El juez del 'caso Taula' procesa al amigo de Francisco Camps que enchufó al 'yonqui del dinero' en una fundación pública

Novedades en la pieza separada E del 'caso Taula'. El juez instructor ha sumado a Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II El Just, a la lista de procesados por supuestamente enchufar a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la entidad pública. Se trata de un veterano amigo de Francisco Camps desde que empezaron a militar en las juventudes del PP y exmarido de la edil popular en el Ayuntamiento de València María José Alcón (investigada en el 'caso Taula' hasta su fallecimiento en 2018).

Burgos es un histórico del PP valenciano con un currículum con más sombras que luces. Tras la llegada al poder de Camps, en 2003, fue nombrado secretario autonómico de Administración Pública. Después de su etapa al frente de la fundación, en la que dejó en herencia un agujero de más de nueve millones de euros, fue nombrado liquidador de Canal 9, la televisión pública cerrada por el Gobierno del popular Alberto Fabra, quien también lo colocó de jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu.

Tuvo que renunciar al puesto en 2014 para ingresar en la prisión de Picassent para cumplir una pena por el impago de una multa por conducir sin carnet, una de las muchas que acumuló por delitos vinculados a la conducción. Lejos de distanciarse de su amigo, Burgos se dejó ver en un acto protagonizado por Camps una semana antes del inicio del juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción.

Vicente Burgos se libró, durante un tiempo, de su procesamiento en el 'caso Taula', tras haber estado investigado desde su detención en 2016. Sin embargo, en un auto del pasado 18 de diciembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, incluyó de nuevo a Burgos como procesado en la pieza separada E, relativa a los contratos de la Concejalía de Cultura (cuando estaba en manos de María José Alcón).

En 2021, el instructor dictó el sobreseimiento provisional respecto a Vicente Burgos, una decisión recurrida por el fiscal anticorrupción. La Audiencia Provincial de València estimó el recurso de Anticorrupción, en un auto del pasado 5 de junio, obligando así al juez a incluir en el procedimiento el papel de Burgos en la contratación del 'yonqui del dinero', que podría constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El instructor cifra en 164.676,08 euros la cantidad cobrada por Marcos Benavent de la entidad pública, sin que su contratación “obedeciera a la prestación de servicios laborales de ningún tipo” para la fundación. De hecho, según apunta el auto, Benavent ni siquiera contaba con un “puesto de trabajo físico” en la fundación sino que desempeñaba “funciones propias de asesor en la Conselleria de Cultura” del Gobierno de Francisco Camps.

Benavent facturó 1,8 millones a la fundación pública

El 'yonqui del dinero' fue una suerte de trabajador 'zombi' de la entidad pública entre 2003 y 2007, año en que solicitó la excedencia forzosa para incorporarse a la gerencia de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València erigida en epicentro de la presunta trama del 'caso Taula'.

La primera sentencia que condenó a Benavent a casi ocho años de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad en documento público, en el marco de la pieza separada J, hace referencia a la etapa del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just, una entidad pública a la que facturó 1,8 millones de euros en apenas tres años a través de un entramado de empresas pantalla, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En 2016, en los inicios de la macrocausa, Vicente Burgos declaró ante el juez que Benavent era un 'zombi' que cobraba el salario público de la fundación a pesar de que ni siquiera tenía una mesa de trabajo asignada ni aparecía por la sede de Simat de la Valldigna. También negó haber cobrado comisiones y responsabilizó al entonces conseller de Cultura y actual vicesecretario del PP, Esteban González Pons, de haber colocado a Benavent. Burgos mantuvo la misma tesis durante su comparecencia en una comisión de investigación en las Corts Valencianes.

Por su parte, el 'yonqui del dinero' señaló a Burgos, durante su fase inicial de colaboración con la UCO y Anticorrupción, como una suerte de 'seleccionador' de empresarios para los presuntos trapicheos de la trama, en relación a los contratos públicos que adjudicaba su entonces esposa, la edil María José Alcón.

El juez instructor sostiene que en la 'subtrama' de la pieza E del 'caso taula' se movieron supuestas comisiones del 2% por parte de constructoras leales “al partido [Popular]”.