El juez del 'caso Taula' embarga la empresa familiar de Caturla y crea una pieza separada para investigar el ocultamiento de su patrimonio

De la pieza separada G del caso Taula, que investiga el presunto saqueo de la empresa pública que construía los colegios valencianos, nace una nueva pieza para investigar el intento de Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación del Gobierno del Partido Popular, de ocultar su patrimonio antes de ser detenido. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, en un auto al que ha tenido acceso este diario, ha acordado la prohibición de disponer de los bienes de titularidad de la sociedad familiar Estilo Kiki SL y de todas las participaciones sociales de la mercantil. El magistrado ha impuesto fianzas a los hijos del expolítico del PP (40.863 euros para Máximo Caturla Ordiñaga y 73.173 euros para sus hermanos Pedro y Silvia).

El juez considera que los hechos presentan indiciariamente carácter delictivo, “pudiendo ser constitutivos de delito de frustración en la ejecución de los artículos 257 y siguientes del Código Penal”, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. La actuación de Caturla parece orientada, según el magistrado, a “desviar de su patrimonio bienes, titularidades y dinero a favor de una tercera entidad, Estilo Kiki SL, cuyo entramado personal es íntegramente familiar”.

El expolítico del PP es uno de los principales investigados en la pieza G del sumario del caso Taula que investiga el saqueo de la empresa pública Ciegsa. Caturla, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sabía que estaba siendo investigado (antes de su detención del 16 de enero del 2016) y se deshizo de gran parte de sus bienes para para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”, según los investigadores.

El pormenorizado análisis de la UCO sobre su “despatrimonialización” revela que Caturla vendió una vivienda en Dénia, una nave industrial y seis de sus 18 vehículos. Su Jaguar de coleccionista lo vendió por apenas 10.900 euros. Además, seis meses antes de ser detenido, el expolítico del PP abonó 48.400 euros al despacho P&A-World Wide Abogados y Economistas, cuyo letrado Emilio Gordillo ha representado a Caturla en el caso Taula.

Se trata de un delito conexo a los delitos por los que se le investiga en la causa principal y en otras piezas abiertas pero el juez abre una nueva pieza separada, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, “porque las diligencias a practicar son específicas y no tienen por qué afectar al resultado de otras piezas”. El exsecretario autonómico de Educación cambió también de número de teléfono móvil, lo que “la práctica policial evidencia como una de las acciones desarrolladas habitualmente por aquellas personas que se consideran objetivos de una intervención de sus comunicaciones”, según apunta la UCO.