Los investigadores del caso Azud, en el que se analiza una supuesta trama de sobornos a políticos a cambio de favores urbanísticos, creen que al ex concejal socialista y exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio se le pudo pagar tanto por mantener un perfil bajo o no airear supuestas corruptelas como por favorecerlas directamente a través de sus vínculos con el área de Urbanismo.
Las fuentes del caso consultadas por EFE creen que Rubio pudo directamente propiciar encuentros, dar instrucciones o tomar decisiones en los órganos de las Administraciones en las que estuvo integrado, como la firma pública Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), dependiente del Ayuntamiento de València, o el área completa de Urbanismo municipal, de la que llegó a ser coordinador.
Rafael Rubio y su antiguo adversario político, el que fuese “número dos” de Rita Barberá, Alfonso Grau (PP), fueron detenidos el pasado jueves en el marco del conocido como caso Azud como supuestos integrantes de la misma trama de sobornos y favores urbanísticos.
Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de que el papel de Rubio tuviese que ver con el “dejar hacer” más que con una posible implicación directa, los investigadores, de acuerdo con la documentación incautada, se inclinan más por que el ex dirigente socialista pudo haber tenido un papel activo en la trama.
Estos indicios estarían sustentados en varios correos electrónicos y el dietario del empresario Jaime Febrer, también encarcelado.
La implicación de la mujer de Rubio, que es funcionaria del Ayuntamiento de València y también está investigada en la misma causa, guardaría relación más con la ocultación de fondos o patrimonio procedente de actividades ilícitas que con su intervención en las mismas.
Las fuentes consultadas por EFE consideran que el secreto del sumario se podría levantar en breve y que las medidas de prisión preventiva acordadas para Grau, Rubio y tres empresarios “no se van a eternizar”, de modo que no se prevé que duren mucho más allá de lo necesario para evitar la destrucción de pruebas.
Consideran, asimismo, que la investigación está acotada y que, aunque todavía quedan pendientes registros, no se esperan nuevas sorpresas.
El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, cuando en el Ayuntamiento de València gobernaba con mayoría absoluta el PP de Rita Barberá con Alfonso Grau de vicealcalde.