la Intervención de la Generalitat que presta auxilio judicial a los juzgados que investigan las complejas causas por corrupción.
En el caso de los sobrecostes en la construcción de colegios públicos de la empresa pública CIEGSA, Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financiero de la Generalitat, desmintió en la Comisión de investigación de Les Corts las cifras aportadas por PSPV, Compromís y Podem. En otras causas, como el caso del Palau de Les Arts, un informe de los interventores públicos sirvió para apuntalar la acusación contra la intendente recientemente fallecida Helga Schmitd, aunque en esta causa no había políticos implicados.
El último caso tumbado ha sido el que investigaba la etapa de Rafael Blasco, corrupto confeso, al frente de la Conselleria de Sanidad, justo antes de las elecciones autonómicas del 2007. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, investigó durante cuatro años el caso de las adjudicaciones millonarias del sistema Abucasis a una empresa limpia que antes de obtener los contratos ya había firmado la subcontratación con el empresario Augusto César Tauroni, considerado un histórico testaferro del siete veces conseller y condenado en el caso del saqueo de la cooperación valenciana.
En el caso Abucasis, a parte de Blasco, estaban investigados algunos personajes destacados del caso Cooperación: el empresario Tauroni, la secretaria general administrativa de la Conselleria de Sanidad, Agustina Sanjuan o el jefe de informática, Marc Llinares.
Gran cantidad de testigos —empresarios, altos cargos de la Conselleria y personajes habituales de las presuntas tramas del exconseller Blasco— declararon ante la Fiscalía Anticorrupción. A pesar del tiempo transcurrido desde la etapa de Blasco en Sanidad, el Juzgado realizó una exhaustiva investigación de los contratos millonarios, buscó pruebas y requirió varios informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.
Pero fue “la valoración realizada por el Interventor de la Generalidad designado en funciones de auxilio judicial” la que determinó la “insuficiencia de elementos de prueba” contra Blasco, Tauroni y el resto de investigados, según indica el fiscal Anticorrupción en un informe entregado al juez. El titular del Juzgado de Instrucción número 6, en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, decreta con el informe de Anticorrupción en la mano el sobreseimiento provisional de la causa.
“Resulta relevante tener en cuenta la posibilidad de explicaciones alternativas a la actuación presuntamente irregular, puesta de manifiesto por el Interventor”, indica el fiscal quien “a la vista de las conclusiones del informe definitivo del Interventor (...) admite la existencia de la posibilidad de explicaciones alternativas” a los presuntos delitos que investigaba la causa. Anticorrupción, que impulsó la querella hace cuatro años, ha acabado dando carpetazo al caso.
A la espera de la sentencia por las piezas dos y tres del saqueo de la cooperación —el expolítico del PP alcanzó un controvertido pacto con Anticorrupción al que se opuso la Abogacía de la Generalitat— a Blasco aún le queda otra causa, centrada en los tejemanejes de su sobrino Sergio Blasco como gerente del Hospital Provincial de Valencia, que le salpica por su etapa como conseller de Sanidad. El caso Osvaldos, por el que Sergio Blasco fue detenido, nació como una pieza separada del caso Abucasis, tras la querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción. El Juzgado de Instrucción número seis de Valencia se ha encargado de ambas piezas.
El juez, que mantiene imputados a dos sobrinos del exconseller y a otro miembro de la familia, investiga las adjudicaciones del Hospital General -aproximadamente 30 millones de euros- a un grupo de empresas del sector de la sanidad de las que eran proveedoras mercantiles de la familia Blasco, según la denuncia de Esquerra Unida que dio origen a ambos casos. Dos meses antes de abandonar la Conselleria de Sanitat, Rafael Blasco firmó el contrato más importante que obtuvo del Hospital General la red de empresas investigadas.
De momento, la instrucción del caso Osvaldos permanece varada y prácticamente no ha avanzado.
